Entrevista a Ekhiñe Atorrasagasti

El terror del franquismo permanece atado y bien atado en las instituciones de la "España democrática".

Como muestra, lo que están haciendo con los familiares de los fallecidos durante el alzamiento fascista que iniciase en 1936 y cuyos restos fueron utilizados para rellenar las fosas de ese monumento al españolismo más execrable conocido como El Valle de los Caídos.

En ese contexto, traemos a ustedes esta entrevista desde las páginas de Naiz:

«Las solicitudes de exhumación del Valle de los Caídos pueden perderse en el laberinto»

Ekhiñe Atorrasagasti Ugarte | Familiar de una persona allí enterrada | El proceso judicial impulsado por una veintena de familias vascos para recuperar los restos de sus allegados incrustados en los muros del Valle de los Caídos ha sido difícil desde el primer momento, relata Ekhiñe Atorrasagasti, que comenta a NAIZ Irratia el auto que suspende la licencia de obras.

Amaia Zurutuza

Transcurridas menos de 24 horas desde que el jueves se diera a conocer el auto judicial por el que se ha suspendido de forma cautelar la licencia de obras municipal para comenzar con las labores de exhumación en el Valle de los Caídos, Ekhiñe Atorrasagasti Ugarte todavía no tiene constancia oficial de esa decisión.

Ella ha suscrito una de la veintena de solicitudes para que los restos de sus familiares sean exhumados y entregados a sus familiares. Entrevistada este viernes en NAIZ Irratia, señala que, como ha ocurrido hasta el momento, espera que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática les informe rigurosamente del estado del proceso. Entiende que «necesitará su tiempo» y señala que el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado sobre la decisión de la jueza Eva María Bru Peral, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid.

La jueza argumenta que se podrían producir daños «irreparables» si se inician las obras, como había indicado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, un grupo ultraderechista que recurrió la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y que también apela a «respetar el sagrado reposo eterno» de los enterrados en el Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familiares.

¿Cuál es su primera valoración sobre este auto judicial?

No es una sorpresa. A nadie le coge por sorpresa este tipo de actuaciones. Ya sabemos qué papel juegan las distintas administraciones de la Justicia española actualmente, al igual que vienen haciendo en las últimas décadas. Lo que resulta llamativo son los argumentos que utiliza la jueza.

En cuando a los daños materiales que se pueden producir... por un lado tiene razón. Hay que recordar que son cerca de 34.000 cuerpos y, al igual que ocurre con los faraones enterrados en las pirámides, los lugares donde reposan están totalmente aislados y cerrados. Tú no puedes entrar allí como en un cementerio, donde puedes localizar los restos con su nombre.

Allí están tapiados y sellados, en las paredes laterales; podríamos decir que esos miles de huesos forman parte del edificio. Por tanto, ¿qu se producirán daños en la estructura? Sí, afortunadamente sí, provocará daños, porque eso quiere decir que en esta inmensa fosa, sin parangón en el mundo, se podrá abrir y sacar los restos. Hay que abrir el acceso a algunas galerías, algo similar a como se hace en arqueología cuando se realizan excavaciones.

Y también es interesante cuando dicen que hay que ‘respetar el sagrado reposo eterno’, porque una de las condiciones que en su día Patrimonio Nacional pidió a las familias era conocer si teníamos otro sitio para volver a enterrarlos; si esos restos iban a seguir teniendo un lugar adecuado para su reposo.

El Valle de los Caídos fue una obra que se hizo para garantizar el reposo eterno de Franco y la culminación de esa obra fue llevar allí todos estos cuerpos.

Tampoco sorprende que quieran paralizar este proceso. Es evidente que no se trata de la necesidad de conservar una obra arquitectónica, sino una fosa común gigantesca. Y comenzar a sacar de ahí los huesos quiere decir que, poco a poco, caerá el último bastión que glorifica al régimen.

Por otro lado, en este proceso hay muy pocas familias personadas. (...) Cuando allí hay tantos y tantos cuerpos, la petición de una veintena de personas para exhumar solo a 20 tiene un punto de verguenza ajena. Creemos que nuestra iniciativa debería servir para abrir el camino para trasladar más cuerpos. No se trata solo de que tengamos una necesidad personal, sino que también queremos que sirva para completar y fortalecer la memoria colectiva.

En este sentido, hay que recordar que el Valle de los Caídos terminó de construirse a finales de los años 1950, casi dos décadas después de terminada la guerra. Y entonces los cuerpos fueron sacados de los cementerios municipales y llevados allí, como en el caso de nuestro familiar, transcurridos casi 30 años desde que falleciera.

Montaron una operación de Estado para llevar allí miles y miles de cuerpos y formar la gran tumba de Franco. En eso hay algunas responsabilidades por determinar, habría que investigar quién dio los permisos para realizar esa gran operación. Y habría que darle la vuelta a eso, con una operación para devolverlos a sus lugares de origen y que esto no que quede en manos de unas pocas familias.

Comenta que quieren abir un camino para otros familiares y parece que lo están logrando. ¿Qué pasos cree que hay que seguir para sacar adelante este proceso judicial?

Por un lado, ya hay leyes de memoria histórica en algunas comunidades; por ejemplo en Nafarroa ya la tienen, en la de Aragón han incluido un artículo propio sobre el Valle de los Caídos, está la que ahora se está debatiendo en Madrid [en el Congreso de los Diputados]… Es necesario que los ayuntamientos de aquí puedan seguir una pauta, que las administraciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa impulsen una ley similar.

Unido a esto, actualmente a los familiares se nos pide que hagamos una solicitud concreta a título individual y es necesaria la ayuda de las instituciones, al menos para que hagan un llamamiento para ampliar el número solicitudes.

No es muy normal que, habiendo allí 2.000 vascos, solo unas pocas familias hayan presentado la solicitud, son muy pocas las que han dado las muestras de ADN necesarias. Este es un proceso muy difícil en sí para las familias a nivel particular, con un proceso genético por medio, que puede durar muchos años. Por ello, las instituciones tendrían que implicarse directamente.

Además, hay que colocarlo en el contexto de una investigación general, no solo como una cuestión de necesidad emocional; también es una tema de dignidad. Lo que hicieron fue poner un montón de huesos junto a Franco, llevados desde Euskal Herria y otros puntos del Estado. Mantenerlos allí es inaceptable.

Más allá de la carga simbólica, tiene una carga política importante. Si en verdad queremos llegar a esa denominada salud democrática, esta causa judicial tiene que ser decisiva, ya que ese sector que todavía sigue glorificando a Franco en el Estado y un amplio sector de la derecha mantienen su bastión. Y, de alguna manera, supondría que, después de perder la guerra, se ha ganado esta batalla.

Queda mucho trabajo por hacer, pero los trámites están en marcha, las peticiones de exhumación, las pruebas de ADN… ¿Cree que todo puede quedar interrumpido por esta decisión judicial?

El proceso está siendo difícil desde el primer momento, por eso he señalado que podría ser diferente si ocurriera como en su día hicieron varios alcaldes de la Ribera navarra, que se personaron allí y se llevaron los féretros a sus pueblos. No hubo proceso arqueológico ni proceso genético. Hay formas de hacer las cosas por vías más rápidas.

En cambio, qué es lo que está pasando en nuestro proceso: se ha hecho una licitación de obra, hay que ver si se cumplen las condiciones de seguridad de los trabajadores, hay que montar una estructura para abrir los accesos… Una vez hecho todo eso, habrá que ver si los números de todos los féretros colocados en ‘nuestro columbario’ siguen intactos. Hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos se construyó con un cemento bastante malo, está lleno de goteras, gran parte de la madera está podrida… Y, si después de todo, logran localizar el ataud y tiene el número que buscan, entonces entraremos en el proceso forense-genético. Es decir, que esto puede durar años, por lo que nos encontramos ante un proceso bastante laberíntico, al menos si no se toman otras decisiones políticas.

Visto lo visto, si no ocurre eso y las instituciones públicas no intervienen, las solicitudes que hemos hecho las familias pueden perpetuarse en el tiempo, perderse en el laberinto jurídico y administrativo. Y si esto siguiera así, los familares más cercanos que están personados, quienes han dado las muestras de ADN, van cumpliendo años, y podría suceder que cuando este proceso concluyera ya no lo vieran ni la primera ni la segunda, sino la tercera generación. Hasta ese punto hemos llegado.

 

 

 

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