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miércoles, 11 de mayo de 2022

El Criminal Álvaro Uribe

Retomamos por un momento el complicado escenario colombiano para compartir con ustedes este artículo de Naiz en el que se comparte información referente a los muchos crímenes cometidos por uno de los grandes amigos y aliados de José María Aznar, el colombiano Álvaro Uribe.

Adelante con la información:

La Comisión de la Verdad acusa al Gobierno de Uribe de «crímenes de guerra y lesa humanidad»

La Comisión de la Verdad de Colombia ha concluido en su último informe que los la muerte de civiles y desapariciones forzadas entre los años 2002 y 2008, bajo el mandato del expresidente Alvaro Uribe, son «crímenes de guerra y de lesa humanidad» cometidos por el Ejercito.

Los «falsos positivos», como se conoce en Colombia a la muerte de civiles a manos de militares, fueron parte de una política de Gobierno aplicada entre los años 2002 y 2008, durante el mandato de Álvaro Uribe. Así lo recoge el informe que entregará la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio, en el que alerta de «crímenes de guerra y de lesa humanidad» cometidos por el Ejecutivo de Bogotá.

En un acto en el que participaron familiares de jóvenes de Soacha, población aledaña a Bogotá, Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, destacó que «los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales en su periodo de exacerbación entre 2002 y 2008 se cometieron como parte de una política de Gobierno, que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad».

Los victimarios eran militares, que contaron con la ayuda de otras instituciones del Estado como los grupos Gaula (grupos antiextorsión y secuestro), la Armada, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), la Justicia Penal Militar y el Consejo Nacional de la Judicatura, y también entidades no estatales como empresas multinacionales y grupos paramilitares.

«Las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente, de guerrillas sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados», detalló Valencia.

Además, según la Comisión, el «modus operandi» de las ejecuciones extrajudiciales trajo como consecuencia la «implementación de una cadena de acciones fraudulentas, antes, durante y después de la realización del crimen, en las cuales llegaron a participar de forma consciente efectivos de todos los rangos de la Fuerza (Pública)».

Por último, Valencia dijo que a pesar de que en la segunda mitad de los años 90, organismos internacionales advirtieron sobre estos hechos y que, además, Estados Unidos contaba con información que establecía que la práctica del "body count" (recuento de cadáveres) se estaba llevando a cabo en Colombia, esas denuncias «no fueron tomadas en cuenta para frenar las dinámicas que llevaron a su ocurrencia».

«Insólita y calumniosa»

El partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Uribe, salió en defensa de su jefe y calificó de «insólita y calumniosa» la declaración de Valencia. Y el propio Uribe dijo que denunciará a la Comisión de la Verdad, surgida del Acuerdo de Paz y que busca, entre otras cosas, relatar a detalle lo ocurrido durante décadas de conflicto.

Según los datos proporcionados por la Comisión, existen más de 6.400 víctimas entre los años 2002 y 2008 en Bogotá y Soacha, una cifra que aseguran que podría ser mayor, ya que es preliminar y «puede tener variaciones en el futuro».




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