Los "Huesos" de Esther Muñoz

Algunos españoles han actuado sorprendidos por las palabras de la pepera vascófoba Esther Muñoz, otros, ofendidos.

Cuarenta años de una dictadura disfrazada de democracia que al día de hoy se pitorrea de lo sucedido y hay quienes todavía tienen el candor suficiente para sorprenderse y hasta ofenderse.

Cuarenta años adoptando el lenguaje de los que mutaron por obra y magia del Espíritu Socialdemócrata Europeo y que una noche se acostaron franquistas y a la mañana despertaron demócratas.

Cuarenta años de hacer apología del genocidio, del autoritarismo, de la corrupción y del terrorismo de estado.

Cuarenta años haciendo reverencias a los vencedores y mofándose de los vencidos.

Cuarenta años de Inmaculada Transición, de no abrir heridas y de no enfrentar a los españoles con cosillas del pasado.

Cuarenta años lavando el rostro al fascismo.

Y vienen a actuar sorprendidos y ofendidos.

Pues bien, aquí un exhaustivo informe por conducto de Público, para que se vayan enterando o que son idiotas o que son cómplices:

Los huesos que defendieron la democracia

En las fosas comunes y cunetas del país, están los restos de los hombres y mujeres que defendieron la primera experiencia democrática del Estado español. Expertos piden a los políticos que dejen los derechos de las víctimas de la dictadura fuera del juego partidista. "España tiene la obligación de exhumar a las víctimas de los crímenes franquistas", exigen. 

Alejandro Torrús

Los huesos de Josep Navarro Anchel están enterrados en una fosa común del cementerio de Paterna. Fue asesinado por su militancia en UGT y en el Partido Comunista durante la II República frente a un paredón militar, de nombre España. Sus restos cayeron en la fosa 126. En ese mismo cementerio están los huesos de otros de 2.238 republicanos asesinados por el franquismo entre 1939 y 1956. Su nieta, María Navarro, continúa luchando por su exhumación y por darle un entierro digno.

A lo largo y ancho de la provincia de Málaga están repartidos los huesos de 5.000 republicanos en 99 fosas comunes. Hace ahora 82 años, las tropas franquistas entraron a sangre y fuego en la ciudad. Más de 100.000 salieron por la carretera de Málaga-Almería huyendo de una muerte casi segura. Las bombas caían por todas partes. Por el aire, de la aviación italiana; por el mar, de los buques franquistas, mientras que por tierra llegaban las tropas italianas y el sangriento ejército de Queipo de Llano.

Natalia Montasaroa recordaba en 2014 para Público cómo aquel camino se quedó con los huesos de centenares de ciudadanos y ciudadanas cuyo único delito es haber creído y apoyada a la II República, la primera experiencia democrática de España. Natalia tenía 13 años  y nunca pudo olvidar lo que allí vio. Una mujer y su hijo en brazos estaban muertos en una cuneta. Parecía que habían muerto mientras amamantaba al pequeño. Milicianos ahorcados en los árboles. Niños, ancianas, familias enteras yacían muertos. De hambre, de metralla, de fuego. Otros, directamente se habían suicidado.

Natalia y su familia decidieron dar media vuelta y regresar a Málaga. Sobrevivió y tuvo suerte. Durante las siguientes siete semanas a la toma de la ciudad fueron juzgadas 3.041 personas y 1.574 fueron ejecutadas. El último presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, estuvo entre los jueces militares responsables de la matanza. Sus huesos siguen por ahí. Tirados.

En la provincia de Valladolid apenas hubo Guerra. La provincia apenas ofreció resistencia al golpe de Estado de Franco y los suyos. A pesar de eso, la represión fue brutal. La ARMH de Valladolidad calcula que 2.000 ciudadanos fueron ejecutados solo en esta provincia. Los huesos de personas como Ángel de la Fuente, que desapareció en los primeros días del golpe de Estado y nunca más se supo nada más de él, o de Herminio Agudo, que a la edad de 30 años fue ejecutado por su participación activa en la Casa del Pueblo de Laguna de Duero (Valladolid), siguen por ahí. Sólo en el mes de agosto de 1936 fueron ejecutadas o desaparecidas alrededor de 550 ciudadanos en la provincia.

Manuela Martín, natural de Granada, murió sin olvidar a su padre y a dos de sus hermanos. Salieron de casa cuando ella era apenas una niña huyendo de las tropas franquistas. Los rumores de sus fechorías eran demasiado graves como para quedarse esperando. Nunca más volvieron a verlos. Nunca supieron dónde quedaron sus huesos. Un testigo desveló una vez que había visto el cadáver del padre tirado en una montaña. De los dos muchachos nunca se supo.

Ascensión Mendieta sí sabía, más o menos, donde habían enterrado a su padre, Timoteo, natural de Sacedón y cuyo delito fue militar en la UGT. Lo habían tirado a una fosa común del cementerio de Guadalajara. Allí estarían sus huesos durante casi 80 años. Hasta que la Justicia de Argentina, donde Ascensión acudió a pedir ayuda, dio la orden de exhumar y España aceptó. Las pruebas de ADN certificaron que unos huesos de aquellas fosas eran los de su padre. Esta mujer, que ronda ya los 92 años, consiguió así uno de los objetivos de su vida: recuperar a su padre. "No sabes la de noches que me he acostado pensando en él. Eso se lleva por dentro... Tantos años sin poder llamar a tu padre...", contaba Mendieta en esta entrevista con Público. Gracias a la Justicia de Argentina y al trabajo de la ARMH Mendieta consiguió recuperar los huesos de su padre. "Quiero que me entierren con él", decía esta mujer cuando consiguió tenerlos cerca.

El caso de Ascensión Mendieta es, sin embargo, una excepción. Comparativamente hablando, son pocos los familiares de víctimas de la dictadura las que han conseguido recuperar a su ser querido. Muchas de ellas murieron esperando. Esperando a que la democracia los rescatara de las profundidades de la tierra y del olvido o, directamente, soñando con que esos pasos que se escuchaban en las escaleras fueran los de su ser querido, que en realidad no estaba muerto a pesar de llevar décadas desaparecido.

Pero los milagros son de otro tiempo histórico. Joan Pinyol, por ejemplo, estuvo durante años llevando flores a la fosa común del cementerio de Lleida donde creía que estaban los huesos de su abuelo, el soldado republicano Joan Colom. Sin embargo, aquella fosa estaba vacía. Y no. Colom no estaba vivo. La dictadura había trasladado sin autorización los huesos de este hombre, y los de sus compañeros de fosa, al Valle de los Caídos. Joan, el nieto, lo descubrió mucho tiempo después gracias a un artículo en prensa. Desde entonces, su lucha fue la de recuperar esos huesos y llevarlos junto a la tumba de su abuela.

Son unos cuantos casos. Pocos, muy pocos comparados con la magnitud de la tragedia que vivió España tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la consecuente Guerra Civil y 36 años de régimen represor. Los datos del Ministerio de Justicia, correspondientes al año 2017, reconocen la existencia de 2.457 fosas comunes, de la cuales 1.221, prácticamente la mitad, siguen sin ser abiertas y lo más preocupante: 250 han desaparecido por la construcción de infraestructuras, por ampliación de calles, por planes urbanísticos.

Hasta ahora, la inmensa mayoría de estas exhumaciones se ha realizado gracias a la tarea de organizaciones civiles formadas por familiares y voluntarios que no han cejado en su empeño de dar una sepultura digna a los suyos. España, de hecho, tiene la obligación de impulsar un Plan Nacional de búsqueda de los desaparecidos y acometer las exhumaciones. Así se lo ha recordado al Estado en multitud de ocasiones diversos organismos de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas y también los dos últimos relatores de la ONU para la promoción de los derechos a la verdad, la justicia y reparación. Todos ellos han tirado de las orejas a España por el abandono que han sufrido y sufren las víctimas del franquismo.

De hecho, el actual Relator, Fabian Salvioli, visitó el Congreso de los Diputados donde instó a los diputados a poner en marcha un Plan Nacional de búsqueda de los desaparecidos. "Lo prioritario ahora mismo tiene que ver con las exhumaciones y fundamentalmente con dar respuesta a las familias de víctimas, que son ya muy mayores", explicó Salvioli en una entrevista en Público.

Durante largos años, el Gobierno de Rajoy había dejado durante largos años a cero el presupuesto dedicado a la Memoria Histórica y ahora, cuando el PSOE ha destinado 15 millones a este propósito en su proyecto de Presupuestos, las críticas del Partido Popular han arreciado. Esta misma semana la senadora del PP Esther Muñoz denunciaba duramente que se dedicaran 15 millones a buscar "unos huesos" aunque, tras el revuelo ocasionado, intentó rectificar asegurando que se refería "a los de Franco". No obstante, la justificación no caló. Ni el presupuesto para exhumar a Franco sale del presupuesto para Memoria, ni los restos de Franco son unos huesos y, sobre todo, nada ni nadie impidió a Muñoz decir en la tribuna del Senado lo que realmente quería decir.

"Muestra la falta de cultura democrática del Partido Popular", dice Emilio Silva, que insta a los partidos políticos, de todo signo, "a dejar los Derechos Humanos fuera de la batalla política". "Los derechos de las víctimas del franquismo no pueden ser parte del juego electoral. España tiene la obligación de exhumar a las víctimas de la dictadura", prosigue Emilio Silva, presidente de la ARMH.

La experta en políticas de Memoria Histórica Manuela Bergerot recuerda que si hemos llegado a esta situación en pleno 2019 es gracias a todos los gobiernos de España desde 1975. Ninguno de ellos ha hecho lo suficiente por rescatar a los republicanos que se dejaron la vida contra el golpe de Estado franquista. Así, España continúa siendo una excepción en Europa.

"No es la primera vez que esta senadora pervierte el relato histórico o banaliza los crímenes del franquismo. Me cuesta creer que una persona joven como ella pueda hacer declaraciones en contra de lo que dicen los organismos de Derechos Humanos de la ONU. Ante esta situación no nos queda otro remedio que decirlo una y mil veces: España tiene la responsabilidad de exhumar y de dar un entierro digno a las víctimas de la dictadura".

Mientras tanto, mientras que discutimos sobre las barbaridades que se dicen e instituciones que representan a todos los ciudadanos, como es el caso del Senado, hay familiares que ven cómo se escapa la posibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos. Personas mayores que solo piden que se cumplan los derechos que le corresponden y que mueren sin obtener ni justicia ni verdad ni reparación.

"Se suele decir que hay que devolver la dignidad a los que lucharon por la democracia y hoy continúan en fosas comunes. Pero no. Ellos murieron y lucharon con toda dignidad. Los indignos son los que están fuera de la fosa y permiten o hacen lo posible para que esas personas sigan en fosas comunes. Ellos son los indignos", sentencia Manuela Bergerot.

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La senadora Esther Muñoz (PP) abucheada tras sus palabras sobre los "huesos" y la memoria histórica

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