Continúa la incansable labor por parte de quienes quieren ver superadas las consecuencias más funestas del conflicto generado por la anacrónica ocupación de Euskal Herria por parte de Madrid y París.
Es así como hasta Ginebra se han acercado diferentes colectivos vascos, catalanes y galegos a dar a conocer la situación que guardan los presos políticos, auténticos rehénes de dos estados que han llevado hasta el extremo más ridículo aquello del derecho de los estados a ejercer la violencia.
Lean ustedes lo que nos informa Naiz:
Colectivos vascos, junto a catalanes y gallegos, han comparecido hoy en Ginebra para presentar los informes de vulneración de derechos humanos que han presentado en la comisión correspondiente de la ONU. Sare ha denunciado la situación de excepcionalidad que viven los presos vascos.«La persistencia en el Estado español de una excepcionalidad antiterrorista que ha invadido la actuación policial, penal y penitenciaria y que a día de hoy persiste sin ninguna expresión de violencia política que podría servirle de excusa» es el hilo conductor de las alegaciones presentadas por los colectivos vascos ante la comisón de Derechos Humanos de la ONU, según ha explicado en Ginebra, Begoña Atxa, de Sare.En Ginebra han estado también representantes de Etxerat, Asociación de Abogados Eskubideak, Eleak-Libre Mugimendua y Behatokia. Junto a ellos, han acudido la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Institut de Drets Humans de Catalunya, Col.lectiu Praga de Professors de Dret, Grup de Periodistes Ramon Barnils y la europdiputada del BNG Ana Miranda.Atxa ha recordado que la política de dispersión tiene efectos negativos en las familias de los presos y que «no tiene base legal, siendo contraria a la normativa interna, del Consejo de Europa y de la ONU que abogan por el arraigo del preso y su proximidad a su lugar de origen y entorno familiar».«Esta política supone una carga física, psíquica y económica insostenible para el entorno familiar», ha añadido Atxa, que ha recordado que 16 personas han muerto como consecuencia de la dispersión.Junto a ello, Atxa ha denunciado la situación de los presos gravemente enfermos, «que siguiendo la ley penitenciaria ordinaria, deben acceder a la libertad, solución que se niega ilegítimamente».La representante de Sare ha mencionado también las trabas al cómputo de penas ya cumplidas en otros estados, a la aplicación del régimen más dura de los contemplados por la legislación penitenciaria para impedir el acceso a la libertad condicional.Asimismo, Atxa ha mencionado el caso de Altsasu, la Ley Orgánica 4/2015 que «genera un claro incremento de los abusos policiales y de la vulneración de derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de prensa».También ha alertado sobre la «persecución a defensores de los derechos humanos y activistas de apoyo profesional y solidaridad con las personas presas, que realizaban una actuación pública, transparente y pacífica».Por ello, ha solicitado «una intervención de la comunidad internacional para realizar una transición de este tipo de políticas excepcionales y medidas antiterroristas a una legalidad que promueva la paz y la convivencia en nuestro país, Euskal Herria».
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