El régimen borbónico franquista le tiene pavor a la capacidad del pueblo vasco para tejer vínculos sociales de forma horizontal y auténticamente democrática. Es por eso que mantiene su encono en contra de Udalbiltza.
Lean acerca de la más reciente embestida, comandada por el vasquito colonizado Urquijo pues no podía ser de otra manera, mediante esta nota publicada en El Mundo:
40 ayuntamientos deben explicar sus aportaciones a Udalbiltza
La Justicia les cita desde mañana para justificar abonos por 592.000 euros para financiarla
Mikel Segovia
Una cuarentena de ayuntamientos vascos, en su mayoría de Bildu, deberán justificar a partir de esta semana ante la Justicia la legalidad de las aportaciones con fondos municipales que han destinado a Udalbiltza, la asamblea de electos municipales de Euskal Herria, que sólo este año han sumado ingresos por un total de 592.000 euros.
La delegación de Gobierno en el País Vasco ha impugnado 42 acuerdos municipales, así como el aprobado por la Diputación de Gipuzkoa, por el que aportó 100.000 euros a Udalbiltza. En total son 25 consistorios guipuzcoanos, 10 vizcaínos y seis alaveses. El primer ayuntamiento en tener que comparecer será el de Berastegi, en Gipuzkoa, que lo hará mañana, y el día 25 de este mes será el turno de Irura. En diciembre están citados Legutio y Agurain; en enero de Azpeitia y Otxandio; en febrero Anoeta y en abril Ondarroa. El resto aún no tiene fecha.
El fundamento de la denuncia responde a que los citados ayuntamientos habrían comprometido fondos públicos, -a razón de entre 500 y 15.000 euros anuales, según los casos-, para sostener los fines de Udalbiltza, afín a la izquierda abertzale. Los recursos se basan en el principio de falta de "competencia, material y territorial", de los ayuntamientos para contribuir a este tipo de plataformas cuyo fin es contribuir a "la construcción nacional de Euskal Herria" como una nación independiente. Unas actividades que según el denunciante no se incluye dentro del "ámbito competencial" de un ayuntamiento. Además se recuerda que los fondos de los consistorios deben destinarse siempre "al ámbito del municipio".
También se argumenta que con esas aportaciones de dinero público se contribuye a "un acto claro de propaganda" de las ideas de la izquierda abertzale. Además se considera que los ayuntamientos no respetan las competencias del Estado cuando brindan apoyo financiero a una entidad "que tiene por objetivo prioritario promover al segregación respecto de dicho Estado".
La delegación de Gobierno recuerda que los 38 ayuntamientos integrados en el Consorcio Udalbiltza realizan cada año una aportación económica para su sustento equivalente al 1% de su presupuesto o del 1,4% de los ingresos que obtienen. Además de impugnar los acuerdos que aprueban esas aportaciones, también se han recurrido los convenios de los ayuntamientos con el consorcio Udalbiltza y los presupuestos en los que se contempla una partida para Udalbiltza.
La estructura de Udalbiltza se soporta sobre el Consorcio, al que van destinados la mayor parte de las aportaciones de los Consistorios asociados, y el Fondo de Desarrollo y Cohesión.
El año pasado ambas estructuras sumaron ingresos por 363.654 euros y, según datos de la delegación de Gobierno, este año ha recibido 592.120 euros.
El pasado día 29 la presidenta de Udalbiltza, Mertxe Aizpuru, calificó de "grave ataque" a la autonomía municipal y al derecho de cooperación local de los consistorios la batería de recursos interpuestos por la delegación de Gobierno. Añadió que se trata de un "jaque a Udalbiltza como institución pública" y advirtió de que si prosperan los citados recursos Udalbiltza se quedará «sin fuentes de financiación» y no podrá continuar con sus actividades.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, recuerda que lo que se recurre no es la cooperación entre municipios sino la aportación de fondos a una asociación "que bajo la figura de consorcio pretende únicamente convertirse en un contrapoder cuyo único objetivo es de carácter político". Para Urquijo es un intento por cuestionar el actual marco jurídico político de España y "no es de recibo plantearlo desde el ámbito local y menos aún con fondos públicos en lo que no deja de ser una malversación de los impuestos de los ciudadanos". Por último, asegura que se falta a los principios de neutralidad y objetivo "con los que deben servir los poderes públicos" a los intereses generales de la sociedad y en este caso sólo se promueven "objetivos de una parte".
La actual udalbiltza cuenta con algo más de 1.400 cargos electos de casi 500 municipios de Euskadi, Navarra e Iparralde. Estructurada en dos organismos, el Consorcio Udalbiltza, responsable de llevar a cabo los fines fundacionales; proclamar la existencia de Euskal Herria como Nación, y dar a conocer internacionalmente su realidad. Junto a ello existe un Fondo de Desarrollo y Cohesión entre los municipios de Euskal Herria a través de iniciativas económicas, culturales o políticas.
Los orígenes de Udalbiltza se sitúan en diciembre de 1998, cuando una veintena de alcaldes convocaron a los cargos electos de municipios de Euskadi, Navarra e Iparralde a un encuentro constituyente en Pamplona. Se celebró el 6 de febrero de 1999, con 666 cargos de 317 municipios. Así nación la Asamblea de Electos Municipales de Euskal Herria, cuya denominación posterior fue Udalbiltza. Sus objetivos era la proclamación de Euskal Herria como nación, colaborar a su vertebración política y dar a conocer internacionalmente Euskal Herria.
Si bien inicialmente estuvo integrada por cargos de la izquierda abertzale y del PNV, finalmente los jeltzales se desligaron de la plataforma. Udalbiltza fue desmantelada en 2003, tras una operación dirigida por Baltsar Garzón que precintó sus sedes, decreto su suspensión de actividades y detuvo a cinco de sus miembros, acusados de formar parte del entramado de ETA. Ocho años después fueron absueltos por la Audiencia Nacional. No fue hasta marzo del año pasado cuando volvió a reactivarse una renovada Udalbiltza, con 1.227 cargos electos de 393 municipios.
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