Pase Usted a Conocerlos

La galería del terror está abierta, pase usted a ver las atracciones principales, los franquistas a los que la impunidad pactada no les ha alcanzado para morir tranquilos en su lecho rodeados de su amada familia.

No, estos veinte, de ser capturados por la Interpol, tendrán que enfrentar juicio. Su nombre no quedará en los anales con la efigie de demócratas que sus prostituidos historiadores les han labrado. Claro, por su avanzada edad muchos alcanzarán clemencia, pero el juicio de la historia les  seguirá a donde vayan, por los años que les queden.

Aún más, por su militancia post-"transición", la pátina democrática que impusieron a fuerza y que aún imponen desde sus diferentes formaciones políticas quedará perdida por siempre. Ya no podrán hablar de "suelo ético", ya no se podrán llamar a sí mismos "víctimas".

Pasen ustedes, acá, cortesía de La Haine, el listado de franquistas encausados por la juez argentina María Servini:

El "currículum" de los 20 acusados por la justicia argentina

Mauricio Basterra

El viernes 31 de octubre saltaba la noticia. La jueza María Servini de Cubría emitía orden de detención contra veinte altos cargos del franquismo acusados de crímenes durante la dictadura. La querella puesta en marcha por la judicatura argentina y que ha contado con el apoyo de diversas asociaciones de memoria y grupos políticos y sindicales en España, comienza a tomar forma. Crímenes concretos con culpables concretos para que la causa del franquismo prospere. Sin embargo, la querella argentina tiene un dique difícil de superar en España. La Ley de Amnistia de 1977 frena para la judicatura española cualquier intento de juzgar el franquismo. La impunidad de dicha ley concibe que todos los crímenes de la dictadura prescribieron cuando se firmó. Esto provoca que ningún juzgado español o extranjero puede acometer acciones contra el franquismo. Un régimen blindado desde 1977 por dicha ley que contó con el apoyo de las élites del franquismo que se “reconvirtieron” en demócratas y de una oposición de izquierdas que, encabezada por el PSOE y el PCE, renunció en la práctica a la posibilidad de poder juzgar a criminales de lesa humanidad. Aunque hubo organizaciones y movimientos que nunca dieron su brazo a torcer, a nivel legal mientras la Ley de Amnistia de 1977 no se derogue es complicado acometer cualquier acto.

Pero la querella tiene un origen que puede provocar un vuelco a la situación. Lo primero porque las distintas organizaciones o particulares demandantes hablan de nombres propios y crímenes propios. Y lo segundo porque se habla de crímenes contra la humanidad concepto que no prescribe y que no hay ley nacional que pueda frenar.

Aunque este inicio es esperanzador es evidente que desde España se tiene que mover ficha. Y, de momento, ni las altas estancias del Estado, la judicatura y los distintos gobiernos han estado por la labor pues en esa Ley de Amnistía de 1977 se fundamenta el Régimen del 78 del que son partícipes.

Pero no deja de ser un paso importante que la jueza argentina cite y ordene detención contra altos cargos del franquismo. Alguno de los cuales tienen aun hoy importantes cargos de responsibilidad en empresas o, incluso, en la propia policía. Estos son los hechos por los que se pide orden contra estos veinte cargo:

1. Rodolfo Martín Villa

(Santa María del Páramo, León, 3 de octubre de 1934)

Es quizá la cara más conocida de los reclamados por Servini.

Vinculado al franquismo a través de sus estructuras sindicales verticales, Martín Villa llegó a dirigir el Sindicato Español Universitario (SEU) y fue delegado de diversos sindicatos de la Central Nacional-Sindicalista (CNS). Fue procurador en Cortes en varias legislaturas así como dirigente de la Organización Sindical y gobernador civil de Barcelona.

A la muerte de Franco fue ministro de Relaciones Sindicales en el gabinete de Carlos Arias Navarro. Ocupando tal cargo se produjeron los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, cuando la policía armada lanzó gases lacrimógenos contra una Iglesia donde se refugiaban obreros en huelga, que fueron tiroteados a la salida del edificio. Hubo cinco muertos y ciento cincuenta heridos. La decisión se tomó desde las altas estancias del Estado. Manuel Fraga Iribarne y Rodolfo Martín Villa tenían una responsabilidad directa en el asunto como Ministro de Gobernación y Ministro de Relaciones Sindicales respectivamente. Esta responsabilidad es la que Servini imputa a Martín Villa.

Pero la trayectoria de Martín Villa también está rodeada de sospecha como uno de los responsables de los sucesos del incendio del teatro Scala de Barcelona en 1978 siendo ya Ministro de Gobernación con el gobierno de Suárez. Martín Villa siempre había mostrado una especial animadversión hacia el anarquismo. Se supone que llegó a decir que para él era más preocupante el movimiento libertario que ETA. Lo cierto es que la CNT sufrió infiltraciones policiales que desembocaron en el incendio de la sala de fiestas Scala de Barcelona. Todo en un momento en el cual las organizaciones anarcosindicalista estaban en plena movilización contra los Pactos de la Moncloa. La represión que se ejerció contra la CNT así como las posteriores escisiones dejaron mermadas las fuerzas de una de las centrales sindicales que no había entrado en el juego de la Transición.

Tras su paso por la política Martín Villa pasó al campo empresarial donde llegó a ser presidente de Endesa hasta el año 2002 y presidente de Sogecable hasta 2010. Ha participado en numerosas ocasiones en tertulias de la Cadena SER y es considerado como uno de los padres de la actual democracia.

2. José Utrera Molina

(Málaga, 12 de abril de 1926)

De oficio abogado, Utrera Molina es un convencido falangista y ultraderechista que ocupó diversos cargos de responsabilidad durante el franquismo. Primero en cargos medios hasta que fue aupado al ministerio de la vivienda en el gobierno de Luis Carrero Blanco en 1973. A la muerte de Carrero, Utrera Molina fue nombrado ministro General Secretario del Movimiento con Carlos Arias Navarro. Con dicho cargo firmó la sentencia de muerte contra el anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado el 2 de marzo de 1974. Cesó de su cargo a inicios de 1975.

Si por algo se distinguió Utrera Molina es por ser integrante del sector más ultra del franquismo. Ha estado vinculado a importante instituciones económicas del país como Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, etc.

Siguió vinculado a la ultraderecha tras la muerte de Franco y en 2010 fue nombrado Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco de la que actualmente es uno de los patronos. Es autor del libro de memoria Sin cambiar de bandera donde hace una defensa de su figura y del franquismo.

Es el suegro del ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

3. Antonio Carro Martínez

(Lugo, 3 de mayo de 1923)

Jurista y alto cargo del franquismo. Fue procurador en cortes en varias legislaturas. Con la llegada al poder de Carlos Arias Navarro fue designado Ministro de la Presidencia, con anterioridad había ostentado cargos intermedios.

Siendo Ministro se ejecutaron las penas de muerte contra Salvador Puig Antich y contra los últimos fusilados del franquismo (José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echevarría). Fue uno de los integrantes en las negociaciones del Acuerdo de Madrid para la salida del Sahára.

Con la muerte de Franco siguió vinculado a la política y ha sido diputado por Lugo en varias legislaturas por las candidaturas del Partido Popular.

Es autor de algunos libros sobre derecho, Estado y fuerzas armadas.

4. Alfonso Osorio García

(Santander, 13 de diciembre de 1923)

Abogado y vinculado al cuerpo jurídico militar. Declarado monárquico, fue procurador en Cortes en varias legislaturas. Fue uno de los fundadores del grupo Tácito y siempre se declaró como “demócrata cristiano”

Siendo ministro de la Presidencia en el primer gobierno de Adolfo Suarez se produjeron los sucesos de Vitoria de 1976, y fue quien designó desde su cargo a los jefes del operativo.

En 1979 abandonó UCD y se afilió a Alianza Popular siendo elegido diputado por Madrid.

Alfonso Osorio no solo ha tenido vinculación política sino que ha sido presidente de la empresa Petromed. Actualmente sigue afiliado al PP y ha sido condecorado en varias ocasiones con distintas distinciones.

5. Antonio Barrera de Irimo

(Ribadeo, 1929 – Madrid, 2014)

Profesor y economista español, Barrera de Irimo fue uno de los impulsores del capitalismo español durante el periodo franquista. Ocupó distintos cargos hasta que en 1973 fue designado ministro de Hacienda en el gobierno de Luis Carrero Blanco. Ocupando tal cargo avaló con su firma la ejecución de Salvador Puig Antich en marzo de 1974. Llegó a ser vicepresidente segundo con Carlos Arias Navarro.

Ocupó cargos de responsabilidad en Telefónica, Fenosa y el Banco Hispano-Americano. Fue también integrante de Editorial Católica (EDICA).

Antes de su fallecimiento era consejero de Unión Fenosa, Bull, SA y Autogrill España.

6. José María Sánchez-Ventura Pascual

(Zaragoza, 1922)

Abogado. Era hijo de uno de los máximos representantes del catolicismo social en España, el periodista José María Sánchez-Ventura Gatón.

Ocupó cargos importantes en el Banco de Bilbao y fundó la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía. Delegado del Canal de Isabel II y director del periódico Informaciones es nombrado en marzo de 1975 ministro de Justicia, cargo que desempeñaba cuando se producen los últimos fusilamientos del franquismo.

En diciembre de 1975 cesa como ministro y desde entonces ha ejercido de notario en Elche y en Madrid.

7. Licinio de la Fuente

(Noez, Toledo, 7 de agosto de 1923)

Hijo de una familia humilde pero muy conservadora, Licinio de la Fuente estuvo a punto de ser uno de los niños de Rusia. Sin embargo su familia huyó durante la Guerra Civil a zona rebelde.

Terminada la Guerra, Licinio de la Fuente estudio Derecho y llegó a ser abogado del Estado. Ocupó cargos importantes hasta que en 1969 fue designado como ministro del Trabajo, cargo que ocupó hasta 1975. Durante el ejercicio de su cargo se dictaron las penas de muerte contra Puig Antich y los cinco últimos fusilados del franquismo.

Dimitió como ministro y en 1976 fundó un pequeño partido partido político que acabó por integrarse en Alianza Popular. Posteriormente fue uno de los fundadores del PP, ocupando también cargos en numerosas empresas.

En 1998 publicó sus memorias Valió la pena.

8. Fernando Suárez González

(León, 1933)

Político español. Licenciado en Derecho, Fernando Suárez era nieto del pintor Alberto González.

Fue dirigente del SEU en Oviedo, ocupando posteriormente cargos como director del Instituto de la Juventud o director general del Instituto Español de la Inmigración. En 1975 es designado Ministro de Trabajo, cargo que ostentaba cuando se produjeron los últimos fusilamientos del Franquismo.

Una vez muerto Franco fue uno de los ponentes de la Ley de Reforma Política y llegó a ser Catedrático de Derecho de la UNED. En 2007 ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es autor del libro Todo Franco -- franquismo y antifranquismo de la A a la Z--.

9. Jesús Cejas Mohedano

Uno de los vocales auditores del Consejo de Guerra que condenó a muerte a los últimos fusilados del franquismo el 27 de septiembre de 1975.

10. Jesús Quintana Saracibar

Capitán de la policía armada que dirigió el asalto a la Iglesia donde se refugiaban los trabajadores en huelga en Vitoria.

11. Carlos Rey González

Capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército y participante en el Consejo de Guerra que condenó a muerte a Salvador Puig Antich. Fue uno de los redactores de la condena a muerte contra el joven anarquista catalán.

Actualmente es abogado penalista y ha representado a Alicia Sánchez Camacho, del PP de Cataluña, en el caso de espionaje del Método 3.

12. Jesús González Reglero

Acusado de torturas contra los militantes antifranquistas Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en febrero de 1975 en las dependencias de la Dirección General de Seguridad (DGS).

González Reglero ha sido condecorado en numerosas ocasiones y ostenta tres laureles enmarcados de comisario principal.

En 2012 fue designado comisario Jefe de la Policía Nacional de Leganés y actualmente está jubilado.

13. Ricardo Algar Barrón

Miembro de la Brigada Político Social (BPS) de la policía franquista.

Acusado de torturas contra el militante antifranquista José María Galante Serrano en las dependencias de la DGS.

14. Pascual Honrado de la Fuente

Miembro de la Brigada Político-Social en Oviedo. Acusado de torturar al ex secretario del PCE y de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias. Gerardo Iglesias fue sometido a diversas torturas y posterior persecución política. El militante comunista acusa de ello directamente a Pascual Honrado de la Fuente y al inspector Claudio Ramos Tejedor.

15. Benjamín Solsona Cortés

Acusado de torturador contra los militantes antifranquistas Juan José López Hernando y Francisco Camarasa Yañez el 23 de abril de 1971.

16. Jesús Martínez Torres

Acusado de torturador contra el militante antifranquista José Aznar Cortijo

17. Atilano del Valle Oter

Acusado de haber disparado y lanzado por la ventana el 24 de abril de 1971 en Barcelona al militante antifranquista Miguel Jiménez Hinojosa.

18. Abelardo García Balaguer

Acusado de hacer desaparecer al bebé de Adela Carrasco Martínez en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción el 5 de noviembre de 1967. Uno de los múltiples casos de niños robados durante el franquismo.

19. Antonio Troncoso de Castro

Coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, fue diplomático en Derecho Penal Militar y ex fiscal del Tribunal Supremo, y uno de los integrantes del Consejo de Burgos de diciembre de 1970. Participó en gran cantidad de consejos de guerras contra luchadores antifranquistas desde 1963. Era quien redactaba las sentencias.

20. Félix Criado Sanz

Acusado de torturar al militante antifranquista Jon Etxabe Garitacelaya el 11 de abril de 1969 durante siete días.

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