Fondos Públicos para el Expolio

Lo dicho, es un expolio en toda regla.

Nos referimos a los costes en los que incurren las familias de las víctimas del terrorismo de estado español en su intento porque sean reconocidas como 'víctimas del terrorismo'.

Noticias de Gipuzkoa nos informa que esta mecanismo es tan conocido que inclusive se dotó a Egiari Zor con un presupuesto etiquetado precisamente para aliviar la carga económica que de otra manera recaería en las familias de las víctimas.

Pero ojo, se trata de dinero público, o sea, dinero que ingresa a las arcas verbigracias a los aportes que lleva a cabo la ciudadanía de las tres herrialdes que componen la CAV.

Todo un expolio colonial pues, para que se entienda.

Aquí la información:

El Gobierno Vasco concedió 180.000 euros a Egiari Zor para pagar costas

La familia Zabala tiene la opción de recurrir a la fundación ante los 9.000 euros que le pide la justicia

Que se haya hecho público que la justicia ha hecho pagar las costas a los familiares de las víctimas de los GAL ha vuelto a poner sobre la palestra la doble victimización que sufren. El daño moral que han recibido es difícil de reparar pero, a nivel económico, tienen un mecanismo a su disposición para cubrir esos gastos.

En concreto, el Parlamento Vasco, en sesión de 28 de junio de 2018, aprobó la proposición no de ley 79/2018 por la que se mandata al Gobierno Vasco a "aprobar una línea de ayudas que mitigue la revictimización y la carga económica añadida" derivada del recorrido administrativo y judicial que un número importante de víctimas de los GAL, Batallón Vasco-Español y otros grupos de extrema derecha se han visto obligadas a realizar ante la negativa a indemnizarlas y equipararlas al resto de víctimas del terrorismo.

Para hacer cumplir ese mandato, el Consejo de Gobierno, en sus sesiones de 19 de noviembre de 2019 y 9 de diciembre de 2020, aprobó conceder a Egiari Zor Fundazioa sendas subvenciones directas por importe de 80.000 y 100.000 euros para "financiar los gastos derivados por asistencia jurídica a las personas que siendo víctimas del terrorismo se hayan visto abocadas a la vía judicial para subsanar la injusticia que ha supuesto la denegación de la indemnización, siempre que estas víctimas no hayan sido condenadas mediante resolución judicial firme por haber participado en la delincuencia organizada o haber pertenecido a una organización que haya perpetrado delitos violentos".

A esta vía se puede acoger la familia de Joxi Zabala. Felipa Artano Sagastume, madre de Joxi, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL junto a Joxean Lasa en 1983, se ha visto en la tesitura de tener que hacer frente a las costas del recurso contra la decisión de que sus familias no recibieran la indemnización complementaria prevista en la ley de víctimas del terrorismo. En concreto, la Audiencia Nacional ha impuesto a Felipa el pago de 9.256,02 euros. Toda esta polémica se remonta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que avaló que los familiares de Lasa y Zabala quedaran excluidos de esas ayudas, aunque ninguno de ellos llegó a ser condenado por pertenencia a ETA.

La fundación Egiari Zor constató una veintena de casos en esta situación por los recursos al tribunal europeo de Estrasburgo, lo que se traduce en más de 100.000 euros en costas. En cualquier caso, esta fundación ya precisó que durante todo este proceso han tenido el acompañamiento, ayuda y asesoramiento de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco. También en los presupuestos de este año, en las cuentas de 2022 aprobadas por el Parlamento Vasco, se consigna una subvención nominativa para Egiari Zor.

El Tribunal Constitucional rechaza indemnizar a las familias de Joxean Lasa y Joxi Zabala porque en la sentencia en la que fueron juzgados los autores de su secuestro y asesinato se afirma que los dos jóvenes guipuzcoanos eran miembros de ETA, algo que se dio por sentado sin un juicio que los hubiera condenado. 

°