16,843 Euros Malgastados

Les invitamos a leer este texto publicado en Naiz, mismo con el que el autor hace cera y pabilo de los jeltzales por haberse atrevido a malgastar dinero público para dar a conocer un informe con el que no solo busca congraciarse abyectamente con el régimen borbónico franquista, sino que además, abiertamente, pisotea la memoria histórica reciente del pueblo vasco.

Lean ustedes:

16.843 euros para blanquear a las FSE desde que eran FOP

El Gobierno de Lakua ha pagado por el informe que blanquea a las FSE, incluso durante el franquismo, 16.843 euros en dinero y habrá que ver cuánto más en crédito político y democrático.

Iñaki Iriondo

La oración del Credo católico incluye un pasaje en el que afirma que Jesucristo «se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó». Pero la cultura popular recuerda que la historia cambia mucho si se empieza tarde y se dice que «Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó».

Algo de esto ha ocurrido con el ‘Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (1960-2011)’, encargado por Lehendakaritza al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de la Iglesia Deusto –tal y como se le nombra en el contrato público– en el que consta que por él la CAV ha pagado 16.843 euros.

Para convertir a Poncio Pilato en víctima, los redactores del informe arrancan así «el Contexto social y político» que se vivía en Euskal Herria en el periodo 1960-1969: «Octubre de 1959, ETA comete su primera acción armada colocando explosivos de fabricación casera en el diario Alerta de Santander, el Gobierno Civil de Álava y en una comisaría de Policía en Bilbao».

Ninguna referencia a que este país vivía en esa época bajo la dictadura criminal de Francisco Franco, con una maquinaria despiadada de represión política y social que ejercían, en muchos casos con entusiasmo, policías y guardias civiles.

Y esto ocurría desde antes de que naciera ETA o, sería más preciso decir, esta fue una de las causas que confluyeron en el nacimiento de ETA, y que explica las amplias simpatías populares que recabaron los jóvenes militantes y el desprecio social que se granjearon los miembros de las FOP.

No existía ETA cuando tras la huelga del 47 al elgoibartarra Amancio Conde los policías casi le matan de las palizas que le dieron, al igual que a Timoteo Plaza, un militante comunista de Elizondo. Ni cuando torturaron al líder de los anarquistas vascos, Auspicio Ruiz, a las hermanas María y Carmen Villar, de Bergara, y a la madre de Miren Azkarate (la que fuera portavoz del Gobierno de Ibarretxe).

En una información de ‘El País’, firmada por María Antonia Iglesias y publicada en enero de 2008, «Lenchu, la hija del fallecido presidente del PSOE, Ramón Rubial, recuerda las palabras que salieron de la boca de su padre el día que ETA asesinó a Melitón Manzanas: ‘Ese era un torturador, mala gente... Lo dijo en voz baja, pero muy clara, porque mi padre era una persona a la que no le gustaba recordar los sufrimientos del pasado’». A él le detuvo en 1944.

El informe del Instituto Pedro Arrupe no hace ninguna distinción entre periodos históricos. Desde 1960 hasta 2011 los policías y guardias civiles destinados en Euskal Herria deben ser considerados, en nombre de «la memoria y la verdad», trabajadores «en primera línea de la salvaguarda de las libertades públicas». ¿Se puede decir esto de quienes perseguían a militantes demócratas del PNV, PSOE o PCE? ¿De quienes según otros informes también del Gobierno Vasco son los causantes de más de cuatro mil casos de torturas? ¿De quienes preparaban emboscadas nocturnas disfrazadas de controles? ¿De quienes no perdían ninguna oportunidad para humillar a vascos y vascas?

La ciudadanía de Euskal Herria no necesitó que ETA y «su propio entorno» tejieran «un discurso» según el cual «las Fuerzas de Seguridad del Estado representaban un tipo de violencia institucional». Miles y miles lo padecieron en sus propias carnes. De hecho, otro informe del Gobierno de Lakua habla de más de 30.000 detenciones a bulto sin luego llegar al juez. La sociedad los vio repartir hostias de día uniformados y de noche incontrolados.

Así que antes de quejarse de que se hayan visto «estigmatizados y moralmente excluidos en muchos ámbitos de la sociedad», quizá debieran repasar sus propias actuaciones durante décadas. Y en este contexto sí que resulta hasta doloroso que los redactores del informe hablen del trato dado a policías y guardias civiles por parte de la ciudadanía como «una enfermedad intolerable».

Varios de los agentes que han sido entrevistados para el informe reconocen que llegaron de forma voluntaria. Y un guardia civil evoca que «yo soy de una familia tradicionalmente militar… mis bisabuelos, mis abuelos, mi padre, mis tíos, mi hermano, todos militares, todos del Ejército… Ingresé en el Ejército con 16 años» y luego pasó a la Guardia Civil y pidió ser acuartelado en Bilbo.  

Otro voluntario recuerda que «nos encargábamos de hacer las guardias en todo el acuartelamiento de Intxaurrondo. Y a salir pues, en caso de manifestaciones, a disolverlas». Después asegura que «mi vivencia en la Guardia Civil ha sido para mí fabulosa, el grupo en el que estaba (en Intxaurrondo) era fabuloso, me he sentido orgulloso de que por mi trabajo se haya podido detener a un comando, el cual ya no va a cometer más asesinatos. Han sido muchos comandos los que han caído. Eso para mí ha sido mi orgullo».

En cuanto a las quejas de verse abandonados por las instituciones, no lo dirán por los enjuiciados por torturas o ejecuciones extrajudiciales, que han recibido la comprensión de políticos que miraban a otro lado, periodistas que acusaban de mentir a los detenidos o a los testigos si los hubo y de jueces colaboradores. Y cuando el tormento o el asesinato eran imposibles de negar, más tarde llegaban siempre a tiempo los indultos y hasta los ascensos y las medallas. ¿Hace falta poner ejemplos?

Y con todos estos antecedentes, el Instituto Pedro Arrupe pide y el Gobierno de Lakua hace suyo que «los cuerpos policiales deben ser percibidos como constructores de una sociedad más justa», atacados «por ejercer una profesión que habían elegido libremente y que conlleva el cumplimiento de un servicio público».

Por último, recordando las prácticas del Plan ZEN, proponen «facilitar el acceso a la opinión pública de los testimonios de aquellas personas que, habiendo pertenecido a ETA o a su entorno, hagan autocrítica de lo realizado». Y apostillan, además, que es por su bien.

 

 

 

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