Trebiñu Resiste

Continúa la saga de Trebiñu por su autodeterminación y regreso a su Nabarra originaria.

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Trebiño se rebela ante el lío competencial Castilla-Euskadi

El enclave establece un plazo de dos meses para reflexionar y esperar la reacción de las instituciones

Pablo José Pérez

El enclave de Trebiño se ha dado un plazo de dos meses no sólo para reflexionar sobre lo ocurrido el pasado martes en el Congreso de los Diputados, sino también para esperar el pronunciamiento de las diferentes instituciones -Junta de Castilla y León, Diputación de Burgos, Gobierno Vasco y Diputación de Álava- sobre a quien le corresponde cumplir el precepto que marca que debe ser la institución más cercana la que garantice los servicios a los ciudadanos.

Dicha posición es, en síntesis, la postura de los ayuntamientos que ayer se plasmó en el transcurso de un Pleno celebrado en el condado, donde no sólo se escuchó la voz de los grupos representados en esa institución sino que también se dio la posibilidad de expresar sus opiniones a los ciudadanos, que adoptaron un tono muy crítico hacia las posturas mantenidas por las instituciones implicadas en el contencioso, después de que tampoco en esta ocasión los partidos se hayan pronunciado a favor de la integración del enclave burgalés en Álava.

El equipo de gobierno que preside Ignacio Portilla, de la Agrupación Electoral Independiente del Condado de Trebiño, presentó una propuesta de resolución en la que se valoraba la trayectoria de la última iniciativa desarrollada para lograr la segregación de Burgos. Una gestión que tuvo su último acto solemne el pasado martes, con el aparcamiento en la mesa de la proposición de ley que habían gestionado los grupos del Parlamento Vasco a iniciativa de los dos municipios: Condado de Trebiño y La Puebla de Arganzón.

En la explicación que dio el alcalde se aclaró que la importancia del trámite parlamentario en las Cortes Generales es que ha quedado demostrado que la competencia para lograr el deseo de los treviñeses es de las Cortes y no de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, los partidos no han legitimado el deseo de los vecinos, “sino tan sólo el de una de las partes, la de Castilla y León, sin un fundamento que justifique esa postura”, según Portilla.

En la misma resolución se denuncia el conflicto interinstitucional que se está creando sobre a quién compete la prestación de los servicios a los vecinos. Castilla y León tiene las competencias, pero no los presta. Los presta Euskadi, que no tiene las competencias. Por esa razón se ha abierto un plazo de dos meses para que se aclare la situación y el estatus administrativo de Trebiño. Este es el tiempo que se ha dado en primer lugar a la Junta de Castilla y León para que aclare de qué forma y cuándo ejercerá sus competencias para garantizar a los vecinos los servicios básicos a los que tienen derecho los residentes de Trebiño.

Próxima cita

Asimismo, se emplaza al País Vasco para que aclare, teniendo en cuenta la existencia de varios convenios de prestación de servicios, cómo puede garantizar el mantenimiento de esas prestaciones, como institución más próxima, sin tener la competencia. Estos son los nuevos argumentos para un enclave que no tira la toalla. Y para ello ya han convocado un nuevo Pleno para el 9 de enero, extraordinario y monográfico, sobre esta cuestión, para dar comienzo a una nueva alternativa.

De cara a esa sesión ya se han elaborado unas propuestas de acuerdos. La primera será la suspensión cautelar de todos los convenios interinstitucionales suscritos por el Ayuntamiento. De hecho, en el último Pleno celebrado antes del debate en las Cortes Generales ya se acordó la denuncia de los convenios en vigor, especialmente el referido a la vialidad invernal, que no resulta práctico para los vecinos del enclave.

El segundo acuerdo que se llevará al Pleno de enero será pedir a la Diputación de Álava y al Gobierno Vasco que mantengan de manera transitoria los servicios que prestan en la actualidad como un gesto de apoyo a los treviñeses, pero sin que ello suponga que tengan que firmarse nuevos convenios.

El tercero, finalmente, será instar a lo mismo a Burgos y a Castilla y León. A los representantes de estas instituciones también se les pedirá que sondeen en las Cortes Generales la situación del enclave para tratar de buscar una salida que sea satisfactoria para los anhelos de todos los vecinos.

Le recordamos a los españolazos y a los españolitos, tan defensores de la perfecta democracia emanada de la impóluta transición que, en democracia, el pueblo decide. No unas Cortes, no un amarillento legajo denominado Constitución.

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