La Ilegal Entrega de Battisti

El gobierno entreguista mexicano puso de moda la entrega "en caliente" de refugiados políticos vascos al régimen borbónico franquista tras el desastre diplomático que significó el largo proceso de extradición en contra de los Seis de México.

La Revolución Bolivariana de Venezuela no tardó en recurrir a la misma estratagema. 

Atrás había quedado el ejemplar comportamiento y la digna resistencia del pueblo uruguayo que se saldó con el operativo represivo en las inmediaciones del Hospital del Filtro.

Pues bien, aportando más al tema de la abyecta postura por parte del gobierno de Evo Morales en la entrega de Cesare Battisti les compartimos este texto publicado por Página Siete:

 

La expulsión de Battisti: quiebre del Gobierno boliviano

Carlos Böhrt Irahola

Sábado 12 de enero: gran parte del mundo se sorprendió con la noticia del apresamiento de Cesare Battisti en Bolivia. La sorpresa fue aún mayor al día siguiente, cuando todas las agencias de prensa hicieron conocer que el preso fue entregado por el Gobierno boliviano a las autoridades italianas. En menos de 24 horas sucedió el apresamiento, se comunicó el hecho al Gobierno italiano, éste procesó la noticia, envió policías en avión expreso a Bolivia, éstos recibieron al detenido y procedieron a su traslado a Roma. ¡Eficacia total del Gobierno izquierdista boliviano asociado al régimen derechista italiano!

¿Quién es esta persona y qué explicación ha dado el equipo de Evo Morales sobre estos sucesos? Battisti, en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado, como militante del grupo Proletarios Armados por el Comunismo, organización radical de la izquierda italiana, optó por la vía armada para capturar el poder político en su país, participando en acciones político-militares que culminaron con la muerte de varias personas.

Por esos hechos fue juzgado en ausencia y condenado a cadena perpetua, sanción que no pudo ser ejecutada debido a que Battisti consiguió la condición de refugiado político, primero en Francia, hasta 2009, y después en Brasil, hasta diciembre de 2018, momento en que, por los cambios políticos brasileños, decide trasladarse a Bolivia y solicitar el refugio, seguramente confiando en los alardes procomunistas y antiimperialistas del régimen masista asentado en La Paz.

Dada la hipotética afinidad ideológica entre el “revolucionario” italiano y los gobernantes bolivianos, ¿cómo explican estos últimos la entrega de su “camarada” al régimen derechista de Italia? Mencionaron sólo un argumento: que ingresó ilegalmente al país y que, por ello, su expulsión era obligatoria. Analicemos esta explicación a la luz de los tratados internacionales y de la normativa boliviana en la materia.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 -con las modificaciones introducidas por el Protocolo de 1967- en sus artículos 31, 32 y 33, establece que los Estados parte de la Convención, entre ellos Bolivia, no deben sancionar a las personas que ingresen subrepticiamente a su territorio en busca de refugio, y menos  expulsarlos o devolverlos al país del que salieron, en nuestro caso Brasil.

Basada en estos instrumentos internacionales, la Constitución vigente, en su artículo 29, consagra el “derecho de los extranjeros a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política”, mandato inexcusable desarrollado a través de la Ley de Protección a Personas Refugiadas, N° 251, de 20 de junio de 2012. Esta ley, a través de sus artículos 4, 6 y 7, adopta precisamente los principios de “no devolución”, “no expulsión” y “no sanción” prescritos por la Convención de 1951.

Por otro lado, el artículo 29 de esta misma ley, en resguardo de los solicitantes de refugio (léase Battisti), afirma los derechos “a ser entrevistado”, “a ser notificado con las decisiones de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare)” y “a impugnar las decisiones del Conare”.

De modo que ninguna de estas disposiciones internacionales y nacionales fue respetada en el caso que estamos analizando, por lo que, no cabe duda, las autoridades involucradas deliberadamente violaron el derecho al debido proceso y los derechos específicos de la materia (acabados de mencionar) que amparaban a Cesare Battisti, implicando ello burla al principio de seguridad jurídica.

Con esa conducta, Evo Morales y las autoridades que lo secundaron en el episodio, incurrieron en los delitos de “Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes” e “Incumplimiento de deberes” (arts. 154 y 155 del Código Penal), con una pena de hasta diez (10) años de prisión.

Pero eso no es todo, a estas consecuencias penales de los abusos contra el ciudadano italiano, se sumará otra repercusión, tanto o más grave: el reproche y la condena de todos los movimientos e intelectuales de izquierda del mundo, para quienes Evo y García Linera terminaron desnudando su esencia ideológica: la captura y mantención del poder por el poder mismo, y a cualquier costo.

En suma, la ilegal entrega de Battisti al régimen italiano, además de poner a Evo Morales en situación de enjuiciamiento criminal, entraña el quiebre ideológico del evismo y su aislamiento internacional respecto a las corrientes progresistas del planeta.

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