domingo, 15 de abril de 2018

Entrevista a Jon Iñarritu

En esta entrevista concedida a El Nacional, el senador por EH Bildu Jon Iñarritu habla acerca de la situación en Catalunya, desde la esperanzadora jornada del 1-O hasta la detención de Tamara Carrasco, pasando por la aplicación del 155, el proceso electoral impuesto del 21-D, los represaliados políticos y el juicio de extradición en contra de Carles Puigdemont, haciendo comparaciones con lo vivido durante las últimas décadas en Euskal Herria.

Lean ustedes:


Estefania Molina

Jon Inarritu (Leioa, 1979) es senador de EH Bildu, aunque en la legislatura anterior ejerció como diputado en el Congreso por Amaiur (2011-2015). Independentista vasco y partidario de la vía pacífica desde los inicios de su trayectoria política, admira al soberanismo catalán, por eso, suele viajar a Catalunya para "tomar notas". Licenciado en Derecho, Inarritu ha destacado en los plenos y comisiones del Senado por la crítica frontal a las cargas policiales del 1-O, la aplicación del 155, y toda la acción política del Gobierno relacionada con el proceso soberanista.

Esta semana ha habido detenciones a miembros de CDR, acusados de terrorismo y rebelión, que finalmente han quedado en libertad con cargos por desórdenes públicos. ¿Cómo valora la situación?

Con los CDR se ve un intento de criminalización, algo que nos suena en el País Vasco. Se están siguiendo los mismos pasos.

¿Cuáles son?

En ciertos medios de comunicación se filtran informaciones [sobre autos policial] y sólo hay que ver el lenguaje: usan el mismo ante un fenómeno de desobediencia o de resistencia pacífica, que el que se usaba con acciones violentas. [En Euskadi] eso ya era una síntoma preocupante. Y después del globo sonda, venía la represión. La reacción es desproporcionada porque, ya digo, no ha habido ni un ápice de violencia en Catalunya.

¿Le ve una finalidad a todo eso?

Mi interpretación es que así se crea un estado de psicosis y de choque, que paralice, por una parte, toda la reivindicación cívica y pacífica, y por otra, que cambie el paradigma. Es decir, que pasemos de un conflicto político que tiene que ser resuelto, a que hablemos de un problema de presos, de un tema de represión, que el tema sea resolver los derechos y las libertades y se olvide el resto.

¿Cómo puede diferenciar la opinión pública un desorden público de un delito de violencia?

En un contexto internacional de yihadismo, hoy en día en Europa se sabe dónde ha habido violencia, y dónde no. En Euskal Herria ha habido violencia. En Córcega, en Irlanda del Norte... la habido. No en Escocia, o las Islas Feroe. Y en Catalunya, no. Por ejemplo, leía a un corresponsal francés en España, que se sentía asustado porque se estaba acusando [a Tamara Carrasco] de terrorismo. Él lo ponía con exclamaciones, porque ha habido hace poco un atentado en Carcasona, eso sí es terrorismo, yihadismo.

Hay opinadores que hablan de la doctrina del "todo es ETA" en Catalunya. ¿Lo comparte?

No sólo contra ETA, sino contra el "todo es ETA", a veces todo se valía: desde la guerra sucia, la criminalización, las ilegalizaciones de medios, la barbaridad y excesos jurídicos. El Erasmus que hicieron algunos en el País Vasco durante 40 años se está aplicando en un lugar donde no ha habido actos violentos. ¿Ha habido desórdenes públicos? Sí, como ha habido en cualquier ciudad madrileña, en Castilla, en pueblos de Andalucía... sí. Pero eso puede pasar en toda Europa. Calificarlo de terrorismo me parece un sin sentido. El Estado está creando una ficción jurídica tal, que no es creíble.

¿Si usted lo ve evidente, por qué más gente no reacciona?

Porque quien se sale del grupo, y del relato de los poderes, queda apartado y señalado. Un ejemplo es Guillermo Toledo, que se ha visto excluido de trabajos porque ha recibido un veto por sus opiniones políticas. Pero también hay otras voces, lo digo yo que paso en Madrid muchos días, y que dicen que eso es una barbaridad...

¿Precisamente, cómo valora el papel de la izquierda española? Se la ha criticado de haber reaccionado contra la guerra de Iraq, los recortes y no ante la actuación contra el independentismo.

Se ha creado el tridente del 155, aunque sí es cierto que ha habido alguna voz en el PSOE que difiere, pero no con la suficiente fuerza, por el miedo a ser excluido. Es una razón de Estado. Por ejemplo, es curioso como el 1-O, ante la represión brutal, el PSOE dijo que había un grave error. En dos, tres días, el Rey pronunció su discurso, el PSOE cambió de parecer y alguien llamó a filas y dijo que había una causa nacional donde valía todo.

¿Al respecto, ha visto una diferencia de comportamiento entre el rey Juan Carlos I ante el conflicto vasco, y Felipe VI en el catalán?

El Rey tiene un papel de mediación y en Euskadi creo que no lo hizo. Y con la cuestión catalana, pienso que el Rey se alineó con la postura más represiva. Con aquel discurso, en vez de calmar las aguas, se puso del bando de la porra. Ya digo, eso, en vez de llamar a un representante y a otro, para buscar ese papel de mediación.

A Ada Colau, el monarca le dijo que él ejercía su papel de hacer cumplir la Constitución...

La Constitución es muy amplia y con varios artículos: el de los derechos humanos, el de la vivienda, el trabajo digno, el de participación política... Y por ejemplo, algunos de ellos no se cumplen.

¿Y volviendo a la izquierda, cómo valora la posición de Podemos?

Las encuestas no le auguran un buen resultado, post-155. No han tenido el mismo comportamiento que los de los 155, pero mensajes como que es lo mismo el carcelero que el encarcelado, que ni DUI ni 155, es indignante y poco justo. En general, creo que han actuado dignamente, y no es fácil, pero tendrían que ver qué han hecho Die Linke, los verdes alemanes, que ideológicamente están muy lejos de Puigdemont, o JxCat. Pero han estado en la calle denunciando esta barbaridad de los encarcelamientos.

¿Y por el lado del independentismo, qué error les atribuye?

Siempre he dicho que yo voy allí [a Catalunya] a tomar notas y no a criticar. Pero pienso que no fueron conscientes del nivel de represión que se aplicaría. Desde algunos sectores se fue un poco naif: pensaron que el Estado sería inteligente, maduro y se sentaría en torno a una mesa.

A mucha gente le cuesta creer que haya "represión" en un estado democrático en el siglo XXI...

Este Estado tuvo un problema en la Transición, con los grandes poderes del Estado. Hablo de la Administración, el Ejército, también el Poder Judicial. Si nos ponemos a mirar de dónde surge la Audiencia Nacional como Tribunal de Orden Público, eran los mismos jueces, magistrados que había el 1 de diciembre de 1978, que el 1 de enero del 79. Y el informe GRECO ha dicho que está en la cola de independencia judicial. No hace falta ni que haya una llamada. Algunos magistrados llegan a algunos lugares no por meritocracia, sino por una gran influencia política.

Usted habla de ilegalizar. La fiscalía estudiaba hace unos meses pedir la suspensión de Òmnium y ANC. ¿Ve posible que eso pase?

Obviamente. El primer comentario que pensé, cuidado, fue el 18 de enero aquí en el Senado, cuando el ministro del Interior se refirió varias veces a Òmnium y ANC como si fueran organizaciones delictivas, en vez de culturales y cívicas. El señalamiento me alarmó porque en el País Vasco se han cerrado medios, todo tipo de asociaciones. Como decía antes, se suelta el globo sonda a la prensa, se dice que se está investigando a esas organizaciones, se las criminaliza, y una vez se ha tragado la píldora, se actúa. Así, ciertos sectores de la sociedad no se revelan, ni les parece ya una barbaridad.

¿Por tanto, cuál recomienda que sea la respuesta política y social del soberanismo?

Por una parte, hay que hacer un frente democrático, un campo anti-represivo, cuanto más amplio mejor. Tendría que ir más allá de los partidos soberanistas y hace falta que defiendan el derecho a la protesta pacífica y denunciar esta situación en la calle, las instituciones, a nivel jurídico, en Madrid... Y por otra parte, los representantes en el Parlament tienen que intentar sumar una mayoría que trate de negociar con el Estado una salida política al conflicto.

Usted acostumbra a hablar de "presos políticos", algo que molesta al Gobierno: dicen que los políticos catalanes encarcelados lo están por haber cometido presuntos delitos...

Evidentemente, ningún Estado dice que tiene presos políticos, todos son acusados y algunos por delitos gravísimos: de terrorismo, de rebelión, de actos violentos... Pero miramos con lupa: cuáles son las condiciones; cómo se ha juzgado; qué medidas se aplican, como la prisión preventiva; o qué hechos se imputan, por ejemplo, si se acusa de rebelión y no se ha utilizado la violencia, pero a otra persona que ha ejercido violencia no lo acusan, eso genera un agravio comparativo. Aquí está la verdadera definición.

¿Los políticos catalanes encarcelados lo son, pues?

El Estado tiene perseguido y detenido a todo un Govern. Para mí, Junqueras, Forcadell, los Jordis... cumplen cuatro de los cinco criterios de la resolución del Consejo de Europa donde se define qué es un preso político. Se utiliza una excusa, ante un hecho que puede ser tipificado de delictivo. Es el Estado quien los convierte en presos políticos, ya sea en Turquía, China... Y el Gobierno lo repite mucho, que no lo son, porque le saca de quicio que se hable de preso político.

¿Cree que no iría a prisión alguien que hiciera una DUI en un land de Alemania?

Es el caso más claro de autodeterminación entre la república federal y oriental. Y estoy convencido de que si en Alemania hubiera un land con una población que en base a religión, derechos históricos, lengua... tuviera una mayoría por decidir su futuro institucional, de entrada se adaptaría la situación política porque los länder buscarían las posibilidades políticas para resolver esta situación.

El TC de Alemania dijo que no se podían hacer referéndums.

Es que es una sentencia basada en partidos con apoyo del 1%, el caso no se ha producido todavía. Pero estoy convencido de que se buscarían las salidas políticas. ¿Es que el sistema anglosajón es más pragmático y moderno que los sistemas del derecho continental? Me niego.

¿Cree que se aplicó el 155 de forma rigurosa?

No había precedente, pero yo creo que no. El artículo 2 de la Constitución regula el derecho a la autonomía, por tanto, no tenían derecho a convocar elecciones, fulminar al Govern, los altos cargos. Pero creo que eso ya será en adelante "el aviso a navegantes", para el resto.

Usted habla de "pucherazo" posterior al 21-D. ¿Por qué?

Hay una clara voluntad del Estado de escoger quién tiene que ser el presidente o presidenta de los catalanes. Hemos visto impulsos políticos con la euroorden, por ejemplo. Rajoy y Soraya van diciendo que son ellos los que han evitado que Puigdemont vuelva a ser presidente.

En Madrid se le critica por no regresar...

Incluso asumiendo la independencia judicial, y que la culpa es de él por no volver. ¿Qué pasa con el señor Sànchez? El mismo comité de Derechos de Naciones Unidas ha tirado de las orejas al Estado por no liberarlo para la investidura. ¿Y el señor Turull? Cuando se sabe que hay una investidura, acto seguido es llamado a declarar. Y hay voces de que en el Gobierno hay una candidata que les gusta.

¿Y qué consecuencias tendrá la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de liberar a Puigdemont sobre el resto del juicio por la causa del 1-O?

O bien, para que el poder judicial reflexione y se dé cuenta de que estamos ante un fenómeno político, y se tiene que resolver como en Escocia o Canadá. O bien, este sentimiento de humillación hará que los poderes del Estado intenten vengarse. Pero ahora se están envalentonando más y van a por los sectores más sociales para intentar castigar a la sociedad catalana, o parte de ella. Se busca subir tanto el nivel de represión, que incluso puede haber alguna respuesta de carácter violento. Espero y creo que no pasará.

¿Tiene esperanza que los tribunales internacionales acabarán condenando al Estado?

Creo que en algún momento Europa condenará al Estado español. ¿Cuándo? De aquí a 5 o 10 años. Pasa que creemos que sirve de algo y yo estando aquí he visto informes de conculcaciones de derechos y al Estado le da lo mismo. Por ejemplo, con la dispersión de presos: en otros países se ha penado y aquí no se cambia. ¿El coste? The Economist decía que España estaba en riesgo de pasar de una democracia perfecta a una imperfecta. En otros países eso provocaría voluntad de mejora. Aquí es lo mismo que los tirones de oreja a Erdogan: tiene un sentido de Imperio que se cree por encima del bien y del mal.

Pero Turquía no está en la UE... España sí. ¿No es exagerada la comparación?

Turquía es miembro del Consejo de Europa, hay unos tratados y acuerdos de vecindad importantes. Pero es cierto que el nivel de Erdogan es muchísimo mayor, a pesar de que cuando yo veo que en España se detiene a personas por hacer simplemente política, o el nivel de represión usado por las fuerzas de seguridad, la ficción jurídica, señalando incluso ahora a periodistas y medios... en el País Vasco lo hemos visto, pero estaba la excusa de la violencia. Lo siento si molesta: la vía otomana, turca, Erdogan, es la represión 100%, no diálogo.

¿Ve una rebaja en el umbral de los delitos de odio?

Es un delito que sólo se aplica para proteger a las minorías o a gente que es discriminada por razones concretas: por raza, religión, etnia, opción sexual... No hay una discriminación por ser funcionario policial, y antes veía a una chica que tiene que declarar por poner una pancarta que dice "Police go home". Incluso, en los casos que sí que hay delito de odio, es muy difícil de demostrar. Ejemplo; un chico africano fue agredido por una mujer, en presunto estado de embriaguez en un bar, diciéndole "negro, vete de aquí", y se consideró que no lo era.





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