La Conferencia Episcopal y el Prior Franquista

El catolicismo franquista no se va a andar con juegos y poco le importa el reformismo de Jorge Mario Bergoglio. Aprovechando la tibieza de la recomendación hecha a Santiago Cantera, la Conferencia Episcopal cierra filas con el prior franquista.

Aquí lo que nos reportan desde El Diario:

La Iglesia española se desmarca del Vaticano y vuelve a avalar al prior en la exhumación de Franco

El portavoz de los obispos españoles ha validado en la COPE que antes de abrir la puerta de la basílica haya un acuerdo entre el Gobierno y la familia Franco o dé su visto bueno el Tribunal Supremo

Raquel Ejerique / Jesús Bastante

El Vaticano ha dejado claro en una carta al gobierno de España que la Iglesia debe obedecer a las "autoridades civiles" en la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Este respaldo al Ejecutivo llega después de que el prior del Valle, cuya postura defienden los obispos españoles, se oponga a abrir la basílica pese al acuerdo del Consejo de Ministros. Pretende no dejar pasar a los técnicos a menos que los Franco estén de acuerdo o que el Tribunal Supremo de vía libre a la exhumación (los nietos han anunciado que pedirán medidas cautelares, en cuyo caso la justicia decidirá si paraliza o no los trabajos, aunque aún no han puesto ese recurso).

Este mismo jueves, un día después de conocerse la carta enviada por el secretario de Estado vaticano a la vicepresidenta Carmen Calvo, ha hablado en la COPE, la radio propiedad de la Iglesia española, el portavoz de la Conferencia Episcopal.

Preguntado por el asunto, Luis Argüello no ha dado explícitamente su opinión pero sí ha recordado como válidos los argumentos del prior del Valle y ha dado una interpretación a la carta de Parolin: "El secretario de Estado reitera que la Iglesia, si se cumple el ordenamiento jurídico, no se opone a la exhumación". La carta no dice exactamente eso, ya que no pone condicionantes ni condicionales, simplemente ordena que la Iglesia debe "observar plenamente el ordenamiento y respetar a las Autoridades civiles" y que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone".

El portavoz de la Conferencia ha seguido avalando implícitamente la postura "del obispo de Madrid y el prior", haciéndola pública de nuevo y sin rechazarla: "Dicen que cuando el acuerdo entre la familia y el Gobierno se produzca o, si no hay acuerdo, dirimen las autoridades judiciales, pues la iglesia no se opone". La carta de Parolin nada dice de esperar decisiones judiciales ni de acuerdos familiares. Solo de obedecer.

Es decir, la diferencia de matiz es que, según Argüello, esa autoridad última a la que hay que obedecer sería la justicia, a quien quieren esperar. El Vaticano no distingue que haya que esperar a la instancia judicial y daría por suficiente una decisión de las "autoridades civiles".

En el acuerdo del pasado viernes de Consejo de Ministros se recoge que, aunque se oponga el prior a la exhumación como ya ha hecho alegando que los templos son inviolables, el Gobierno contará con una "habilitación" para entrar, al entender que se deben cumplir las leyes y resoluciones legales también dentro de las iglesias y que no se interfiere el culto.

Quien parece decidido a tirarse al monte es el prior del Valle de los Caídos, el excandidato falangista Santiago Cantera. Tras conocer el contenido de la carta de Parolin a Carmen Calvo, el responsable de la abadía denunció que el escrito de la Santa Sede "es una interpretación parcial y muy particular del Gobierno y en la que se cita solo una parte del texto".

Pero lo más grave viene cuando el prior asegura que la única autoridad civil que reconocerá no es la del Consejo de Ministros, como se recuerda explícitamente en la carta del Secretario de Estado, sino la judicial. "La comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil que en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial", apunta Cantera, en declaraciones a Europa Press.

En opinión del prior, no es el Ejecutivo, sino "el poder judicial quien decide y sentencia, cabiendo la posibilidad incluso de agotar toda la vía de recursos judiciales posibles". "Esto es lo propio de un Estado de Derecho", ha zanjado.

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