Zaldibar y el 12J

Urkullu mira el mapa electoral en previsión al 12J y cuando sus ojos pasan sobre Zaldibar, Eibar, Ermua no puede evitar una sonrisa socarrona. Y es que bien sabe que la noche del 12J cuando se termine el conteo el tendrá esas localidades en el bolsillo pues los habitantes españolistas de la zona -que son lacerante mayoría- le habrán "castigado" a él votando en masa -incluidos los pensionistas- por sus socios en el gobierno de Lakua, los sociatas.

Y el 13 de julio todo será tan normal como lo era el 11 de julio y todos los días anteriores.

Es la maldición del Día de la Marmota en la CAV.

Pero no podemos nosotros negar, desde este humilde blog, que hay quienes ven en el movimiento de los pensionistas y en el rechazo al manejo de la escombrera de Zaldibar una esperanza de cambio. La esperanza, dicen, es lo último que muere, no olvidemos que las rebeliones están hechas de ella, según nos informó Jyn Erso en Rogue One.

En honor a ellos les compartimos esto publicado por El Salto:

La crisis del vertedero de Zaldibar enturbia la atmósfera de las elecciones vascas

Mientras los juzgados estudian los delitos cometidos por la empresa gestora de la escombrera, la sociedad deberá dirimir el grado de responsabilidad de las administraciones vascas.

Aida M. Pereda

En plena carrera de desescalada, apenas queda un mes para la cita con las elecciones en Euskadi, que se celebrarán el próximo 12 de julio después de haber sido aplazadas por la crisis sanitaria. Unos comicios que reflejarán el grado de satisfacción de los ciudadanos vascos con la gestión de la crisis del coronavirus y que valorarán también la actuación que el gobierno autonómico está llevando a cabo ante el grave desastre medioambiental provocado por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

Pero, ¿el accidente ocurrido en la localidad vizcaína pasará factura en las urnas a la coalición PNV-PSE? Mientras los juzgados estudian los delitos cometidos por la empresa gestora de la escombrera, la sociedad vasca deberá dirimir el grado de responsabilidad de las administraciones vascas, encargadas de garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de este almacén de residuos industriales.

Por el momento, el Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco ha remitido un primer recibo a la empresa gestora de la escombrera, Verter Reclycling 2002, S.L., donde le hace llegar un requerimiento del pago inicial de 3,4 de los 9 millones de euros que lleva gastados para afianzar el terreno y realizar las labores de búsqueda de los dos trabajadores enterrados bajo las toneladas de residuos que se desprendieron ladera abajo el pasado 6 de febrero.

Porque a pesar de que la crisis del coronavirus ha eclipsado el resto de asuntos, cuatro meses después del derrumbe, las miradas vuelven a dirigirse hacia el monte Ugarbitxa donde se asentaba el vertedero. Ni siquiera la pandemia ha podido soterrar por más tiempo lo que se oculta bajo el mayor accidente medioambiental ocurrido hasta la fecha en un vertedero en España. Porque la desgracia no sólo causó la muerte de dos de los trabajadores del vertedero, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán —que aún no han sido localizados—, sino que además generó una gran alarma entre los vecinos de la zona, los cuales, asombrados, descubrieron desde sus ventanas que lo que ardía en el monte no eran sólo escombros industriales.

Y es que las primeras conclusiones de la Ertzaintza —extraídas del sumario judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango— hablan de “indicios de criminalidad en la gestión” que podrían haber propiciado el derrumbe. Por tanto, la Justicia investiga la comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por poner en “riesgo grave el entorno natural y la salud de las personas”, y la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Asimismo, los investigadores se hacen eco de que en estas instalaciones “se estaban eliminando todo tipo de residuos”. De hecho, fuentes cercanas al caso nos confirman que el vertedero de Zaldibar era conocido como “el agujero”, puesto que “era vox populi que se hacía la vista gorda” y “nadie revisaba lo que entraba en los camiones”.

Sin licencia para amianto

Recién levantado el secreto de sumario del caso, ha trascendido que, a pesar de ser un vertedero de residuos no peligrosos, las diligencias atestiguan que se almacenaba amianto desde 2012, cinco años antes de que Verter Recycling se inscribiera en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), requisito obligatorio para poder llevar a cabo esta actividad. Solo en 2019, las laderas del monte recibieron 4.235 toneladas de este compuesto utilizado durante décadas en la construcción y catalogado como altamente cancerígeno.

Pero lo más sorprendente es que una vez llegado el personal de rescate al lugar del accidente, nadie avisó de la existencia de este material. No fue hasta pasadas varias horas, cuando descubrieron la alta presencia de fibras de uralita, lo que obligó a detener las labores de búsqueda hasta que no pudieran garantizarse las medidas de protección necesarias para los efectivos allí desplegados.

Pero esto es solo la punta de la montaña de irregularidades cometidas por parte de Verter Recycling. Las sombras de ilegalidad se vislumbran ya desde su implantación. De hecho, el proyecto que sus impulsores presentaron para obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI), —elaborado por la ingeniería LKS—, dista mucho de lo que realmente construyeron con la empresa Geiser HPC. Sin embargo, y aquí está el ‘quid’ de la cuestión, una vez expedida la licencia en 2007, el Gobierno Vasco no revisó las instalaciones, llegando incluso a renovar su permiso en 2013.

El conde de Eibar

Según cuentan vecinos del pueblo guipuzcoano de Eibar, parece que el ‘modus operandi’ de la empresa, —propiedad de José María Barinaga, conocido como ‘el conde de Eibar’—, es reflejo de “sus ansias de amasar fortuna”, porque la superficie de la escombrera sobrepasó en 13 años la capacidad estipulada para sus 35 años de vida útil.

En opinión de Joseba Fernández, presidente y portavoz de la asociación medioambiental Bizirik-Betiko, el problema no es sólo “que la empresa haya buscado su propio beneficio, poniendo en riesgo el medioambiente y la salud de sus trabajadores y la de los vecinos de la zona”, sino que, además, “las administraciones públicas vascas no han velado por el correcto funcionamiento de esta planta”. Si bien es cierto que constan tres informes realizados por el departamento vasco de Medio Ambiente que, en su última inspección, estableció una sanción a la empresa por la existencia de irregularidades, y que la Inspección de Trabajo de Bizkaia y Osalan le obligaron a subsanar deficiencias detectadas en su plan de trabajo con riesgo de amianto.

Un accidente, el de Zaldibar, que se podía haber evitado y que debería hacernos reflexionar en torno a la necesidad de cambiar nuestro modelo de gestión de residuos. “Ha ido a parar a manos privadas y se ha convertido en un auténtico negocio”, critica este experto, que recuerda que en Euskadi existen 17 vertederos de este tipo. Por ello, desde esta asociación solicitan al Gobierno vasco “un plan de inspección de todos los vertederos autorizados que existen en Euskadi para garantizar que no vuelva a suceder un desastre medioambiental como éste”.

Además, esta transformación, añaden, debe ir acompañada de la creación de una agencia medioambiental independiente que establezca “las condiciones ambientales y de seguridad a las que deben someterse todos los proyectos constructivos con impacto ambiental” y que “refuerce el control de calidad y seguimiento de estas actividades” porque “no puede dejarse en manos de las propias empresas”.

Asimismo, solicitan un endurecimiento de las leyes medioambientales, que, lejos de fortalecerse, son cada vez más laxas. “No puede ser que en la época franquista, en 1964, estuviera prohibido establecer un vertedero a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano, y que en cambio, en la modificación realizada en 1998, la actual Ley General del Medio Ambiente del País Vasco eliminara ese perímetro de seguridad”, subraya el portavoz de Bizirik-Betiko. No obstante, “si esta distancia se hubiera mantenido en vigor, el vertedero de Zaldibar no se hubiera podido construir, puesto que se encuentra a tan solo 500 metros del barrio de San Lorenzo, en Ermua, y a 2 kilómetros del centro de la localidad de Eibar.

Indefensión

El pasado sábado 6 de junio, los vecinos de Zaldibar, Eibar, Ermua, Elgeta, Mallabia y Zalla volvieron a movilizarse en las calles de Zaldibar —cumpliendo el estricto protocolo de Sanidad— pidiendo que no se olvide este desastre medioambiental y no se paralice la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos. Desde la Plataforma de Vecinos del Barrio de San Lorenzo, de Ermua, exigen la retirada de los residuos que ven arder desde sus casas por las combustiones que se avivan de forma espontánea entre las partículas allí revueltas, que han degradado la calidad presente y futura del aire y las aguas subterráneas de los alrededores y claman para que las dos celdas que se han construido en el municipio para aislar parte de los desechos extraídos del vertedero, sean vaciadas y selladas.

Por su parte, los miembros de la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu denuncian la “falta de asistencia” que han recibido por parte las instituciones y piden responsabilidades políticas. “Lo sucedido en Zaldibar es un escándalo público y se ha de esclarecer punto por punto quién está detrás de todo, ¿para cuándo las dimisiones? Señor Iñaki Arriola [consejero de Medio Ambiente], ¿dónde está usted? Señor Iñigo Urkullu, ¿por qué actúa como si nada hubiera pasado?”, preguntan.

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