No todos quienes integran la comunidad internacional se hacen de la vista gorda con respecto a los excesos cometidos por el régimen borbónico franquista en contra de quienes considera "enemigos de la Sacrosanta Unidad de la España Una Bajo Dios", afortunadamente.
Ejemplo de ello son los juristas europeos integrados en el ELDH.
Aquí lo que nos informa Naiz acerca de su postura en relación al esperpéntico macroproceso 13/13.
Adelante con la lectura:
Juristas europeos, preocupados por la persecución a abogados vascos tras la sentencia del 13/13
La Asociación Europea de Juristas ELDH ha reaccionado a la sentencia de la Audiencia Nacional española que condena a prisión a los letrados Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi y Naia Zuriarrain y ha denunciado que se vulneran los llamados Principios de La Habana.La Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH) ha mostrado su preocupación por que el Estado español «vulnere sistemáticamente» los principios básicos sobre la función de los abogados (Principios de La Habana), después de conocer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el sumario 13/13 que condena a penas de entre 3 y 7 años de prisión a los abogados Jon Enparanta, Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y Naia Zuriarrain.
Según estos principios, los gobiernos deben garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencia indebida.
Además, el texto dicta que «cuando la seguridad de los abogados se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones, serán debidamente resguardados por las autoridades». Sin embargo, la asociación ELDH considera que el Gobierno español «amenaza la seguridad de estos abogados por el ejercicio de sus funciones», haciendo referencia a los letrados condenados.
Los principios disponen además que «los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como resultado del desempeño de sus funciones». El organismo internacional apunta que los gobiernos están obligados a eliminar los obstáculos a la actividad profesional de los abogados y deben prevenir cualquier tipo de acoso o injerencia ilícita contra los abogados.
Por ello, a ELDH le preocupa que en este juicio se hayan producido «claras violaciones»: vulneración del derecho básico a la defensa, derecho a las garantías judiciales, tutela judicial efectiva y vulneración del principio non bis in idem.
ELDH se solidariza con sus compañeros vascos y pide al Gobierno español que libere a estos abogados y ponga fin a su enjuiciamiento, al igual que ya pidió el año pasado que suspendieran el propio juicio.
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