Los sociópatas que tienen las riendas del estado español son gentes inmundas con memorias excesivamente selectivas. Se dedican a hablar de violencia, terrorismo y víctimas. Dan discursos triunfalistas en los que hablan de victorias policiales sobre bandas armadas conformadas por peligrosos y desalmados delincuentes capaces de llevar a cabo limpiezas étnicas.
¿Qué les permite desplegar tanta mendacidad?
La silente complicidad de la comunidad internacional, que, reticente a un examen profundo de la Europa de la post-guerra prefiere avertir la mirada ante la desmesura con la que actúa el régimen borbónico franquista.
La cantidad de presxs políticxs vascxs es ya en sí un verdadero escándalo, pero si se toma en cuenta la cantidad de medidas de excepción aplicadas en contra de este colectivo y en contra de sus familiares y amigos entonces el asunto toma dimensiones de auténtica tragedia humana.
Tras tres años de que se abriese la oportunidad de iniciar un auténtico proceso de paz y reconciliación, Madrid y París insisten en recurrir a la violencia de la que disponen sus instituciones estatales.
Ante este escenario, colectivos vascos insisten en denunciar estas prácticas antidemocráticas, como nos muestra esta nota publicada en Naiz:
Etxerat ha subrayado que los derechos humanos de los presos no pueden estar sujetos a «contrapartidas ni a requisitos» y ha criticado que negar que la dispersión vulnere derechos fundamentales no tiene otro objetivo que el de «ocultar las verdaderas consecuencias de la actual política penitenciaria».
Etxerat ha criticado la resolución de la Audiencia Nacional que rechaza la petición de acercamiento de 30 presos vascos y ha subrayado que negar que la dispersión vulnere derechos fundamentales no tiene otro objetivo que el de «ocultar las verdaderas consecuencias de la actual política penitenciaria». Ha recordado que cada fin de semana más de 900 personas se ven obligadas a desplazarse cientos e incluso miles de kilómetros para visitar a sus familiares y allegados, con el correspondiente coste económico. «La dispersión vulnera nuestros derechos fundamentales: el derecho a la familia, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física. Nos obliga a pagar el precio más alto física, psíquica y económicamente por no querer renunciar a nuestros lazos afectivos», ha denunciado.
Para los familiares de los prisioneros políticos vascos, «negar que la dispersión genera un dolor añadido y castiga a los presos así como a sus familiares y amigos no responde a la realidad, sino a otros intereses». Desde que se implantó hace casi 26 años, ha señalado, la política de dispersión ha causado la muerte de 16 personas y cientos de heridos en las carreteras, con una media de 35 personas afectadas en los diez accidentes ocurridos en 2014. Una política que, según ha censurado, «solo busca sufrimiento y solo responde al afán de venganza de determinados sectores políticos».
Por ello, se dirige a los «jueces, tribunales e instituciones que deberían ser garantes» de los derechos humanos, para señalarles que estos «no pueden estar sujetos a contrapartidas ni a requisitos», sino que «se respetan o se vulneran, y ante su vulneración, no hay justificación ni excusa posible».
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