martes, 15 de enero de 2019

La Realidad de la Dispersión

Los números, fríos por naturaleza, nos ayudan a dimensionar la magnitud de lo vivido cada fin de semana por familiares y amigos de los represaliados políticos vascos - presos y exiliados -. También nos ayudan a entender la magnitud de la miseria humana de la casta política españistaní.

Tras la marcha del 12 de enero se nos ha invitado a la reflexión acerca de los siguientes pasos, para ello, es vital conocer que es lo que sigue sucediendo a más de un año del desarme y a un par de meses del aniversario de la desmovilización de ETA, ambas condiciones exigidas durante lustros por parte de Madrid para terminar con las medidas de excepción creadas exprofeso para hacer aún más agudo el castigo al independentismo vasco dentro del marco de la guerra sucia y del garzoniano "todo es ETA".

Les invitamos pues a leer esto que se reporta desde Gara:


Los familiares recabaron solidaridad multitudinaria el sábado, sobre todo en Bilbo. Pero el próximo fin de semana, con riesgo de nieve en las carreteras, apenas el 10% se librará de viajar menos de 800 kilómetros para las visitas.

Ramón Sola

La principal conclusión de la multitudinaria manifestación del sábado en Bilbo (76.000 en el recuento de GARA) es que la mayoría social vasca no compra el discurso del Gobierno Sánchez de que existe un giro importante en la política penitenciaria. La gran participación en la marcha demostró que esa mayoría atiende más a los datos reales que a los discursos oficiales. Y esos números son muy reveladores del mantenimiento de una política extrema de alejamiento.

GARA ha tenido acceso a los balances actualizados que manejan colectivos como Etxerat o Presoen Batzordea de Sortu. En ellos sobresale que de los 210 presos y presas vascas dispersadas por el Estado español, nada menos que 136 (64,5%) están encerradas a distancias de entre 600 y 1.100 kilómetros, lo que aboca a sus familiares y amigos a realizar entre 1.200 y 2.200 kilómetros para poder verles, habitualmente a través de un cristal y durante solo 40 minutos. Sin ir más lejos, ocurrirá este fin de semana próximo que se prevé muy invernal, con riesgo grave de heladas y nevadas.

Otro 26,5% (55 familias) tienen a sus presos a entre 400 y 600 kilómetros, lo que en el mejor de los casos puede permitir la ida y vuelta en el día si el horario de las visitas y la climatología así lo permiten, pero no soluciona el alto riesgo de accidentes ni los costes económicos.

No llegan al 10% los casos en que para llegar y volver de la cárcel no habrá que recorrer más de 800 kilómetros. Apenas 19 presos y presas del Colectivo están hoy recluidos en Euskal Herria y su entorno próximo por parte de las autoridades españolas, lo que contrasta muy visiblemente ya con la realidad al otro lado de la muga, puesto que con los acercamientos del Gobierno francés hoy el 59% de los presos vascos está a esa distancia, bien en Mont de Marsan o en Lannemezan (27 de 46). Hay tres más entre 400 y 600 kilómetros (6%) y los dieciséis restantes padecen alejamiento extremo (35%).

Los 25 traslados acometidos por París han dejado vacías de vascos seis cárceles lejanas: Poissy, Clairvaux, Alençon, Tarasacon, Chateauroux y Saint Maur. Sin embargo, se da el caso de que presos vascos entregados por el Estado francés al español después de cumplir sus condenas se han visto alejados sistemáticamente de nuevo: a Puerto de Santa María, Algeciras, Murcia, Castelló... Es una de las contradicciones abordadas en la mesa de diálogo de París y no resueltas por el momento.

Aspiazu, ¿a quién se castiga?

Siguiendo con estos datos, durante 2018 se han producido siete accidentes de tráfico yendo o retornando de las cárceles, de distinta consideración aunque afortunadamente ninguno con resultados trágicos.

En ellos se han visto afectados varios menores de edad, los llamados «niños de la mochila» sobre cuya situación se está alertando específicamente. Y el primer siniestro provocado por el alejamiento carcelario en este 2019 lo ha sufrido el hijo de menos de dos años del preso Garikoitz Aspiazu. El pequeño viajaba con su madre hasta la cárcel de Arles, a 665 kilómetros de casa. Otro vehículo embistió por detrás al suyo. La persona que lo conducía huyó sin hacer parte de accidente.

Aspiazu es uno de los presos a los que el Ministerio de Justicia se niega a acercar por el momento. De hecho, en la conversación mantenida con un periodista de ‘‘Mediabask’’ de la que GARA dio cuenta el pasado viernes, la principal interlocutora francesa con la delegación vasca, Hélène Davo, afirmaba que tanto en su caso como en el de Mikel Karrera (preso en Réau) las organizaciones españolas de víctimas de ETA se muestran muy reacias. Esta afirmación siembra dudas sobre la capacidad de veto otorgada por Madrid, y directa o indirectamente París, a estos grupos ultras.

Polo, ¿qué es acercamiento?

Antes de iniciar movimientos de presos, tanto el Gobierno francés como el español se reunieron con AVT, FVT o Covite para explicarles su intención y recordar la evidencia de que los acercamientos son legales. Esas organizaciones, a su vez, intentaron poner sus condiciones. La pasada semana se ha producido un notorio endurecimiento de su posición, que va paralelo y quizás no sea ajeno al auge de la derecha y ultraderecha reflejado en las elecciones andaluzas.

La excusa utilizada para elevar la voz contra el Gobierno español ha sido la filtración de que estos últimos meses se han producido tres movimientos que no les habrían sido comunicados previamente desde el Ministerio de Justicia. El primero es el de Sergio Polo, movido desde Algeciras (Cádiz) a Herrera de la Mancha (Ciudad Real), y ante lo que la Fundación de Víctimas del Terrorismo declara: «Nos parece extremadamente grave porque está condenado por delitos de sangre». Instituciones Penitenciarias responde que no se notificó porque no se trata de ningún acercamiento, dado que Herrera está a más de 600 kilómetros de su casa.

El otro motivo de queja resulta igualmente absurdo puesto que María Lizarraga e Iñigo Gutiérrez tampoco han sido trasladados cerca de Euskal Herria y de hecho casi ni se han movido en el mapa: de Alicante a Valencia. El Gobierno español explica que ambos son pareja y Lizarraga va a a ser madre, por lo que obviamente tiene que ser llevada a una prisión con módulo de madres como es la de Picassent.

Tenga o no relación con ello, Madrid lleva tres semanas sin aprobar, o al menos comunicar, nuevos traslados.

Solo 30 de 211 prisioneros han logrado pasar al segundo grado

Entre las reivindicaciones de Orain Presoak está levantar las trabas a la progresión de grado, marcada por una excepcionalidad que refleja este dato actualizado: mientras en el total de la población carcelaria en el Estado español solo el 2,1% está clasificado en primer grado, en el caso de los miembros de EPPK se les aplica a 181 de 211 (85,7%). Hasta la llegada del Gobierno del PSOE, este «régimen cerrado» alcanzaba al 95% y ahora son algunos menos dado que los casos de traslados se acompañan de la concesión del segundo grado.

La progresión no solo resulta muy lenta y trabada, sino además muy limitada. Por ejemplo, todas las peticiones de pasar a tercer grado han sido denegadas. Y los permisos ordinarios de salidas inherentes al segundo grado se están aceptando con auténtico cuentagotas. Así, de los hasta hace poco catorce únicos presos vascos en este régimen, nueve han solicitado permisos de salida y se les han denegado, en tres de los casos hasta en tres ocasiones. El cuadro resultante es que únicamente tres prisioneros a puntos de extinguir sus condenas (Alfredo Remírez –ya libre–, Xabier Sagardoi y Ekaitz Ezkerra) han podido salir a la calle algún fin de semana, bien por decisión de las juntas de tratamiento de las prisiones o (en un caso) por fallo judicial. Tampoco parece casual que ninguno de estos tres citados hubiera pertenecido a ETA.

Si Instituciones Penitenciarias mantiene bloqueado este asunto clave para ir abriendo camino a las excarcelaciones, el ámbito judicial también está apostando por mantener la excepcionalidad. Las personas presas que están reclamando el segundo grado en los tribunales se encuentran con que el 95% de los recursos ha sido rechazado hasta la fecha: de los 59 casos que han llegado al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en 56 la respuesta ha sido no. Quedan sobre su mesa otras 53 demandas por resolver, por lo que existe margen jurídico para que las cosas mejoren, pero no es tan seguro que exista voluntad política.

Paradójicamente, la mayoría de los presos vascos en primer grado están ubicados en módulos ordinarios o de segundo grado, lo que de paso muestra que no existe inadaptación, que es uno de los requisitos para imponer ese régimen cerrado.






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