Atado y bien atado, no cabe la menor duda.
Una vez más queda demostrado que el Régimen del '78 goza de excelente estado y que no importa lo que suceda quienes han colaborado para mantener el orden de las cosas tal como fue establecido en 1939 serán premiados, si no con medallas como Billy el Niño por lo menos con impunidad como en el caso del Sr. X González. Así hacen las cosas los del suelo ético, los que hasta la fecha mantienen dispersados por toda la geografía de los estados español y francés a quienes tuvieron la "suerte" de no ser víctimas de una ejecución extrajudicial ordenada desde las cloacas de Madrid.
Público nos relata con este artículo el más reciente esperpento por parte del régimen borbónico franquista:
Los servicios jurídicos de la Cámara habían rechazado citar a Felipe González, pero no se habían posicionado en contra de abrir una investigación parlamentaria en la que posteriormente el expresidente podría ser citado.
Alexis RomeroLa Mesa del Congreso ha rechazado este martes abrir una comisión de investigación sobre el terrorismo de Estado de los GAL y el papel del expresidente del Gobierno Felipe González. El órgano de gobierno de la Cámara se ha posicionado en contra de esta investigación parlamentaria con los votos en contra de PSOE, PP y Vox y el único voto favorable de los miembros de Unidas Podemos.
La petición fue impulsada la pasada semana por Bildu, y contaba con el apoyo del PNV, ERC, JxCat, el BNG y la CUP. Este mismo martes se conoció que los letrados no se habían posicionado en contra de abrir la comisión. Los servicios jurídicos del Congreso sí que habían rechazado la posibilidad de que González compareciese en el Congreso de forma 'directa', bajo el pretexto de que el expresidente ya no ocupa ningún cargo público y no tiene el deber de someterse al control parlamentario.
Sin embargo, no rechazaron la posibilidad de abrir una comisión sobre el asunto de los GAL en la que posteriormente González acudiera como compareciente para dar explicaciones. Los letrados entienden en este sentido que cada comisión tiene su propio plan de trabajo y elige a sus propios comparecientes.
El encargado de anunciarlo ha sido el secretario primero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, que ha calificado la decisión del órgano como una "mala noticia". "Hablar sobre los GAL no es hablar sobre el pasado, es hablar de la cloacas instauradas por el franquismo, que estuvieron en la transición y que operan hoy contra el Gobierno de la mano de la extrema derecha. Era una manera de pedir disculpas a las víctimas del terrorismo de Estado", ha asegurado.
Pisarello ha relacionado los dos vetos que PSOE, PP y Vox han utilizado en la Mesa en las últimas semanas para evitar investigaciones sobre González y sobre Juan Carlos I, y ha advertido que el Congreso "no puede ser utilizado como un muro para proteger la opacidad de nadie, se llame Felipe González o se llame Juan Carlos de Borbón. Ni nada ni nadie en una democracia puede pretender quedar al margen del escrutinio público".
Sobre la comisión de investigación del rey emérito, el diputado ha anunciado el registro de una petición de reconsideración que tendrá que ser vista en la Junta de Portavoces y posteriormente en la Mesa. También ha avanzado que insistirán "por todas las vías" en la investigación de las finanzas de Juan Carlos I, tanto en la parlamentaria como en la judicial.
Lastra: "La posición del PSOE no va a cambiar"
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se ha referido a la decisión de la Mesa como un "veto político que va en contra del criterio de los letrados. "Los letrados dejaron claro que no cuestionan ni el fondo ni la forma de la comisión. Se debe única y exclusivamente a criterios políticos. Hoy se falta al derecho a la verdad, justicia y reparación. González tiene la oportunidad de dar la cara y aclarar su responsabilidad en la creación del terrorismo de Estado".
Tras conocer el veto de la Mesa, la portavoz de Bildu ha anunciado el registro de cinco peticiones de comparecencia: tres exministros del Interior (José Barrionuevo, Juan Alberto Belloch y José Luis Corcuera), el que fuera secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y el exjuez Baltasar Garzón.La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha defendido la posición de su partido y ha asegurado que "son hechos investigados, juzgados y sentenciados hace más de 20 años. Mi grupo atiende al criterio de los letrados, pero también tiene posición política ¿Condena el PSOE el terrorismo de los GAL? Por supuesto. El PSOE condena todos los tipos de terrorismo. La posición del PSOE no va a cambiar", ha zanjado.
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