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martes, 17 de diciembre de 2019

Jeltzales Condenados

Vaya vaya vaya, los del "suelo ético" acaban de escarbar más bajo. Ya ven lo que dice Urkullu al respecto, tan recto y honorable él.

Aquí lo que se nos reporta desde El Correo:


La Audiencia Provincial de Álava condena a Alfredo De Miguel a 13 años de prisión (9 de cumplimiento máximo), a Aitor Tellería a seis y a Koldo Ochandiano a casi siete

Adolfo Lorente

Golpe al PNV. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 13 años y tres meses de cárcel y al pago de 351.000 euros en multas a Alfredo de Miguel, ex diputado de Administración Local y ex 'número dos' de los jeltzales en el territorio, por varios delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental,y prevaricación. Pasará un «máximo» de nueve años en prisión. El varapalo no queda aquí ya que también han sido condenados sus socios en la trama (crearon la empresa pantalla Kataia Consulting) y exdirigentes jeltzales Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. El primero, a 6 años de prisión y 6 meses y una multa de 180.000 euros; y el segundo, a 7 años y 6 meses (con un cumplimiento máximo de 6 años y nueve meses), además de 182.000 euros en multas. También han sido condenados a varios años de inhabilitación, lo que provocaría que dejen sus puestos de trabajos actuales, algunos en sociedades públicas.

El tribunal, presidido por Jaime Tapia, considera probada la existencia de una trama organizada por los condenados para el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos y la adjudicación a dedo de concursos licitados por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco liderado entonces por Juan José Ibarretxe. En declaraciones a los medios de comunicación tras la lectura del fallo, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha considerado que "el elemento definitorio es el delito de asociación ilícita". "Era una trama destinada a cobrar comisiones, es lo que dice la sentencia. Creo que la sentencia habla por sí misma", ha recalcado.

El fallo es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Su impacto político y social es tal que su sucesor, Iñigo Urkullu, ha comparecido a mediodía en Lehendakaritza para pedir perdón, reprobar la actitud de los condenados y matizar, eso sí, que esto no tiene nada que ver con el partido, sino con actitudes "particulares". No hay que olvidar que cuando estalló el caso hace ahora diez años, Urkullu era presidente del EBB del PNV y tuvo que exigir a los entonces imputados la devolución del carné del partido. "Tolerancia cero con la corrupción", zanjó.

Además de De Miguel, Ochandiano y Tellería, también ha sido condenado Xabier Sánchez Robles, antiguo director del Departamento de Juventud del Ejecutivo autonómico, a siete años y un mes de cárcel por su influencia en la adjudicación de contratos a empresas de la trama. Su papel, según el fallo, sería el de una suerte de caballo de Troya para los principales acusados. Pese a todo, las condenas son sensiblemente inferiores a las que solicitaba la Fiscalía. Para De Miguel, por ejemplo, pedía 29 años y 9 meses. Para su mujer, Ainhoa Bilbao, ha sido condenada a un año y seis meses de prisión, misma pena que la esposa de Koldo Ochandiano, Iratxe Gaztelu Urrutia. Además, cada una deberá pagar multas por valor de 178.000 euros por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Por contra, la de Tellería, Araceli Bajo, ha sido absuelta.

La sentencia cierra un largo y polémico proceso judicial, que se prolongó a lo largo de casi todo 2018 y en el que se ha juzgado a 26 personas por diversos delitos cometidos entre 2005 y 2009, de las que finalmente han sido absueltas once. Entre ellos al exviceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco, Gurutz Larrañaga. Además de Araceli Bajo, las otras personas que han sido absueltas son Miren Bilbao, Aintzane de Miguel, Prudencio del Hierro, Estíbaliz Arruti, Gorka Errasti, Francesc Fernández, Plácid Casas, Joaquin Sabater y Ramón Tomás.

El fallo, de más de mil folios, es contundente. Entre los hechos probados, relata cómo «los acusados, D. Alfredo de Miguel Aguirre, Aitor Tellería Lambarri y Koldo Ochandiano Gredilla, en el segundo trimestre de 2005, idearon la creación de una red societaria y personal organizada en torno así mismos para aprovechar las relaciones políticas y/o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al Partido Nacionalista Vasco (PNV)«. Para ello, detalla, «contaron con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, quienes se pusieron al servicio de su plan para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

«Dicha red societaria y personal estaba dirigida, básicamente, a obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el partido en el que militaban (PNV), ya fuera para empresas vinculadas a ellos, como 'Kataia', o para terceras personas o empresas con las que mantenía relación o vinculación de una u otra manera 'Errexal' y 'Ortzi Muga'), estando todas ellas íntimamente ligadas o relacionadas entre sí (...) llegando a cobrar o percibir en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realmente hechos".

Otros condenados

Por otra parte, los jueces han fijado para el por su participación en las operaciones relacionadas con el parque tecnológico de Miñano. El arquitecto , contratado para la ampliación del centro de empresas del Norte de Vitoria, ha sido condenado a un año y medio. El gestor cultural tendrá que hacer frente a una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, mientras que su socio también tendrá que hacer frente a una pena de cinco años y tres meses. La exalcaldesa de Zambrana, Justi Angulo, ha sido inhabilitada por nueve años pero no tendrá que hacer frente a ninguna pena de cárcel.

Josu Arruti Letemendia, uno de los acusados que en el transcurso del juicio que reconoció parcialmente los hechos que se le imputaban -afirmó la existencia de comisiones ilegales-, ha sido condenado a 15 meses de prisión por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y por un delito contra la Hacienda pública. Además, deberá abonar una multa de 80.500 euros. Su padre, , ha sido condenado a nueve meses por un delito contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales, por lo que también deberá pagar más de 145.000 euros de multa.

Cómo estalla el caso

El origen del 'caso De Miguel' data del 2 de diciembre de 2009, aunque salió a la luz pública el 17 de marzo de 2010 con la detención del entonces diputado de Administración Local, número tres de la Diputación y el hombre llamado a ser el futuro presidente del PNV en el territorio. Aquel día, la Ertzaintza detiene a Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Otxandiano y sus esposas. Todo estalló tras la denuncia de la abogada Ainhoa Alberdi, que desveló al fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que había sido víctima de una extorsión del propio De Miguel, que le pedía una mordida 100.000 euros a cambio de un contrato en el parque tecnológico de Miñano. Sin embargo, elexdiputado ha sido absuelto del delito de coacciones que se le imputada, además de otro delito continuado de tráfico de influencias en el bloque denominado 'contratos de la Diputación Foral de Álava".

Esto solo fue el principio de una macrocausa dividida finalmente en 12 bloques correspondientes a otras operaciones bajo sospecha. La denuncia de Alberdi fue el hilo del que tirar ya que fue surgiendo una ramillete de empresas involucradas en presuntos pelotazos urbanísticos, como el de Zambrana, cifrado en 65 millones de euros. Así lo confesó en el juicio el intermediario Josu Arruti, compañero de partido y amigo de De Miguel, que habló de mordidas por valor de 161.000 euros. Tras pactar con el Ministerio Público, ha sido condenado a 18 meses de prisión. Los pagadores, de la promotora catalana Construcciones Riera, reconocieron también los hechos.


La visión de Tasio:







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