Madrid continúa retando la legalidad europea en el caso Atristain.
Esto es lo más reciente que nos informa Naiz:
La Fiscalía intenta frenar la revisión de la condena a Atristain por el Supremo
La Fiscalía se ha opuesto al recurso de Xabier Atristain para que su condena sea revisada tras la sentencia firme de Europa que le da la razón. Y también plantea en el mismo que no haya una aplicación general y automática del criterio de Estrasburgo, seguido ya por la AN en dos casos.
Ramón SolaEl caso de Xabier Atristain está cerrado en Europa, dando la razón al exprisionero vasco, pero paradójicamente no en el Estado español. La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha posicionado en contra del recurso preceptivo para que se revise su condena en función del dictamen de Estrasburgo.
En el texto, además, el Ministerio Público se opone a aplicar de forma general y automática la doctrina fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este caso, y que puede resumirse en que no caben condenas que tengan como única prueba inculpaciones o autoinculpaciones arrancadas en la incomunicación, sin defensa jurídica.
El TEDH, con sede en Estrasburgo, dictaminó en enero que no permitir a Atristain disponer de defensa jurídica durante la incomunicación supuso una vulneración de sus derechos. Fue excarcelado por ello en febrero, tras haber pasado casi doce años preso tras la detención por la Guardia Civil en octubre de 2010.
Una vez que la Abogacía del Estado ha recurrido ante Estrasburgo y el Tribunal Europeo ha ratificado la sentencia, hay dos consecuencias a seguir en este caso: un primer proceso que debería llevar a la revisión de la condena contra Atristain, en el Supremo, y otra dinámica a debate más amplia, puesto que es evidente que hay muchos casos análogos a este, en que presos vascos han sido condenados sin más pruebas que las obtenidas ilegalmente.
En este contexto, este jueves ha trascendido por agencias que la Fiscalía del Supremo se opone al recurso de Atristain para que el Supremo dé carpetazo a la condena y entra a ambas cuestiones. Sobre el caso particular, insiste en que había más pruebas al margen de su declaración policial, si bien Estrasburgo ha dejado claro que la prohibición de elegir abogado «socavó la equidad del proceso penal». Y sobre la cuestión general, esgrime que no cabe hacer una aplicación automática general de la sentencia de Estrasburgo, sino en su caso análisis individualizados, caso por caso.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya ha dictado dos absoluciones haciendo suyo el criterio utilizado por Estrasburgo en el caso de Atristain y aceptando que existe una nueva «jurisprudencia»: la de Gorka Palacios y la de Juankar Iglesias, ambos presos todavía por otras condenas.
En el trámite previo
El Supremo tiene que decidir ahora sobre la revisión de condena. Y para poner en marcha este procedimiento el primer paso es solicitar al propio Alto Tribunal español permiso para solicitarla. Es este punto inicial en el que la Fiscalía ha puesto ya pie en pared, intentando sostener lo que Estrasburgo ha anulado.
Su posición supone obviamente desatender la decisión europea, que deja clara la vulneración de derechos sufrida por Atristain. Y también pone en tela de juicio la jurisprudencia del Supremo, que es clara sobre la imposibilidad de dictar condenas si no ha habido derecho de defensa, como deja bien sentado Europa.
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