La arremetida de la ultraderecha en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se ha intensificado tanto en los Estados Unidos como en el estado español, tal como ha venido sucediendo en otros rincones del planeta.
Ese escenario preocupa y ocupa en Euskal Herria.
Aquí lo que Noticias de Gipuzkoa informa al respecto:
Preocupación en Euskadi ante la derogación del derecho al aborto en Estados Unidos
Emakunde alerta de que la propagación de ideas ultraconservadoras supone "un riesgo real de retroceso"
Jorge Napal"No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida". Izaskun Landaia no oculta su preocupación. La directora de Emakunde, en declaraciones a NOTICIAS DE GIPUZKOA, entiende que cobran más sentido que nunca las palabras de Simone de Beauvoir ante "la propagación de ideas ultra conservadoras en el mundo". Una corriente que amenaza con derogar el derecho al aborto en Estados Unidos, y que aquí aguarda el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al recurso del PP a ley de Zapatero.
Lo que ocurre al otro lado del charco trasciende el ámbito estadounidense y afecta al debate constitucional en otros muchos países, incluido el Estado. El Supremo de Estados Unidos está decidido a anular el derecho al aborto, según se desprende de una filtración que se ha conocido esta semana. Una mayoría conservadora del Supremo considera que merece ser tumbado un derecho constitucional del que llevan disfrutando las mujeres desde hace casi medio siglo.
Un derecho fruto de una decisión histórica firmada en 1973 cuando el Supremo dictaminó que "el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo". Actualmente, la corte cuenta con una mayoría conservadora inédita, legado de Donald Trump, que consiguió nombrar al 33% de los jueces del Supremo para afianzar su agenda regresiva.
Landaia no se anda con medias tintas. "De materializarse, es ciertamente una cuestión gravísima y muy preocupante por su repercusión a nivel mundial", advierte. El potencial alcance de un debate constitucional que puede suplantar la voluntad del legislador parece demostrar que, como decía Simone de Beauvoir, no se puede bajar la guardia. La actual situación demuestra que la libertad reproductiva sigue sin tener anclaje legal. El ambiente de crispación se palpa en las calles.
Vuelve la 'Peregrinación' a Donostia
Este sábado, de hecho, la organización ultracatólica Rezar no es delito volverá a protagonizar su particular peregrinación desde el centro cultural Koldo Mitxelena de Donostia a la clínica Askabide para "rezar" ante las instalaciones de un centro al que califican como "abortorio".
El acoso a estas clínicas y a las mujeres que acuden a ellas es un delito desde el mes pasado. La ley que penaliza este hostigamiento entró en vigor el 14 de abril. "Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos", respondieron desde la bancada socialista a la ultraderecha en el Congreso durante el debate sobre la modificación del Código Penal que requería la propuesta.
En realidad, el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde 1985, cuando se aprobó la ley que despenalizaba estas prácticas en tres supuestos: violación, riesgo de malformación, o para la salud física o mental de la madre. Actualmente, cualquier mujer mayor de 18 años puede interrumpir por su propia voluntad un embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
Así lo recoge la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como Ley del Aborto, que fue aprobada en junio de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una ley que está recurrida por el PP, sobre la cual sigue sin pronunciarse el Tribunal Constitucional.
El Constitucional y sus miembros
La renovación de los miembros de este órgano, que fue finalmente acordada entre el Gobierno y el PP en noviembre, ha retrasado hasta ahora la deliberación de los asuntos más espinosos, entre los cuales figura el aborto. Actualmente la mayoría del Constitucional sigue siendo conservadora.
Los reiterados aplazamientos vendrían motivados por la espera de la renovación en próximas fechas de los miembros del tribunal, lo que permitiría contar con una mayoría progresista. Una estrategia dilatoria que levanta ampollas entre las fuerzas ultraconservadoras, que urgen el pronunciamiento judicial. La Asociación de Abogados Cristianos también presentó una querella por "retardo malicioso".
Los magistrados, en todo caso, son conscientes de los efectos que podría tener una vuelta atrás en la regulación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La tensión por esta cuestión ha sido constante durante casi cuatro décadas después, como podrá comprobarse de nuevo este sábado en Donostia. Dos frentes: el avance en la libertad sexual y reproductiva de mujeres, contra el muro que levanta la cultura católica y conservadora, como se refleja en esos grupos de personas que acostumbran a apostarse en las inmediaciones de las clínicas privadas que practican interrupciones voluntarias de embarazo.
"Hay un riesgo real de retroceso"
Desde Emakunde no ocultan su preocupación. "Venimos advirtiendo del peligro de la expansión de ideas ultraconservadoras en todo el mundo, poniendo en cuestión derechos conseguidos, un riesgo real de retroceso. En muchos casos, se ha banalizado la expansión de estas ideas, pero vemos que sus efectos son reales", alerta Landaida.
Una cuestión que también ha llegado esta semana a las Juntas Generales de Gipuzkoa. Todos los grupos -salvo el PP- han aprobado un texto en el que muestran su "rotundo rechazo" ante cualquier manifestación de grupos ultracatólicos, antiabortistas o de naturaleza similar "que conlleve el acoso e incitación", de tal modo que suponga "un retroceso en los derechos ya consolidados de las mujeres. Han dejado bien clara su oposición a toda acción que pueda "intimidar o coaccionar en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo".
Desde Emakunde lamentan la "facilidad" con la que se arremete "contra los derechos de las mujeres". También contra las garantías jurídicas y sanitarias que supone la legalización del aborto. "La despenalización no supone obligar a abortar a nadie sino ofrecer garantía jurídica y sanitaria a quien decide interrumpir su embarazo", subraya Landaia. Un derecho recogido en la ley vigente, sobre la que hay un fallo judicial pendiente.
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