lunes, 15 de marzo de 2004

El 11-M y los Seis de México

Carlos Montemayo, solidario mexicano con el pueblo vasco, aprovecha el panorama generado por el manejo de José María Aznar y Mariano Rajoy de la tragedia en Madrid para pedir al gobierno de Vicente Fox que reconsidere la situación de los seis refugiados vascos pendientes de un juicio de extradición a un estado cuyos dirigentes no tienen la calidad moral para poner en suspenso la vida de nadie.

Vean lo que nos comunican hoy en la sección Opinión de La Jornada:



Madrid y vascos extraditables 

Carlos Montemayor

El gobierno de Vicente Fox y los jueces mexicanos han recibido una oportuna llamada de atención para no seguir lesionando el derecho de asilo ni las garantías humanas de los seis vascos detenidos injustamente en México y frenar la dócil disposición oficial a conceder la extradición de cuanto ciudadano vasco o de cuanto ciudadano mexicano de origen vasco reclamen autoridades españolas.

Esta llamada de atención, clara e insuperable, es la conducta dolosa e injustificable del gobierno de José María Aznar ante los atentados terroristas perpetrados en estaciones ferroviarias de Madrid la mañana del pasado 11 de marzo.

El gobierno español y los candidatos y dirigentes del Partido Popular (PP) culparon de los atentados a ETA. La magnitud de la tragedia no le importó a la administación de Aznar, la cual, de inmediato, se propuso manipularla para beneficio electoral. Cuando apareció el comunicado de Al Qaeda en la prensa británica atribuyéndose los ataques, el gobierno español se siguió aferrando al linchamiento de ETA como única opción posible. Más tarde, cuando la prensa internacional daba como hecho la autoría de Al Qaeda y abundaba en el modus operandi de los atentados de esa organización, el gobierno de Aznar seguía inculpando a ETA, aunque con reticencia comenzó a reconocer que podría abrirse otra línea de investigación.

Sesenta horas se tardó en reconocer el Ministerio del Interior español que Al Qaeda era la organización terrorista que había perpetrado la masacre. Sesenta horas, sí, después de haberse resistido a una carta y a un video que daban fe de esa autoría. Sesenta horas, en efecto, después que la cancillería española envió instrucciones a todos los embajadores de aprovechar toda ocasión que se les presentara para confirmar la autoría de ETA. Sesenta horas, así es, luego que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) condenó a ETA por la insistencia del gobierno español de atribuirle los ataques a la organización vasca.

Pero lo increíble es que 60 horas después, cuando las autoridades españolas tuvieron que rendirse ante las evidencias, porque ya era el único gobierno del mundo que seguía culpando a ETA, el candidato del PP, en entrevista con el diario El Mundo, insistió en que seguía teniendo "la convicción moral" de que esa organización estaba detrás de los atentados.

¿Qué entenderá por "convicción moral" Mariano Rajoy? Poca agudeza le concede a la lengua española si por "convicción" quiere entender el aferrarse a un dato falso, insostenible; el defender una creencia infundada; el imponer una mentira con dolo. Flaco favor le hace a la "moral" prolongar la mentira, dar la espalda a la verdad y a la realidad, no respetar a las víctimas, sino usarlas para asegurar los votos que el PP necesitaba para continuar gobernando España desde este peculiar concepto de "convicción" y "moralidad".

A tono con su concepción de "la moral", en la misma entrevista concedida al diario El Mundo calificó las protestas de españoles, quienes reclamaban la verdad sobre los atentados, de "antidemocráticas, ilegítimas e ilegales". Se trata del mismo modus operandi de José María Aznar: no tomar en cuenta, para apoyar la invasión a Irak, que 90 por ciento de los españoles se oponía a la guerra. Una de las proclamas de los manifestantes que se congregaron ante las oficinas del PP en Madrid fue por ello muy clara: "Vuestra guerra, nuestros muertos". No quieren reconocer Aznar ni Rajoy que esta matanza fue una respuesta a la intervención del gobierno español en la ocupación iraquí.

No es posible justificar los bombazos en Madrid, no. Pero tampoco es posible justificar las matanzas de civiles en territorios musulmanes. La carta de las Brigadas de Abu Hafs al Masri, publicada en un diario londinense, pregunta por qué causa es legítimo para los ejércitos occidentales masacrar a "niños, mujeres, ancianos y jóvenes en Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira". No, no es legítimo. Es injustificable. Son guerras desatadas unilateralmente. El mundo entero se ha opuesto a ellas, pero los gobiernos dan la espalda a los pueblos para apoderarse de territorios, agua, hidrocarburos y negocios para la reconstrucción de países devastados.

El gobierno de Vicente Fox debe tomar en cuenta esta llamada de atención. Bush, Blair y Aznar mintieron a sus pueblos y al mundo acerca de los arsenales de armas de destrucción masiva que supuestamente poseía Irak. Quisieron arrastrar a la ONU a una alianza basada en la mentira, la simulación y el enriquecimiento con la guerra. Quisieron arrastrar a México a esa alianza.

Ahora el gobierno de Aznar logró arrastrar al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar a ETA por atentados perpetrados por Al Qaeda. El presidente Fox se vio arrastrado también en esa ola de imputaciones inmediatas y aseguró que México nunca sería refugio de terroristas. La administración foxista y los jueces mexicanos pueden comprender ahora la magnitud del dolo e irresponsabilidad a los que puede llegar un gobierno en su propósito de crear culpables donde no los hay. En Irak, con armas de destrucción masiva inexistentes. En los atentados de Madrid, con ETA, núcleo de un proceso complejo y peligroso de la vida política española empleada ahora tendenciosamente para asegurar votos.

México debe tomar con cautela todo intento de fabricar terroristas. México no está obligado a respaldar versiones parciales o tendenciosas de gobiernos de otros países. Muchos riesgos corremos con esto. Desde la ocupación militar y policiaca de nuestros aeropuertos y fronteras, quizás más tarde de nuestras carreteras, hasta la desnaturalización de nuestro orden legal e histórico.

No eliminemos el asilo político, no cancelemos el asilo a perseguidos políticos, particularmente cuando el gobierno de Aznar y Mariano Rajoy han mostrado ostensiblemente que no son capaces de reconocer cuándo actúa ETA y cuándo no. Después de ocho meses de mantener en la cárcel a seis vascos privándolos de garantías, leyes y respeto, los jueces mexicanos, la cancillería y el presidente Fox pueden aprovechar las 60 horas transcurridas desde los atentados en España para pensar que no en todos los sitios de Madrid ni de México está la ETA y que no todos los ciudadanos vascos residentes o asilados en este país deben ser tomados, por "convicciones morales" de políticos españoles, como reos extraditables.





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