Con la invaluable ayuda del PNV y las instituciones de Lakua los mamporreros de Ciudadanos han logrado perpetuar aquello del "todo es ETA" de Baltazar Garzón criminalizando a los habitantes de Orereta por el solo hecho de ejercer su libertad de expresión.
El 14 de abril fueron a poner una pica a una de las poblaciones más emblemáticas en el largo y sinuoso proceso de autodeterminación del pueblo vasco, una localidad que en fechas recientes ha estado en la palestra dado el dinamismo con el que se ha abordado el proceso de paz y reconciliación abierto unilateralmente por la sociedad vasca tras la Conferencia de Paz organizada allá en 2011 por Lokarri en el Palacio de Aiete sito en Donostia.
Madrid tenía que castigar tamaña insolencia y recurrió para ello a sus más voluntariosos mamporreros vascos para acompañar al bisoño Albert Rivera en su tour españolista: Fernando Savater y Maite Pagazaurtundua.
No es casual que el mencionado tour españolista de la ZEN haya visitado antes Altsasu y que su destino pocas semanas después de Orereta fuese Ugao, localidad de la que es originario el represaliado Josu Urrutikoetxea, detenido en esos días por París a pesar del papel clave que Urrutikoetxea había jugado en el desarme y desmovilización de ETA, mostrando así al mundo entero que ni Madrid ni los jacobinos estaban -ni están- dispuestos a implementar un modelo de Justicia Transicional tan necesario para el tercer componente del proceso de DDR, la reintegración.
Pues bien, por medio de Naiz nos hemos venido a enterar que la fanfarronada de Rivera, Savater y Pagazaurtundua ha rendido dividendos y que al sol de hoy 23 vecinos de Orereta estarán siendo machacados por los estamentos represivos del estado español.
Lean por favor:
La jueza que instruye la denuncia por «acoso» presentada por Ciudadanos durante un mitin celebrado el 14 de abril de 2019 en Errenteria ha procesado a las 23 personas investigadas por estos hechos, a quienes atribuye indiciariamente la posible comisión de «delitos electorales y contra el orden público».Esta causa fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia después de que la Fiscalía de Gipuzkoa iniciara una investigación a raíz de una denuncia presentada por el partido naranja y su por aquel entonces presidente, Albert Rivera.
Los hechos se remontan al 14 de abril de 2019, cuando en plena campaña electoral Ciudadanos montó un mitin en Errenteria –localidad en que no tenía representación ni aspiración alguna de conseguirla– con la presencia de Rivera, Fernando Savater o Maite Pagazaurtundua, entre otros. Otro tanto hacía poco antes en Altsasu o después en Ugao.
El acto se topó con una plaza llena de lazos amarillos en solidaridad con Catalunya, pitos, cacerolas, insultos e incluso el himno republicano, acorde con la fecha. La tradicional manifestación que se celebra cada año fue cortada por los agentes.
El auto que concluye provisionalmente la instrucción alude a delitos electorales regulados en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el primero de los cuales prevé una horquilla con penas de seis meses a tres años de prisión o multa de doce a 24 meses, mientras que el segundo recoge posibles condenas que van de tres a doce meses de cárcel o multa de seis a 24 meses.
El auto añade que «pese a que no se ha podido acreditar y se ha negado por todos los investigados que participaran activamente en la promoción y preparación del boicot al acto electoral», no se puede aceptar que no lo conocieran o que «se lo encontraron si más».
«Un acto electoral de estas características se prepara con tiempo y los llamamientos a su boicot, a la movilización ciudadana, y los carteles y pintadas llevaban mucho tiempo en la calle y en la redes sociales, y no podía sorprender a nadie», apunta la jueza.
A su entender, las conductas de las personas procesadas impidieron el desarrollo del acto «con normalidad», lo que supuso «una vulneración grave de los derechos electorales» de los asistentes al mitin.
El auto recuerda que «fue tanta la afluencia de gente del pueblo en las calles para ‘ver’ el acto y ‘recibir’ a los asistentes, que tuvo que intervenir la Policía en un dispositivo ‘ad hoc’ con agentes de otros lugares para evitar incidentes y controlar y contener a los ciudadanos del pueblo».
Tres por cacerolas, uno por gritar…
En otro apartado, el auto describe los hechos concretos atribuidos a cada uno de los 23 investigados, a tres de los cuales les responsabiliza de participar en una cacerolada desde los balcones de sus domicilios «impidiendo» que el acto electoral «se escuchara correctamente» y que se oyeran los discursos de los intervinientes, mientras que a uno más le imputa por gritar desde un quiosco cercano.
Al resto de los investigados les atribuye distintas actitudes de forma individual como proferir insultos, hacer cortes de mangas y «peinetas» contra la comitiva de Ciudadanos, impedir con su presencia «el normal desarrollo de la operativa policial» y propinar patadas al coche de Albert Rivera.
Un contexto en el que el auto sitúa también el empujón que supuestamente uno de los investigados dio a un agente de la Ertzaintza «que resultó arrollado por un vehículo» y el lanzamiento de una botella de agua por parte de otro de los procesados contra un segundo policía.
El auto señala que «ninguno de los investigados ha negado su presencia en los lugares en los que fueron identificados por la Ertzaintza y, en general, han reconocido su actuación y las expresiones realizadas, pero han justificado esa conducta como de responsabilidad individual, al margen de cualquier acción coordinada con otros y como algo espontáneo, no previsto ni buscado».
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