Si hubiese quedado en manos de Efialtes el parte de la Batalla de las Termópilas ya podemos imaginar la manera en la que Leonidas habría sido retratado.
Pues bien, eso es exactamente lo que ha hecho Iñigo Urkullu, dar el parte de Lakua con respecto a los excesos criminales cometidos por la fuerzas de ocupación españolas durante los duros años de la dictadura, la transición y eso a lo que llaman democracia.
Así pues, resulta que los grandes héroes olvidados son y fueron... los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, obligados a permanecer por décadas en la línea de fuego en defensa de la democracia. Pero es que eso no es todo, resulta que, estos abnegados héroes, además de todo, tuvieron que sufrir el desdén y el ostracismo de parte de aquellos a quienes defendían tan generosamente.
Así lo reporta El País:
El Gobierno vasco reconoce el “aislamiento social” de la policía durante el terrorismo
ETA mató a 357 agentes de seguridad del Estado entre 1960 y 2011
Iker VegaEl Gobierno vasco ha presentado este viernes un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao), sobre la “injusticia” que han padecido los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familiares como “consecuencia del terrorismo de ETA”, que acabó con la vida de 357 de sus miembros. El informe considera “intolerable desde una sensibilidad democrática” la “amenaza que ETA lanzó” contra las fuerzas del orden público que “mediante la intimidación colectiva”, quedaron expuestos a una situación de “aislamiento social”. El texto recomienda hacer un ejercicio de “reconocimiento” que “debe ser público y [...] oficial” e invita a la sociedad vasca a “reflexionar” para construir una “memoria reparadora y empática” por el “sufrimiento” de estas “víctimas inocentes”.
El Gobierno vasco ha hecho suyas las conclusiones del texto “de forma clara y alta”, según ha asegurado este viernes la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. El informe lo encargó en 2020 la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Ejecutivo vasco y tiene de 76 páginas en las que se constata la “vulneración sistemática de derechos fundamentales” que adolecieron policías nacionales y guardia civiles durante 51 años, hasta que la banda abandonó las armas en octubre del año 2011. Dichas vulneraciones afectaron, según lo redactado, al “derecho a la integridad física y moral, a la vida, a la libertad y seguridad, a la circulación y a la libertad de residencia, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de las personas”.
Artolazabal ha afirmado que el objetivo de este estudio es la búsqueda de la “verdad, la memoria y el reconocimiento para llegar a un modelo de convivencia cimentado en los pilares de la dignidad, la no violencia, la no repetición, el pluralismo político, el respeto y el diálogo”. En la misma línea, el documento recoge varias recomendaciones. En primer lugar, “hacer público” el sufrimiento padecido por las víctimas para “recuperar la convivencia democrática” de la población vasca que, continúa, “ha vivido en su seno una enfermedad intolerable”. También reclama considerar “el valor de la diversidad que fue menoscabada por la banda terrorista ETA y su entorno social”. Por último, incide en la importancia de “continuar y potenciar” iniciativas que lleven a las aulas la memoria de los damnificados e “incentivar” la colocación de placas en la vía pública en aquellos sitios donde se produjeron atentados: “Con la labor de reparación de una cultura de convivencia cívica”, expone el texto.
Los autores de la investigación han sido tres profesores de la universidad bilbaína que se han entrevistado con 14 personas víctimas de atentados o familiares de las mismas, todas pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Todas han destacado, junto con el aislamiento social que vivieron, las “quiebras familiares” y “rupturas sentimentales” que padecieron por el “miedo” de sus parejas a residir en el País Vasco. Así como la ausencia de apoyo por parte de la sociedad vasca: “Las personas entrevistadas echaron en falta una mayor empatía del conjunto de la sociedad hacia su condición y sufrimiento”, describe el informe, que también añade el “claro reproche” de las víctimas a los vecinos que ignoraban su situación bajo la premisa del “algo habrán hecho”.
El documento recopila los datos sobre atentados, muertes y heridos como consecuencia de las acciones de ETA. En total, la banda terrorista asesinó a 357 personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La mayoría fueron guardias civiles, 207 —el 58%— y también fallecieron 17 de sus familiares por los repetidos ataques a las casas cuartel donde residían familias enteras. En concreto, cinco adultos, dos adolescentes y 11 niños. Los otros 150 asesinados —42%— fueron miembros de la Policía Nacional. Además, el informe recoge que los atentados de ETA dejaron 711 heridos, el 43% de los cuales sufrieron lesiones que provocaron una “incapacidad permanente total”.
Este trabajo llega después de haberse hecho público otros anteriores del mismo Instituto de Derechos Humanos sobre personas amenazas por ETA, agentes de la Ertzaintza —la policía autonómica vasca—, y la política de dispersión —que consistía en internar a los presos en cárceles alejadas de sus familias—. El próximo año se presentará un estudio sobre las consecuencias de la banda en los funcionarios de prisiones.
Y bueno, como Roma no paga a traidores, ni tardo ni perezoso Carlos Iturgaiz, con su "no ha sido suficiente, llega tarde, queremos más", ha hecho quedar a Urkullu como el tragicómico aguador Gunga Din vascongado.
Lean esto que publican en el portal de la COPE:
Iturgaiz exige al Gobierno Vasco "resarcir" a las fuerzas de seguridad
El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha señalado este sábado que el reconocimiento por parte del Gobierno Vasco de la injusticia vivida por las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) en Euskadi llega "50 años tarde" y ha pedido al ejecutivo autonómico "que pase de las palabras a los hechos" y haga un "resarcimiento" a la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha señalado este sábado que el reconocimiento por parte del Gobierno Vasco de la injusticia vivida por las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) en Euskadi llega "50 años tarde" y ha pedido al ejecutivo autonómico "que pase de las palabras a los hechos" y haga un "resarcimiento" a la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Iturgaiz ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el homenaje a Gregorio Ordóñez, 27 años después de su asesinato a manos de ETA, celebrado este sábado en el cementerio de Polloe de San Sebastián al que ha acudido junto con una amplia representación de su partido.
La consejera vasca de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, reconoció el viernes que la "injusticia" y el "aislamiento social" a los que se vieron abocadas los miembros de las FSE y sus familiares en Euskadi, durante los años del terrorismo de ETA, fueron "intolerables, desde la sensibilidad democrática y desde el respeto a la diversidad social".
Iturgaiz ha indicado que esto es "lo que ha dicho siempre el PP vasco", que ha sido "inmoral e injustificable lo que se ha hecho con la Guardia Civil y la Policía Nacional" en Euskadi.
La declaración "llega 50 años tarde, aunque más vale tarde que nunca", ha indicado el presidente del PP vasco, quien ha instado al ejecutivo de Iñigo Urkullu a "pasar de las palabras a los hechos" con la realización de "un reconocimiento y un resarcimiento" a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que "siguen defendiendo la paz y la democracia en Euskadi".
Iturgaiz ha considerado que este "reconocimiento" debe comenzar por "romper amarras con Bildu-Sortu", un partido en el que "manda ETA sin pistolas" y que "quiere que las FSE desaparezcan" de País Vasco.
"Lo han intentado por activa y por pasiva" y el PP seguirá defendiendo la labor de las FSE "como siempre lo ha hecho", ha indicado.
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