domingo, 29 de abril de 2018

Ojos Que No Ven

Miles de personas en el Estado Español y alrededor del mundo han mostrado su indignación tras darse a conocer la sentencia en el juicio llevado en contra de José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero: guardia civil, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo: oficial militar y Jesús Escudero, los cinco integrantes del grupo de What's App autodenominado La Manada (en total son 21 miembros) por la violación tumultaria de una joven madrileña con 18 años recién cumplidos.

Sería momento de mostrarnos serios y congruentes, canalizando toda esa indignación para como sociedad acabar con la gran lacra de la depredación sexual, misma que es consustancial al modelo heteropatriarcal que rige a las sociedades de nuestro globalizado planeta.

Que cinco individuos en plenitud física ejecuten un plan preconcebido para atacar sexualmente a una mujer en el contexto de las fiestas patronales de una ciudad para que tras un largo juicio y un prolongado periodo de deliveraciones se llegue a que un grupo de jueces considere que no existen elementos para sustentar la acusación de violación rebajando la tipificación a abuso, desgraciadamente, no es la excepción sino la regla. En el actuar de quienes debieran impartir justicia y proteger a la víctima podemos constatar cuán profundo cala el adoctrinamiento necesario para sustentar el constructo patriarcal.

El problema para nuestra sociedad estriba en que el modelo predatorio de la sexualidad capitalista no solo afecta a mujeres de diferentes edades. No, lo peor es que se extiende para abarcar inclusive a seres humanos que debieran de ser ajenos a la sexualidad adulta.

En ese contexto, les invitamos a leer este reportaje publicado por Deia:


Solo uno de cada diez casos de abuso sexual en la infancia denunciados llega a juicio oral en Euskadi y en muchos de ellos la sentencia es absolutoria

Marta Martínez

La mayoría de los abusos sexuales en la infancia llegan a la edad adulta silenciados, un tabú que supone el primer obstáculo para el ejercicio de la Justicia, pero no el único. Se estima que solo entre el 2 y el 10% de los casos se conocen en tiempo real, es decir, en el momento en el que está ocurriendo el abuso, sin embargo, no a todos ellos les sigue una denuncia. Otro dato alarmante: nueve de cada diez casos denunciados no llega a juicio oral y, cuando lo hace, muy pocas veces consiguen una sentencia final condenatoria. “Eso quiere decir que solo se resuelve uno de cada 1.000 casos de abusos en la infancia”, lamentó Maite Sánchez, trabajadora social, durante las jornadas Rompiendo el secreto de la violencia sexualcontra la infancia, organizadas por la UPV/EHU.

“Es como una pirámide y hasta llegar a la punta de ella, por el camino, se van quedando muchos casos en el camino”, resume José Ignacio Alonso, del área de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children. Quienes defienden los derechos de la infancia denuncian un proceso plagado de errores en el que se revictimiza a los niños y niñas que han sufrido abuso sexual.

El primer fallo del actual sistema judicial se da con la primera toma de declaración del menor. “Ésta tendría que hacerse lo antes posible, por parte de personal cualificado en la materia y, sobre todo, usando una metodología que esté estandarizada o que esté en protocolos. Lo más importante es evitar que el niño o la niña tenga que relatar lo que le ha pasado en múltiples ocasiones”, sostiene Alonso, quien apuesta por la prueba preconstituida, es decir, la declaración del menor tomada lo antes posible, en un entorno agradable para la víctima, grabada y liderada por un psicólogo forense que transmita las preguntas del fiscal, juez y abogado defensor para que el menor no tenga que volver a relatar lo sucedido. El objetivo es evitar la revictimización y la contaminación del testimonio.

Sin embargo, la realidad es que solo en un 13,8% de las sentencias analizadas por Save the Children para su informe Ojos que no quieren ver se había preconstituido la prueba. Actualmente, los niños y niñas cuentan los abusos una media de cuatro veces una vez puesta la denuncia. “Como es lógico, a lo largo de las cuatro declaraciones puede variar algún detalle y se llega a cuestionar la credibilidad del niño o la niña”, lamenta Alonso. La única prueba que existe en estos casos es el testimonio de la víctima y, por ello, la valoración de la credibilidad es fundamental.

Según Estrela Gómez, mediadora social y coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores, “cuando hablamos de niños pequeños, se le da muy poco valor a su testimonio”. “En la inmensa mayoría de las ocasiones, no se les entrevista durante el tiempo suficiente, y entonces el niño o la niña no llega a tener confianza como para hablar de lo que le ha pasado, tampoco entiende por qué está ahí. Otro problema es que si no tenemos profesionales muy bien formados para entender a una niña o un niño muy pequeño que está hablando de abusos sexuales, la realidad es que rara vez llegan a ganarse la confianza de los menores y, encima, cuando hablan, rara vez se les cree”, explica.

Gómez lleva años analizando la respuesta judicial ante los abusos sexuales a menores en el ámbito familiar y, junto a otras dos organizaciones, ha llevado el tema a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. “Para niños y niñas muy pequeños, hablar de algo que ocurrió hace ocho meses y con la cantidad de detalles que piden es imposible, ese nivel de concreción hace que sea imposible el testimonio”, puntualiza.

Otro de los fallos tiene que ver con la presencia del niño o niña en el ámbito judicial. “En el análisis de las sentencias que hemos hecho, un número muy alto de niños y niñas, más del 86%, ha testificado en el plenario en el juicio”, sostiene Alonso. Han llegado a darse incluso casos en los que el menor ha testificado frente a su agresor. “Al final el proceso se convierte en un víacrucis porque es un proceso largo -duran una media de tres años-, doloroso y, a veces, los profesionales que les rodean no tienen las habilidades para que el juicio sea amigable”, apunta el responsable del área de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children. “El acceso a la justicia de los niños y niñas víctimas de abuso sexual tiene que ser amigable y esto significa que tienen que ser escuchados como les corresponde y en un espacio seguro y agradable”, añade. Finalmente, en muchos casos, se produce lo que jurídicamente se conoce como absolución por falta de pruebas. “¿Por qué pasa? Por todos los elementos anteriormente señalados”, concluye.

Para Estrela Gómez, uno de los problemas fundamentales es la falta de equipos especializados. “Por ejemplo, en Galicia, los mecanismos para seleccionar personal para el Instituto de Medicina Legal no son específicos de infancia. El psicólogo que accede a la plaza de forense es un psicólogo que se ha presentado a unas oposiciones”. “Al final, se trata de un problema de pruebas y si la única prueba que puedes aportar es un testimonio y ese testimonio se maltrata por las propias características del sistema, la conclusión es que no es un sistema favorecedor de la calidad del testimonio”, sostiene.

EuskadiSegún la Memoria de la Fiscalía Vasca de 2016, el año anterior hubo catorce causas de abuso y agresión sexual a menores de 16 años y de acoso sexual a través de telecomunicaciones. Según Alonso, “Euskadi es la comunidad autónoma que actualmente tiene menos casos abiertos por abusos sexuales, 3,3 por cada 100.000 habitantes, cuando la media estatal es de 12,1. Otro dato a destacar: el 90% de los casos no llega a juicio oral, es decir, se archivan o se sobreseen, en el Estado es el 70%.

“No lanzamos ninguna conclusión, pero sí preguntas: ¿Por qué hay tantos casos que no llegan a la fase oral? ¿Por qué aquí tenemos muchos menos casos abiertos que en el resto del Estado cuando, probablemente, la incidencia de abuso sexual sea la misma?”, señala.

Además de los obstáculos del sistema de justicia, José Ignacio Alonso hace hincapié en la prevención, donde identifica varios problemas: “Por un lado está la falta de educación sexual en las escuelas y la falta de formación de los padres para detectar determinados síntomas”. Además, Save the Children considera fundamental que los profesionales que trabajan cerca de niños y niños tengan la formación necesaria para identificar a un menor potencialmente víctima. Si esto no sucede, “los abusos se alargarán más tiempo y cuando un niño o una niña cuente lo que le ha pasado habrá más posibilidades de que no sea creído”. En su informeOjos que no quieren ver, la organización revela que solo un 15% de los colegios en los que el menor había revelado los abusos lo notificaron a las autoridades.






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