Antes que pasen ustedes a leer el artículo que aquí les compartimos queremos fijar nuestra postura con respecto a la situación de Eduardo Zaplana. Es muy fácil de entender, no es lo mismo un preso político, como el caso de todos y cada uno de los represaliados vascos hoy en cárceles de los estados francés y español que un político preso, como es el caso de Eduardo Zaplana y otos.
De eso a que por humanidad se pida la excarcelación de unos y otros es por completo otro tema.
Establecido lo anterior, aquí la información:
Sare reclama que el nuevo protocolo en relación a los presos enfermos no excluya a los reclusos vascosTxus DíezLa puesta en marcha, el pasado mes de diciembre, de un nuevo protocolo para valorar la situación de los presos enfermos en las prisiones españolas, que deroga la anterior instrucción al respecto, ha abierto una puerta a la esperanza de los 21 reclusos vascos con diferentes dolencias que reclaman la prisión atenuada o la excarcelación. En todo caso, tal y como señalan desde la red ciudadana Sare, la cautela prima sobre la expectativa en torno a una medida que, consideran, no se puede entender sin tener en cuenta la situación del exministro del PP Eduardo Zaplana.A Zaplana, gravemente enfermo de leucemia, se le está denegando de forma reiterada la excarcelación y el Partido Popular, con su presidente, Pablo Casado, a la cabeza, clama por una solución humanitaria a su situación. “Nos preocupa que la situación de un interno y las exigencias del PP para su puesta en libertad sean el único motivo que haya podido influir para tomar una decisión de estas características”, explica a este periódico Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, que reclama una aplicación de la nueva directiva “sin excepciones”.Desde febrero de 2017, y al albur de la polémica que generó la excarcelación del preso de ETA Josu Uribetxeberria, el criterio para la salida de la cárcel de un recluso enfermo era exclusivamente temporal;debía estar en una fase terminal para poder salir de prisión. Uribetxeberria había muerto a causa de un cáncer dos años y medio después de su excarcelación, y el Gobierno de Mariano Rajoy decidió evitar situaciones similares con una instrucción “absolutamente rechazable por su inhumanidad”, señala Azkarraga.En la práctica, dicha instrucción y el clima en el que se aprobó supusieron, afirma, que la situación de los presos enfermos se estancara pese a que el terrorismo había desaparecido. Aquel documento “llegaba a decir que solamente se les pondrá en libertad si hay seguridad de que se van a morir pronto;¿y eso quién lo regula?”, explica el portavoz de Sare, quien opina que la instrucción se dictó para “calmar los ánimos de la extrema derecha”.El nuevo criterio implantado el pasado 17 de diciembre por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska establece nuevos parámetros para decidir sobre la excarcelación o prisión atenuada de un preso. Así, el nuevo protocolo valora la salud del recluso mediante una escala de 100 puntos y tendrá en cuenta, no solo el tiempo que le queda para fallecer, sino la calidad de vida de la que puede disfrutar en prisión dada su situación. La medida beneficiaría directamente a Zaplana, que no es en principio un enfermo terminal pero que sí está grave y debe ser tratado en un hospital o en su casa, según sus médicos.Ante la probable relación de causa-efecto entre este caso particular y la instrucción del Ministerio, Azkarraga se pregunta si “su aplicación se va a hacer exclusivamente para un preso determinado o se evitan excepciones”. Por otro lado, el exconsejero del Gobierno Vasco considera que el caso de Zaplana “ha dejado en evidencia a quienes desde un partido reclaman la libertad de este preso y piden que los demás en situación similar se pudran en las cárceles, ahí se ve el criterio de legalidad que defiende sobre todo el PP y fundamentalmente el señor Casado, que ha liderado esta cruzada”.Desde Sare, afirma en ese sentido, abogan por la prisión domiciliaria de Zaplana “si está gravemente enfermo”. “No tenemos el más mínimo reparo, pero pedimos el mismo criterio de humanidad para otros casos”, dice.En todo caso, la nueva instrucción no es la panacea para la red ciudadana vasca. “Sin duda mejora la anterior, pero dicho esto se queda muy lejos de lo que tiene que ser la aplicación de una normativa en este sentido”, señala Azkarraga, quien censura que “se deje en manos de la dirección de las cárceles un tema estrictamente médico”;que prime “la opinión de un funcionario de prisiones sobre la de un responsable médico, de alguien que conoce la situación física o psíquica de esos presos”. Por otro lado, Sare considera que “un derecho constitucional como es el derecho a la vida, también para las personas privadas de libertad”, no puede ser regulado a través de una instrucción, sino que debe estar recogido en el Código Penal.
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