El régimen español actual, heredero del anterior en más de un sentido, se ha asegurado que a cualquier esfuerzo encaminado a procurar justicia por los crímenes cometidos durante el franquismo y los años convulsos a los que se etiqueta como 'transición' nunca tenga la estructura necesaria para ser efectivo.
Ejemplo de ello, la Ley de Víctimas de la CAV que, en manos de la complicidad del PSOE y el colaboracionismo del PNV se convirtió en una herramienta muy limitada.
¿Y quienes han llegado a demostrarlo?
Pues nada menos que integrantes de las fuerzas estatales que durante décadas se han dedicado a sembrar el terror en la población vasca.
Naiz nos trae este reportaje de Ramon Sola al respecto:
Guardias civiles intentan sabotear el reconocimiento a víctimas estatales con 300 solicitudes
La llamada «ley de abusos policiales» de la CAV se ha topado con un obstáculo imprevisto y denigrante: cientos de agentes de las FSE, especialmente guardias civiles, se han registrado para ser aceptados como víctimas, intentando colarse en el apartado de «incontrolados», en una campaña orquestada.
Ramon Sola¿Guardias civiles víctimas de «abusos policiales»? Suena a sarcasmo pero está pasando con la ley 12/2016 de la CAV, que tiene como objetivo paliar la histórica falta de reconocimiento y reparación a quienes han padecido ataques de aparatos estatales o paraestatales, miles y miles de personas en Euskal Herria entre fallecidas, torturadas... Dos semanas después de cerrarse el nuevo plazo de presentación de solicitudes, no hay datos todavía sobre inscripciones, pero NAIZ ha podido saber que entre ellas hay muchas decenas, en torno a 300, presentadas por agentes de las FSE, sobre todo guardias civiles.
¿Cómo puede haberse llegado a esta situación? Técnicamente, aprovechando el resquicio abierto por una redacción algo ambigua de la norma, aprobada por el Parlamento de Gasteiz en 2016 y retocada luego en 2019 para salvar la amenaza del Tribunal Constitucional. En ella se amparan los hechos de «vulneraciones de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la CAV». Y ello se concreta en tres apartados. El a) es una obviedad: «Que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política». También el c): «Que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física». Es en el b) donde han visto un «coladero»: «Que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada».
Políticamente, el objetivo de desacreditar esta ley ya quedó de manifiesto el día en que se aprobó en el Parlamento de Gasteiz la versión final, acotada para remarcar que no habría persecución penal de estos casos. Lejos de conformarse con ello, desde la tribuna miembros de Jusapol invitados por el PP se enzarzaron con el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga e insistieron en hacer ante las cámaras un gesto de doble sentido: lo que generalizadamente se entendió como la escenificación amenazante de empuñar una pistola fue justificado por estos policías como una simple J, de Jusapol. En la tribuna hubo también miembros de Jucil y de SIPE, esta última formada por ertzainas.
Hasta ese momento la posición policial ante la norma se basó en el negacionismo de la violencia estatal y paraestatal. Pero una vez validada la ley y abierta la ventanilla de reclamaciones, han optado por una nueva línea de acción: tratar de dinamitarla, o al menos torpedearla, desde dentro. Han pasado, por tanto, del rechazo al sabotaje activo.
La avalancha de solicitudes lógicamente no es casual. Forma parte de una campaña orquestada de la que puntualmente han dejado huella en medios de la derecha española o redes sociales. Así, ‘La Razón’ publicó el año pasado que la Asociación Pro Guardia Civil (APROG) «ha remitido a los agentes un dossier en el que se explican pormenorizadamente los pasos a seguir para formular las solicitudes». Auguraba la opción de trasladar «miles» de peticiones.
En una revista del instituto militar, por esas mismas fechas se recogía también la invitación de ASESGC (Asociación de Escala Suboficiales de la Guardia Civil) a concurrir al proceso abierto por Lakua, con oferta de asesoramiento jurídico para ello. En la nota se incluye este apunte, reconocimiento explícito del fraude de ley que se pretende: «Esta Ley, comúnmente conocida como ‘Ley de abusos policiales’, no está pensada para resarcir a los funcionarios públicos ante estas vulneraciones de derechos humanos, aunque la generalidad de su redacción permite encontrar acomodo para su aplicación a todo tipo de víctimas que cumplan los requisitos establecidos».
El colapso
De lo anterior se desprende que quienes han acudido a la ventanilla de Lakua saben perfectamente que su solicitud no va a ser aceptada, más aún cuando para las vulneraciones de derechos que puedan haber sufrido hay normas –tanto estatales como vascas– muy anteriores en lo que atañe al reconocimiento como víctimas y con mayores dotaciones económicas en lo que toca a la reparación. Pero la maniobra ya tiene su resultado práctico al acarrear dos distorsiones de entrada; por un lado, enmarañar el objetivo ya algo difuso de la ley en su definición (su título oficial es ‘Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política’); y junto a ello, complicar el trabajo de la comisión de valoración, abocándola a analizar también estos expedientes.
En este sentido, hay que recordar lo que apuntaban en estas páginas el pasado domingo Ainara Esteran y Tasio Arrizabalaga, en nombre de la fundación Egiari Zor, que agrupa a víctimas de violencia estatal: los medios con que cuenta esa comisión se están revelando muy escasos. «El proceso de reconocimiento va muy lento. Solo se han reconocido 35 casos y algunos de ellos estaban aceptados ya antes de que esta ley fuera recurrida ante el Constitucional. Vemos que no arranca. Hay gente que presentó solicitud y ha muerto posteriormente». Otro dato revelador: «La ley contemplaba un plazo tope de seis meses para resolver y algunos de los casos que se han aceptado en este 2021 se registraron ya en 2017».
¿Hasta qué punto está trabando este sabotaje policial el proceso de reconocimiento de las víctimas a las que realmente se destinaba esta ley? La comisión de valoración tendrá que decirlo. Por el momento no se ha facilitado el dato de cuántas solicitudes se han presentado tras concluir este nuevo plazo, el pasado 11 de diciembre. Pero en primavera se avanzó que eran ya en torno a un millar, por lo que las cerca de 300 presentadas por agentes de las FSE no suponen precisamente una anécdota menor.
Nueva «zancadilla»
Este vergonzoso capítulo se suma todas las carencias de esta ley y de la aprobada posteriormente en Nafarroa, que todavía no ha abierto el plazo de solicitudes. Unas insuficiencias remarcadas no solo por Egiari Zor, sino también por el miembro de la comisión de valoración de la CAV, catedrático de la UPV-EHU y exdirector de Derechos Humanos de Lakua en el Gobierno de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, en un artículo reciente en ‘Berria’: «En estas leyes, de entrada se ha rebajado el estándar de justicia: no habrá responsabilidades individuales, dejando de lado la justicia penal. Por lo tanto, desaparece de raíz el tratamiento igualitario y justo a las víctimas, puesto que solo se podrá proceder a la reparación y la verdad, de modo parcial».
«Además –continúa Landa–, las leyes en Nafarroa y Euskadi ya de por sí limitadas están llenas de obstáculos. Las zancadillas en el camino han sido incesantes incluso antes de nacer. Se han interpuesto y se interpondrán recursos contra ellas, para parar su desarrollo; la información para completar los expedientes no llega, porque continúan ocultos, porque no se quieren sacar de las tinieblas. A menudo, y además desde la perspectiva de muchos ciudadanos, con razones fundadas no parece que al aplicar estas leyes se esté haciendo política de país, sino que impere el partidismo; no parece que se estén poniendo recursos suficientes; no parece que una noticia tan amplia se esté poniendo en en el centro público; no parece, por tanto, que se esté gestionando esto con total seriedad y con máxima prioridad».
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