¿Fín del Diálogo?¿Qué Diálogo?

Este escrito ha sido publicado en inSurGente:

Euskadi: Balance a ocho meses del alto el fuego

Antón Corpas

Moncloa, en lugar de generar las condiciones adecuadas se ha dedicado a construir las condiciones adversas para el diálogo, en una estrategia que parece dirigida a ganar tiempo, desganar a ETA y la izquierda abertzale, y desdibujar la negociación. Llenar el puente de obstáculos para negociar los obstáculos y no el paso al otro lado.

Los fantasmas de Argel

Mas allá de lo que sabemos, de lo dicho, de lo secreto y de lo secreto a voces, en el proceso de diálogo abierto en Euskadi desde marzo pasado, existen y se infiltran intereses, actitudes y factores, que no son nuevos, y que corresponden a determinadas líneas de continuidad históricas. La estructura actual es diferente a Lizarra-Garazi pero muy similar a la etapa argelina. En 1998 la relevancia y el impulso estaban en el acuerdo entre el nacionalismo conservador y socialdemócrata (PNV y EA) y la izquierda abertzale, con una perspectiva de «construcción nacional». Hoy como en 1989, las conversaciones se enmarcan en el diálogo directo de la izquierda abertzale con el gobierno y el partido en el poder, señalando un camino de mutuo reconocimiento entre los distintos sectores políticos y sociales de la sociedad vasca.

Con estas diferencias, las rupturas del 89 y el 98 coinciden en la importancia que en cada una de ellas ha jugado la relación entre el secreto, la transparencia y la plasmación de lo acordado. Algo que, por otra parte, suele ser decisivo en cualquier negociación política del tipo que sea.

Hay que decir que ETA, al reabrir el 4 de abril de 1989 todos los frentes armados después de numerosos movimientos, treguas cortas y ultimatums en un brevísimo periodo, actuó con una precipitación fruto de la inseguridad y el miedo, pero también y sobre todo, de una fundada desconfianza. Nada mas empezar las conversaciones, al dar a conocer los primeros acuerdos producto de mas de 30 horas de negociación ininterrumpida, el Gobierno desconoció públicamente lo firmado por Rafael Vera y Juan Manuel Eguiagaray. En lo que respecta a la ruptura del 98, que se puede considerar tanto o mas apresurada y errática, la desconfianza de ETA respondía a razones casi idénticas, en aquel caso sobre el incumplimiento de los acuerdos por parte del PNV.

Hoy, las evasivas y la indefinición que desde marzo de 2006 son en el único método y la única propuesta de Ferraz y Moncloa, no muestran, desde luego, que el PSOE haya hecho una reflexión autocrítica sobre su papel en la decepción de 1989. Sí en las conversaciones secretas se han alcanzado frutos y coincidencias, se comprobará o habrá que descartarlo en un futuro mas o menos inmediato. Pero eso, a priori, no significa nada cuando, como dicta la experiencia de Argel, es en la arena pública donde se mide la firmeza, la voluntad y la adhesión de las partes a los compromisos adquiridos.

Por su parte, el PNV, que reparte críticas pero no adquiere compromisos que superen la declaración de intenciones, parece mas preocupado por los votos en disputa y la conservación de su área de influencia que por la apertura de espacios. Un trayecto en el que el protagonismo pertenece, por un lado al PSOE y la izquierda abertzale, y por otro al Gobierno y ETA, puede cuestionar tanto la apuesta estatutaria en su conjunto como la hegemonía simbólica, institucional y electoral de los de Josu Jon Imaz. Esto no llevará hoy a que la banda jelkide mantenga, como hizo en su momento, una de las posturas mas duras contra la negociación, cuando Arzalluz llegó a declarar que «estamos hartos del tema y de que todo el mundo esté pendiente de Argel» o cuando Anasagasti boicoteaba los acuerdos declarando que «estoy convencido de que el gobierno no ha negociado ese comunicado con ETA». Sin que, afortunadamente, se vayan a repetir aquellas vergüenzas, es mas que previsible que el Gobierno Vasco y el Euskadi Buru Batzar calculen cada movimiento según la relación coste-beneficio, sobre todo teniendo en cuenta que bajo la batuta de Imaz se ha iniciado un repliegue del discurso soberanista y una política fundamentalmente dirigida a conservar la posición institucional del PNV.

Se observan, pues, elementos nada halagüeños, que perfilan un reparto de papeles que ya dio al traste con tres meses de tregua y dos de diálogo político hace 17 años. El miedo del PNV a perder el dominio y el centro de la escena, y la inseguridad del PSOE para controlar el aparato de estado y defender con solidez ante la oposición y ante el sector nacionalista español de su partido, una apuesta real y valiente, son trazos y ecos, recuerdos de Argel.

Un cuadro en el que, por ahora, lo único que marca la diferencia a parte de las diferencias históricas, es el margen y la paciencia de ETA ante a la inoperancia y la ambigüedad gubernamental. Lo que indica que su dirección y sus militantes sí han hecho un repaso y sacado conclusiones de etapas anteriores, y un elemento de legitimidad que, entre otros, deberán tener en cuenta y utilizar con habilidad, antes de tomar cualquier decisión.

Entre el espíritu de Ermua y el fraude polimili

No obstante, el gobierno inscribe la espera de ETA dentro de una percepción distinta, de otra mentalidad y de hipótesis muy diferentes sobre la situación política, los fines, los medios y el alcance de una eventual negociación. Para Rubalcaba y Zapatero, el silencio armado después de mas de ocho meses sin resultados palpables, no será una muestra de voluntad sino de debilidad. Y con un enemigo débil solo cabe formalizar una derrota. Esto, por cierto, taimado y matizado, es compartido por la dirección del PNV cuando plantea «como exigencia democrática que el diálogo resolutivo para el final del proceso no sea consecuencia de la violencia, sino de su cese». Hoy por hoy, la derrota de ETA en particular y de la izquierda abertzale en general, es la condición sine qua non que une a PSOE y PNV en este camino.

Dicho esto, mientras la posición peneuvista se mide en un interés político y temporal, en el caso del PSOE, la figura de «la victoria» tiene mayor calado ideológico e histórico. Sí tomamos en serio las declaraciones y las formas gubernamentales de los últimos meses, es necesaria una reinterpretación de que ha significado el cambio de gobierno, y de cuales son las diferencias sustanciales entre la era Aznar y el talante de Zapatero, y para ello hay que acudir al «espíritu de Ermua». Lo que durante estos años se ha venido a llamando así, no era otra cosa que una vía aniquilacionista para el conflicto vasco­español: el acorralamiento del nacionalismo en general y la persecución y la ilegalización sistemática de la izquierda abertzale y la disidencia vasca hasta su destrucción.

Tanto quienes desde dentro como desde fuera de Euskadi hemos confiado en la viabilidad de una resolución política, hamos valorado la vía aniquilacionista como un fruto de la hegemonía del PP, del asesinato de Miguel Angel Blanco y la ruptura de la tregua en 1998, un clima que se iría diluyendo dentro de una perspectiva de paz. Pero realmente, ese subproducto político es en estos momentos uno de los fundamentos del consenso entre los partidos constitucionalistas. Sí bien el paso de Aznar a Zapatero ha supuesto un cambio de formas y una distensión de la carga antinacionalista, la destrucción de la izquierda abertzale continúa siendo un objetivo legitimado moral y políticamente por la mayoría de quienes forman el parlamento español y, reconozcámoslo, por una mayoría social en todo el estado salvando Catalunya y la propia Euskadi.

Como afirma el catalán Xabier Bru de Sala «en realidad, Gobierno y oposición podrían no estar tan lejos... Si hacemos caso al PP, ETA debe optar por disolverse sin la menor contraprestación en forma de medidas de gracia, o ser disuelta por las fuerzas de seguridad y el Estado de derecho. No hay mano tendida. Si hacemos caso al PSOE, sí hay mano tendida, pero las condiciones son draconianas» («No tan lejos», La Vanguardia 4/12/2006).

Todavía hoy, el proceso de paz es la vía aniquilacionista por otros medios, al menos para el Gobierno y el PSOE. Una estrategia dirigida, en exclusiva, a alcanzar una fórmula de rendición.

Este objetivo se apoya en el precedente de ETA político­militar, del que en su momento tanto Madrid como el Partido Socialista de Euskadi sacaron importantes réditos, y que es hoy el referente ideal alrededor del que giran las expectativas del partido en el gobierno.

En aquel caso, a partir de una seria división en el seno de los polimilis, una minoría dirigente se erige en interlocutora y acepta unas determinadas condiciones de disolución que luego valdrían, además, para construir parte de la política penitenciaria en materia antiterrorista: arrepentimiento y reinserción, cero negociación política, acatamiento del modelo constitucional y estatutario, e integración en el sistema de partidos políticos.

Es ahí donde quiere llegar y de donde no quiere salir el Gobierno.

El tiempo perdido

Para conseguirlo, Moncloa, en lugar de generar las condiciones adecuadas se ha dedicado a construir las condiciones adversas para el diálogo, en una estrategia que parece dirigida a ganar tiempo, desganar a ETA y la izquierda abertzale, y desdibujar la negociación. Llenar el puente de obstáculos para negociar los obstáculos y no el paso al otro lado.

Este primer periodo, al que le faltan cuatro meses para alcanzar el año de duración, debería haber servido, no para llegar a compromisos políticos firmes, ni siquiera para establecer unos objetivos a medio plazo, pero sí para sentar los medios, las formas, los espacios y los interlocutores. Nada de eso existe.

Nada se ha hecho hasta ahora mas que obstaculizar las condiciones de posibilidad, alimentando un orden de confusión. No se ha formalizado una sola mesa de conversaciones, la izquierda abertzale sigue sometida a persecución judicial y Batasuna ilegalizada por la Ley de Partidos, y agentes fundamentales como el Gobierno o el propio PNV no han pasado de una vaga retórica a la hora de verbalizar objetivos concretos. A eso hay que añadir la persecución de cualquier manifestación pública de la izquierda abertzale, la imputación de dirigentes del PNV y del Lehendakari Ibarretxe, o las denuncias del PP contra el Presidente del Gobierno y los dirigentes del PSE-PSOE, en el flanco judicial del boicot de la derecha española al proceso de paz.

En este aspecto, será difícil encontrar un símil donde la línea de trabajo de uno de los interlocutores, el Gobierno español, sea el auto-boicot. En lugar de emplear los medios a su disposición, derogando la Ley de Partidos, dejando que se cumplan las penas tal y como marca la ley, o acercando a los presos a las cárceles vascas —cada una de ellas medidas perfectamente legales y gestos absolutamente legítimos—, el ejecutivo apuesta por la «Doctrina Parot», una cadena perpetua selectiva que, mediante la invención de delitos y penas ad hoc, prolonga de manera arbitraría e innecesaria el encarcelamiento. Difícilmente pueden coincidir mas las acciones del boicoteado con las del boicoteador.

Así, el clima político, social, mediático y psicológico, generado tras la declaración de «alto el fuego permanente» por parte de ETA el 24 de marzo de 2006, se ha disuelto en la práctica y la política gaseosas del Gobierno y el PSOE. El equipo Rubalcaba-Zapatero y sus fontaneros, están vendiendo la situación actual como un momento neutro, un compás de espera, pero en un trance como este, delicado y decisivo, no existen los tiempos muertos y sí el tiempo perdido.

Derrochados seis meses de alto el fuego, no se sabe muy bien en que ni para qué, los hechos comienzan a pasar factura, no solo en cuanto al estancamiento generalizado de la vía del diálogo, sino también en la correlación de fuerzas dentro del circo político español.

Una vía muerta en un callejón sin salida

La alianza que forman determinados medios de comunicación (COPE, El Mundo, La Razón o Libertad Digital), magistrados conservadores, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el propio PP, han conseguido un margen de maniobra impagable, no solo para desacreditar y sabotear el proceso, sino para recuperar mucho del terreno cedido tras la legislatura de las Azores y las elecciones del 14-M.

Hace unos meses la derecha española estaba al borde de su extremaunción como sujeto político en Euskadi, y a punto de situarse fuera de juego en el terreno político-histórico en una cuestión crucial como el conflicto vasco-español. Solo con tres decisiones —establecimiento de la mesa de partidos, acercamiento de presos a Euskadi y derogación de la Ley de Partidos—, el proceso hubiera comenzado su marcha, por lenta y tortuosa que fuera, y el PP habría tenido que elegir estar fuera o dentro. Al contrarío, el tren parado y el Ministerio de Justicia sembrando de troncos el camino, han sido la tabla de salvación y el terreno propicio para una contraofensiva de la derecha española.

En el pulso entre el gobierno y el PP y sus respectivos entornos sociales, intelectuales y mediáticos, al ejecutivo le quedan tres opciones que se reducen a dos, avanzar en el proceso o abolirlo de palabra o de facto, y cualquiera de los escenarios posibles será favorable al partido del boicot.

Es improbable que sea el ejecutivo quién rompa formalmente el diálogo. Siempre será preferible construir un clima de intoxicación y desconfianza que obligue a la propia ETA a dar el paso. Aún así, si el Gobierno tomara una determinación de esta gravedad acuciado por las fechas o los resultados electorales o por la propia evolución de las cosas, el beneficiario evidente sería el PP. Con el gobierno aceptando de plano un fracaso en la jugada clave para lo que queda de legislatura, a un nivel político y simbólico, le entregaría a la oposición el patrimonio de la razón de estado que ha estado reivindicando para sí desde el 14-M.

Si es ETA la que decide reabrir todos o parte de los frentes de la lucha armada, después de verificar la nula voluntad política y el cenagal en el que ya está el proceso, la derecha española confirmará sus tesis una por una. La teoría de la tregua-trampa o la ratificación de la vía policial como el único camino «frente a los terroristas», adquirirán carta de naturaleza y ofrecerán el contexto propicio para una ofensiva que les devuelva al poder y que detraiga el conflicto, otra vez, a sus peores momentos.

Finalmente, si Zapatero hace los gestos necesarios y significativos, materiales y simbólicos, todo lo que no ha hecho hasta hoy, asumiendo que ni la izquierda abertzale ni ETA se entregarán de manos atadas a un cambalache de «paz por presos y legalización», la derecha militante y mediática podrá decir y explotar que «derrotada policialmente, una torpeza del gobierno permitiría ganar a ETA la batalla política», tal y como afirmaba ABC el 30 de marzo de 1989, en un editorial escrito pocos días antes de romperse las negociaciones de Argel (Iñaki Egaña y Giovanni Giacopucci, «Los dias de Argel», Txalaparta 1992). Llevar a cabo la legalización de Batasuna o la constitución de las mesas de diálogo casi en plena campaña de las municipales, por ejemplo, será todo un banquete para Losantos y compañía.

¿Cómo se ha llegado a una situación en la que, pase lo que pase, la derecha española siempre gana?. El PSOE, Zapatero y el Gobierno, han conducido el proceso al borde del abismo, y a sí mismos a un callejón sin salida. Del aislamiento político y una creciente descomposición y división interna, el PP ha pasado a un momento casi dulce, volviéndole a pisar los talones electorales al PSOE, y de la economía de supervivencia ha pasado al ataque. En la parte que le toca al proceso de paz, es que incluso sí hoy el PSOE apuesta definitivamente y de manera sería por avanzar en el diálogo, puede que sea demasiado tarde.

Según la evolución de los acontecimientos, sí el PP logra dar un salto y un zarpazo electoral, y en el peor de los casos, sí consigue superar al PSOE en cualquiera de las citas electorales del próximo año o posteriormente en las legislativas del 2008, tendrá en sus manos frenar, desandar lo andado o destruir lo construido.

El tiempo dirá, pero desde luego, si se salva lo que queda vivo del proceso no será gracias a la perspicacia de la banda de Zapatero.

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