"Estatus Excesivo"

Un partido completamente marginal en Euskal Herria aprovecha los mecanismos implementados por el Régimen del '78 en contra de la autodeterminación de las naciones históricas para, en pleno siglo XXI, obstaculizar la normalización del euskera en la CAV. No por nada hay iniciativas para hacer valer los derechos lingüísticos a nivel estatal.

Aquí esto que nos reporta Naiz:

El TC decidirá sobre el euskara en los ayuntamientos tras posicionarse el TSJPV

El Pleno del Constitucional español ha admitido a trámite la cuestión presentada por el TSJPV, tras un recurso de Vox, contra la ley de Instituciones Locales de la CAV, y dictaminará por tanto si la actual normativa rebasa la ley estatal por su previsión de uso del euskara en actas y documentos.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite la cuestión de constitucionalidad elevada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para determinar si la Ley de Instituciones Locales de la CAV da un estatus excesivo al euskara en los ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

En realidad el TC ya se había visto emplazado directamente por Vox a abordar esta normativa, con un recurso que se conoció el pasado mes de setiembre.

UEMA, la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, calificó entonces de «muy preocupante» la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad, considerando que vuelve a cuestionarse la «ejemplar labor» de los ayuntamientos que han optado por la normalización del euskara.

Junto a ello, destacó que la ley ahora cuestionada supuso un hito en la labor de los municipios euskaldunes, ya que les otorgó un paraguas jurídico. Así lo destacó el presidente de UEMA, Iraitz Lazkano, que recordó que antes de aprobarse esta norma los integrantes de la Mancomunidad tuvieron que enfrentarse a numerosas denuncias por redactar actas en euskara o introducir cláusulas lingüísticas en las contrataciones.

«El euskara es una lengua minorizada y es injusto que se pongan trabas a su normalización», añadió Lazkano, que lamentó que los tribunales irrumpan en la política lingüistica, «una vez más para obstaculizar la normalización del euskara».

El Gobierno de Lakua, por su parte, prefirió eludir la cuestión a la espera de decisión judicial.

El TSJPV y el artículo 6.2

Fuentes del TC han informado a Efe de la decisión de admitir a trámite esa cuestión que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV planteó tras recibir un recurso de Vox contra esa ley.

En concreto, los magistrados tendrán que decidir si el artículo 6.2 de esa norma establece la prevalencia del euskera sobre el castellano en el uso en los ayuntamientos, como interpreta la Sala del TSJPV que preside Luis Ángel Garrido.

En ese artículo se regula la lengua en que podrán ser redactadas las actas y los documentos emitidos por las entidades locales y se establece que podrán ser redactados en euskara, si bien matiza que «siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera».

La Sala del Tribunal considera que la ley impide el derecho constitucional a utilizar el castellano libremente por los miembros de las entidades locales, en tanto que el Gobierno de Lakua sostiene que el Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que las entidades locales pueden utilizar tanto el euskera como el castellano con normalidad en sus relaciones internas o en sus comunicaciones con los ciudadanos.

Por ello, el Ejecutivo autonómico argumenta que el artículo 6.2 no contraviene la Constitución al regular el uso de las dos lenguas oficiales en la CAV ya que no limita el uso del castellano ni supone una carga para quienes no conocen el euskara, al obligar a los ayuntamientos que opten por usar el euskara a arbitrar los «mecanismos pertinentes» para que se haga efectivo también el derecho de la ciudadanía a recibir tales comunicaciones en castellano.

Y recuerda que ese fue el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la CAV en enero de 2017 y que precisamente ello evitó la interposición por parte del Gobierno español del PP de un recurso de inconstitucionalidad.

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