jueves, 19 de abril de 2018

Lesiones y Atentado a la Autoridad

Con el juicio por terrorismo en contra de los ocho jóvenes de Altsasu ya en marcha, han estado emergiendo piezas clave de información que muestran que lo que se está escenificando el Henares no es solo una burla a los principios del derecho, sino también un ataque directo a la decencia.

Deia de a concocer que en el atestado de la Policía Foral de Nafarroa solo se acusa a los participantes de la trifulca de lesiones y de atentado a la autoridad. La primera acusación no se presta a discusión, el tobillo fracturado del paramilitar estacionado en la Zona Especial Norte así lo confirma. Lo que no se sostiene mucho que digamos es eso de antentado a la autoridad pues los encharolados de hecho no estaban en servicio, sino de juerga, en plena gaupasa.

Consideren entonces, si ni siquiera lo de atentado a la autoridad es una acusación sólida lo que representa que de ahí haya escalado a terrorismo por obra y gracia de la febril y desquiciada mente de el Azote de Altsasu, Carmen Lamela, inspirada por los cavernícolas de COVITE.

Lean ustedes:


La primeras diligencias se instruyeron por un delito de atentado y lesiones

A. Martorell/E. Conde

Durante los trece primeros días de la investigación de la agresión en Altsasu, el cuerpo policial que había iniciado las diligencias, la Policía Foral, nunca citó que en dicho suceso apreciara indicios de terrorismo, principal sostén de las acusaciones y por el que han remitido la causa a la Audiencia Nacional. En un atestado inicial, y en otras diligencias ampliatorias que confeccionaron varios instructores del cuerpo autonómico a raíz de la detención de Jokin Unamuno y de otro joven (que en principio fue identificado como agresor pero que no está sentado en el banquillo de los acusados), los agentes enmarcan los hechos dentro de dos posibles delitos de atentados a la autoridad (a los dos guardias) y cuatro delitos de lesiones de diversa entidad (a los agentes y sus parejas). La investigación se enfocó desde un primer momento dentro de esa calificación y, de hecho, la juez instructora puso en libertad a los dos primeros detenidos (Unamuno y el otro no acusado) a la espera de seguir reuniendo indicios por los que se pudiera imputar a otras personas.

Fue a partir del 28 de octubre, cuando la juez instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, reclamó la causa para sí después de la denuncia de Covite y fue cuando la Policía Foral dejó de intervenir en la investigación y el asunto pasa a ser competencia exclusiva de la Guardia Civil por mandato de la magistrada. Durante unos días ambos cuerpos realizaron una investigación conjunta orientada al esclarecimiento de los hechos y después de que tres de los agredidos (teniente, sargento y la pareja de este último) decidieran interponer denuncia finalmente.

Los instructores de la Policía Foral ratificaron ayer en la tercera sesión del juicio que de las pesquisas que llevaron a cabo concluyeron que existían indicios de los delitos de atentado a la autoridad y de lesiones puesto que los heridos “habían sido agredidos por su condición de guardias civiles”, que no existió “ni provocación ni participación activa de los cuatro agredidos” y no identificaron elementos del movimiento Ospa “como integrantes de la agresión”, confirmó uno de los investigadores.

El mismo policía amplió que en los antecedentes de hechos que figuraban en el atestado y en el que trataban de contextualizar el conocimiento que tenían los procesados de la condición de los guardias civiles figuraban dos hechos relacionados como el Ospa Eguna de 2016 y la festividad del Día del Pilar en la que la Guardia Civil organizó en Altsasu una misa y un brindis con vino. En ambos actos, según declararon los agentes, fueron intimidados por algunos jóvenes, aunque el único de los procesados al que pudieron identificar en ambas citas fue a Jokin Unamuno, al que los denunciantes atribuyen el origen de la agresión en el bar Koxka. Dicho contexto (Ospa, Alde Hemendik e incidente en el Pilar) también es recuperado por la Fiscalía en su escrito acusatorio. Pero el Ministerio Público se remonta cuarenta años atrás para justificar que ETA ya usaba esas dinámicas en sus campañas y, por tanto, acusar de terrorismo a los acusados.






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