Tan de moda que puso la libertad de expresión el asunto de Charlie Hebdo y de pronto... ¡zas!... Madrid vuelve a desempolvar la guadaña de la censura.
Una vez más, utilizando como pretexto las quejas de un grupo de choque en la nómina de La Moncloa para así evitar el escrutinio internacional, la monarquía bananera prohibe la presentación de un artista vasco, en este caso y una vez más, la banda Soziedad Alkoholika.
Lean esta nota publicada en Naiz:
Soziedad Alkoholika ha anunciado a través de Facebook que los organizadores del concierto que que el grupo gasteiztarra tenía previsto ofrecer este sábado en Madrid han recibido un escrito del Ayuntamiento en el que se les informaba de su prohibición. «De nuevo se impone la censura», denuncia la banda.
«Tras media docena de intentos para actuar en Madrid en los últimos cinco años, de nuevo se impone la censura a menos de una semana del concierto», ha señalado Soziedad Alkoholika al anunciar la suspensión del concierto que este sábado tenía previsto ofrecer en el madrileño Palacio Vistalegre.
El Ayuntamiento de Madrid ha prohibido el concierto que tenía previsto celebrar Soziedad Alkohólika en base a un informe de la Policía Municipal que advierte del «peligro de alteración del orden público».
Así consta en un expediente del Area de Gobierno de Seguridad y Emergencias, al que ha tenido acceso Europa Press, que recoge el informe emitido por la Sección de Coordinación y Análisis de la Información de la Policía Municipal de Madrid.
El informe recoge que la Ley de Espectáculos prohíbe «actividades que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana».
El expediente recalca que las letras de las canciones de este grupo ya fueron objeto de análisis por el Tribunal Supremo español, que las calificó como «opiniones con excesos verbales hirientes y desafortunadas». Se obvia, no obstante, que la banda gasteiztarra fue absuelta.
El Coordinador General de Emergencias, Jesús Guereta López, ordena la prohibición de la celebración del citado concierto por apreciarse que el desarrollo del mismo se prevé que pueda producir «alteraciones del orden público con peligro de personas y bienes».
Además, informa de que en caso de incumplimiento la autoridad competente estará habilitada para suspender de manera inmediata la celebración del espectáculo.
Así, se advierte al interesado de la responsabilidad penal por delito de «desobediencia a la autoridad», tipificado en el artículo 556 del Código Penal, en que puede incurrir en caso de incumplimiento.
Previamente, la delegada del Gobierno español en Madrid, Cristina Cifuentes, había pedido a la Fiscalía que estudiara la posibilidad de prohibir el concierto argumentando que podría dar lugar a un delito de «enaltecimiento del terrorismo».
Contra la diversidad
Tras conocer la decisión, el grupo ha colgado un comunicado en su página web en el que lamentan la decisión, manifestando que sabían que «sectores de la extrema derecha temerosos de la diversidad cultural y la libertad ideológica estaban presionando para provocar la cancelación de nuestro concierto».
«Han pasado 13 años desde que nos acusaron y comenzaron a perseguirnos sin cuartel. El mismo tiempo desde que nos pronunciamos claramente contra cualquier tipo de violencia para resolver ningún conflicto. Han pasado ya 9 años desde que fuimos juzgados y absueltos de supuestos delitos de humillación a las víctimas, pero para el Gobierno de Madrid es fundamental impedirnos ejercer nuestros derechos», denuncia el grupo.
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