Fiscalidad Social para Hegoalde

Al neoliberalismo españolista se le atora el tejido social vasco representado por los partidos de la izquierda abertzale.

Lean ustedes esto que nos reporta Naiz:

EH Bildu propone una reforma fiscal en Hego Euskal Herria

El candidato a diputado general de Bizkaia, Josu Unanue, y el parlamentario Oskar Matute han intervenido en un mitin de EH Bildu en Bilbao, en el que han señalado que «es mentira que una menor presión fiscal se traduzca en mayor inversión, productividad o creación de empleo».

EH Bildu ha propuesto una reforma fiscal con «mayúsculas» en Hego Euskal Herria, que equipare la presión fiscal a los países del norte de Europa.

Según EH Bildu «el discurso de que una mayor carga fiscal sobre grandes fortunas afecta negativamente al impulso económico tiene como objetivo justificar políticas de clientelismo y amiguismo».

EH Bildu ha señalado que promoverá una reforma fiscal que como mínimo garantice instaurar el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas en los cuatro territorios.

La reforma también prevé destinar más recursos y mejores medios para hacer frente al fraude fiscal, impulsar la economía transparente con campañas de concienciación, de educación tributaria y de desprestigio del fraude fiscal en el marco de la transparencia presupuestaria y una reforma del IRPF con dos objetivos claros.

El primero, incrementar sustancialmente el tipo impositivo a las rentas de capital, con el objetivo de garantizar que las rentas de los grandes ahorradores y rentistas vayan equiparándose a las rentas de trabajo.

El segundo, la revisión de la tributación familiar con el objetivo de favorecer a las familias con cargas familiares y menos recursos económicos.

También abogarán por una reforma del Impuesto de Sociedades para reconvertirlo en un Impuesto sobre las Ganancias Empresariales, que garantice una mayor aportación de las grandes y medianas empresas en base a sus beneficios reales.

Otra medida que propondrán será la modificación de la norma foral que permita a todos los ayuntamientos la instauración de impuestos o recargos a las viviendas vacías, así como la reclamación de la capacidad normativa sobre el IVA.

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