Españolismo Anticatalán

Mañana se sentará en el banquillo de los acusados al independentismo catalán.

Culpables de haber obedecido a su pueblo, un puñado de catalanes enfrentarán un juicio político en un estado europeo con un grave padecimiento de bipolaridad: lo que exige para Venezuela lo castiga en Catalunya.

Y es que el colonialismo suele ser así de sinuoso, tal como nos recuerda El Nacional, antes que el franquismo, el republicanismo españistaní también enfiló sus baterías en contra de la autodeterminación catalana:

1935: cuando la República Española juzgó y condenó Catalunya

Marc Pons

Barcelona, 7 de enero de 1935. 02.55 horas. Muelle de la Aeronáutica. Zona Franca. El president Lluís Companys y los consellers Pere Mestres (Obres Públiques i Sanitat), Joan Lluhí (Justícia), Joan Comorera (Economia i Agricultura), Martí Esteve (Finances) y Ventura Gassol (Cultura) eran trasladados del barco-prisión Uruguay al vehículo que tenía que conducirlos a la Prisión Celular de Madrid. Según la prensa de la época, el vehículo era un "autocar requisado sin número de matricula" custodiado por "dos autos ametralladoras que habían llegado de Madrid". El conseller de Treball, Martí Barrera, hospitalizado en la Clínica Trias y convaleciente de una intervención quirúrgica, y el presidente del Parlament, Joan Casanovas, pendiente de que la justicia española decidiera qué tribunal lo tenía que juzgar, eran los únicos que, de momento, no viajarían.

"Autocar requisado sin matrícula"

Tres meses después de los Hechos del Seis de Octubre (1934) —que habían culminado con la detención y el encarcelamiento del gobierno de Catalunya, acusado del delito de rebelión—, el Tribunal de Garantías Constitucionales cursaba la orden, tan solo una hora antes de efectuar el traslado. Según la prensa de la época, "Dicha orden se transmitió con toda clase de reservas, a fin de que no se enterara nadie y evitar que se produjesen incidentes". Y el tránsito entre el barco-prisión y el "autocar requisado sin número de matrícula" se llevó a cabo en un escenario previamente vaciado, deliberadamente silenciado y fuertemente custodiado: 21 agentes del Cuerpo de Seguridad y Asalto —el cuerpo de policía estatal popularmente conocido como Guardias de Asalto— enviados desde Madrid y comandados por el jefe de la policía de Barcelona, García Grande-Villaverde.

La asfixia económica al president y a los consellers

Al día siguiente, 8 de enero, Gil Gil y Gil, vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, y Fernando González Prieto, fiscal impuesto por el gobierno español al Tribunal de Casación de Catalunya (la máxima instancia judicial catalana), se reunían en Barcelona con el pretexto de informar al president y los consellers catalanes de que la justicia española había decidido iniciar el proceso judicial. Una sospechosa reunión considerando que el Tribunal de Casación catalán no tenía sala de lo penal. Y aún más, cuando (al menos oficialmente) se presentaron en el barco-prisión Uruguay al día siguiente de que el gobierno de Catalunya hubiera pasado la primera noche en la Prisión Celular de Madrid. En cambio, la prensa revela que se reunieron con el decano de los jueces de Barcelona para acordar el embargo de bienes —la asfixia económica— del president Companys. Unas semanas antes habían sido embargados los consellers.

Un juicio politico-mediático

27 de mayo de 1935. 10.15 horas. Madrid. Tribunal Supremo. Para la ocasión se había prescindido del "autocar requisado sin número de matrícula" y, en un autocar de la Dirección General de Seguridad, llegaban el president y los consellers encarcelados, custodiados por un importante despliegue policial formado por "Fuerzas de Asalto que montaron guardia en la plaza de París y sus alrededores, mientras en el interior del Palacio se encargaba de este servicio a la Guardia Civil". También destaca el interés mediático cuando relata que a los 80 familiares de los presos políticos se sumaron más personas: "En la puerta de la calle del Marqués de la Ensenada se formó, a las siete de la mañana, una cola de personas que deseaban asistir a la vista [...] Poco a poco fue engrosando y a las once de la mañana, hora de comenzar el juicio, había unas 200 o 250 personas".

232 días de prisión a la espera de juicio

110 días después del ingreso en la Prisión Celular de Madrid, el gobierno de Catalunya —que en aquel momento ya acumulaba 232 días de reclusión— se enfrentaba a la maquinaría político-judicial de la República Española. El tribunal estaba formado por Fernando Gasset Lacasaña como presidente y Manuel Miguel Traviesas, Basilio Álvarez Rodríguez, Gabriel García Taltabull, César Silió Cortés y Francisco Alcón Robles como vocales en palestra. En un segundo término Gil Gil y Gil (el de la excursión al Uruguay) y quince más. El fiscal era Lorenzo Gallardo González. En la parte contraria, Angel Ossorio y Gallardo se ocupaba de la defensa del president; Mariano Ruiz Funes, de la de los consellers Esteve y Gassol; Luis Jiménez de Asúa, de la de los consellers Lluhí i Comorera, y Augusto Barcia Trelles de la de los consellers Mestre y Barrera (trasladado a Madrid todavía convaleciente).

Los "pasadizos" entre el poder político y el poder judicial

Para situar estas piezas en el tablero hay que saber que, desde el 19 de noviembre de 1933, la República Española estaba gobernada por una coalición ultraconservadora e involucionista formada por la CEDA de Gil-Robles, el Partido Republicano Radical (PRR) de Alejandro Lerroux y el Partido Agrario Español de Martínez Velasco, y que recibía el apoyo puntual del PSOE de Largo Caballero. La proclamación del Estado catalán dentro de la república federal española, el 6 de octubre de 1934, había sido la culminación de un conflicto entre la política —y la ideología— antiautonómica y anticatalanista del gobierno español y la ambición catalana de desarrollo del autogobierno. Dicho esto, solo queda añadir que los "pasadizos" entre el poder ejecutivo y el poder judicial no son un fenómeno exclusivo del actual régimen constitucional español.

El juez-político Gasset Lacasaña

Gasset Lacasaña había sido nombrado presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales diecisiete días —contando las fiestas navideñas inhábiles— antes del traslado de los presos políticos catalanes a Madrid. Gasset Lacasaña no era el mejor jurista español, pero estaba íntimamente conectado con el poder político: había sido alcalde de Castelló por el PRR (1917), concejal de Castelló durante la dictadura de Primo de Rivera (1923) y diputado del PRR por Castelló en las primeras Cortes republicanas (1931). También estaba bien conectado con el poder económico: había sido uno de los fundadores del Banco de València. Su nombramiento exprés se impuso con el voto de la coalición de gobierno. Posteriormente —y reveladoramente— al estallido de la Guerra Civil (1936), dimitiría el cargo, se exiliaría transitoriamente y, en 1938, en pleno conflicto, retornaría y se sumaría al bando franquista.

Los vocales-políticos del Tribunal

El perfil y la trayectoria de los cinco vocales que compartían palestra con Gasset Lacasaña no era muy diferente. El castellano Cesar Silió había sido concejal, diputado y senador de Valladolid por el Partido Conservador del ultracatólico Antonio Maura y dos veces ministro de Instrucción Pública. El asturiano Manuel Miguel formaba parte del entorno personal de Melquíades Álvarez, presidente del testimonial PRLD y, poco después, letrado defensor de José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange Española) en el juicio por rebelión contra la República (julio de 1936). El exsacerdote gallego Basilio Álvarez Rodríguez había sido el confesor de los marqueses de Urquijo (poseedores de una inmensa fortuna acumulada a base de operaciones especulativas), director del diario ultracatólico El Debate y diputado del PRR de Lerroux.

El amplio espectro del españolismo

El andaluz Gabriel García Taltabull había sido gobernador civil de Guadalajara y de Cádiz (1931-1932), con los ejecutivos republicanos de Lerroux y de Zulueta (el segundo de Melquíades Álvarez). En 1935 formaba parte de una formación denominada Unión Republicana, que era el resultado de varias huidas procedentes del PRR de Lerroux y del PSOE de Largo Caballero. Y, finalmente, estaba el leonés Francisco Alcón Robles, que era el único de aquella palestra que no tenía un pasado político, aunque la prensa de la época destaca su ideología ultraconservadora, ultracatólica y profundamente nacionalista —española, por supuesto— y su condición de magistrado jubilado del Tribunal Supremo. El resto de vocales de la sala (Gil y Gil, el de la excursión al Uruguay, incluido), que no estaban situados en la palestra, respondían al mismo tipo de perfiles y trayectorias.

El fiscal "liberal" del Tribunal

Capítulo aparte merece la figura del fiscal, el extremeño Lorenzo Gallardo González. No se le conocía ninguna ideología política más allá de su condición de "liberal". Condición que no le impidió aceptar el nombramiento de fiscal del Tribunal Supremo en plena dictadura de Primo de Rivera. Reveladoramente, en 1928, después de una discreta carrera en "provincias", saltaba a la palestra judicial impulsado por el ultraconservador, nacionalista y declaradamente antisemita Galo Ponte y Escartín, ministro de Justicia, que, después de los Hechos de Prats de Molló (1926-1927), había intentado que Francia extraditara a Francesc Macià, más tarde president de la Generalitat (1931). Y, evidentemente, su condición "liberal" tampoco le impediría aceptar, en plena escalada de la crisis catalana, el cargo de fiscal de la República (1934) de manos del ministro Cantos Figuerola, del PRR de Lerroux.

30 años de prisión

6 de junio de 1935. Madrid. El Tribunal Supremo dicta sentencia: “El Código de Justicia Militar establece que son reos de delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la Constitución [...] los procesados se alzaron en armas contra esa Constitución, proclamando el Estado Catalán de la República Federal Española [...] implica la subversión del régimen constitucional, en lo que a la organización nacional afecta, transformando las regiones autónomas en Estados miembros y la República integral en federativa, con alteración profunda de poderes [...] Fallamos: [...] condenamos a cada uno de los .procesados [...] autores de un delito de rebelión militar, a la pena de treinta años de reclusión mayor, con las accesorias de interdicción civil durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta y al pago de las costas procesales”.

La conexión entre el juicio y el golpe de Estado franquista del 36

Posteriormente —y reveladoramente— el fiscal Gallardo, como el juez Gasset Lacasaña, dimitiría de su cargo, y al estallido de la Guerra Civil (1936) se exiliaría transitoriamente. En noviembre de 1937, en pleno conflicto, regresaría y se sumaría al "liberal" bando franquista. Gallardo es la pieza que completa el oscuro rompecabezas del juicio a Catalunya. Un escenario tenebroso que dibuja con precisión un curioso y revelador triángulo socio-político-judicial formado por el conservadurismo ultracatólico, el nacionalismo español vestido de pretendido reformismo y el poder económico (el caciquismo, en definitiva) a la sombra: el eje que impulsaría el golpe de Estado de 1936, liderado por el general Franco, que conduciría a la Guerra Civil (1936-1939) y que en Catalunya se saldaría con la pérdida (entre muertos y exiliados) de una cuarta parte de la población.

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