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jueves, 19 de marzo de 2015

Injerencismo Español en Filipinas

La nación-archipiélago de Filipinas debe su nombre al genocida colonialismo español.

Fue nombrada así en 1542 en "honor" a Felipe II.

La población local sufrió el yugo español como la población de cualquier otra de las colonias bajo el control militar y económico de Madrid.

En 1898, año fatídico para las aspiraciones imperialistas de los ultra españolistas, Madrid vendió Filipinas a los Estados Unidos, claro, sin antes consultar a los filipinos quienes desde años antes se encontraban en abierta revuelta en contra de la corona española.

Pues bien, ahora resulta que esa misma Madrid atenta contra la soberanía de los filipinos una vez más y la razón para esta injerencia es, usted lo adivinó, el proceso de paz en Euskal Herria.

Aquí lo que nos reporta Gara:


Las presiones españolas mantienen bloqueada por el momento una resolución de apoyo a la paz en Euskal Herria en Filipinas, resumida en un texto que suma ya la adhesión de una treintena de parlamentarios de distintos grupos.

Según ha podido saber GARA, la disconformidad con la iniciativa trasladada por el Gobierno español atrasó primero y ha dejado en suspenso después esta declaración, en la que se evoca el derecho de autodeterminación, se recuerdan los orígenes vascos de muchos ciudadanos filipinos y se destaca que la comunidad internacional respaldó un proceso de resolución en la Declaración de Aiete mediante líderes como Kofi Annan.

Madrid considera a Filipinas como un aliado estratégico de primer orden. Entre otras cosas, tiene firmado un plan de apoyo económico de 50 millones de euros para el periodo 2014-2017, suscrito por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. Además, Mariano Rajoy y el rey español, Felipe de Borbón, recibieron el pasado mes de setiembre a Benigno Aquino, presidente filipino, durante una visita a Europa.

El proyecto de declaración que ha unido ya la voluntad de esta treintena de parlamentarios insta al Congreso de Filipinas a apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional por la resolución de los conflictos a través de vías democráticas, y en consecuencia a «encontrar una resolución democrática y negociada» al conflicto vasco, para lo que emplaza directamente a los gobiernos español y francés.






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