Las ataduras del régimen borbónico franquista comienzan a mostrar el desgaste, lo dejó muy en claro el ejercicio democrático y soberanista del pueblo catalán el pasado 9 de noviembre.
Pero las muestras más sintomáticas del agotamiento están ocultas, escondidas tras la espesa cortina de humo fabricada por los consorcios informativos. Como ejemplo, esta nota publicada en inSurGente:
El bombero que se negó a colaborar con la comisión judicial para llevar a cabo el desahucio de la anciana Aurelia Rey en A Coruña tendrá que pagar una multa de 600 euros después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de A Coruña desestimase su recurso. La justicia sanciona a Roberto Rivas con el pago de la “infracción administrativa” y por “provocación de reacciones en el público que alteran o pueden alterar la seguridad ciudadana”.
La sentencia también condena al bombero al pago de costas del recurso, aunque puede interponerse recurso de apelación en los quince días siguientes desde la notificación. Roberto Rivas sostiene que el procedimiento sancionador se incoó en virtud del traslado que el comisario jefe de la brigada provincial de seguridad ciudadana hizo a la Subdelegación del Gobierno de la declaración escrita de un policía nacional. Así, apela a sus derechos fundamentales y al incumplimiento de requisitos para avalar su versión.
Roberto Rivas asegura que la policía modificó los atestados policiales para variar el relato de lo que sucedió en aquel intento de desahucio. “No me entra en la cabeza que cualquier policía obvie la realidad de lo que pasó, y más aún si es un cargo. Al final, su palabra vale mucho más que la tuya por el cargo que tiene, pero se sienta a tu lado en el juzgado y no te puede ni mirar a la cara. Hacen un atestado y al mes y medio hacen otro poniendo las cosas que, seguramente, les dijeron desde arriba que tenían que poner. No tienen manera legar de molestar a alguien pero le dan la vuelta y buscar la forma de hacerlo”, declaraba en una entrevista a Praza Pública.
Hace un año y medio, este bombero se negó a colaborar en el desahucio de la anciana Aurelia Rey cuando fue requerido para cortar una cadena que impedía la entrada al portal del edificio. Comunicó su negativa a la policía, se puso el casco y levantó un cartel de Stop Desahucios mientras abandonaba la calle para volver al camión. “Volvería a hacerlo. Los bomberos no debemos realizar este tipo de servicios; accedimos al trabajo para hacer unas labores determinadas, pero entre ellas no está echar a gente de sus casas”, dijo tras comparecer en la vista tras presentar el recurso.Rivas asegura que la policía modificó los atestados policiales para variar el relato de lo que sucedió en aquel intento de desahucio
La justicia, no obstante, dá por sentado que “en el ejercicio del derecho de expresión se produjo una alteración del orden público con el riesgo para las personas, lo que excluye pretender amparar estos hechos en el derecho de manifestación invocado”. La administración demandada alegó la inadmisibilidad del recurso por “inadecuación del procedimiento”.
“El demandante confunde o pretende confundir la denuncia con atestado, y naturalmente que tienen y deben aparecer diferencias entre ambos”, expuso la justicia, que rechaza “indefensión” en el bombero. Así, resuelve que la subdelegación no vulneró ningún derecho fundamental y estima que está acreditada la alteración de la orden pública.
No obstante, hace tan sólo unas semanas, una sentencia por los mismos hechos se resolvió a favor del portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ya que el juez no consideró acreditado que fuese cabeza visible de la concentración ni que provocase reacciones en el público y condenó a la Subdelegación por “vulnerar sus derechos fundamentales”. En el dictamen, la justicia concluye que la policía cambió su versión para acusar al parlamentario en el desalojo de Aurelia, junto lo que argumentó el bombero Roberto Rivas, que también hizo referencia a cambios en la versión policial de los hechos.
La sentencia contra Rivas es la segunda a favor de la Subdelegación del Gobierno, después de otra por los mismo hechos contra Paulo Simón Carril Vázquez, miembro del Consello Local do BNG en A Coruña.
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