Ciertos estamentos de Madrid han manejado de forma bastante mañosa el asunto de qué es lo que en realidad constituye un genocidio, llegando incluso al ridículo de querer acusar a ETA no solo de actos de terrorismo sino de haber llevado a cabo un genocidio. Tal ha sido su apuesta a este respecto que incluso intentaron querellarse en Argentina para así matar dos pájaros de un tiro, por un lado continuar criminalizando a ETA y por el otro aplicar en Argentina su estrategia de la equidistancia histórica, o sea, que ETA está al otro extremo del arco con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.
Pues bien, con respecto al tema del genocidio, les compartimos este texto publicado en el blog Nihil Obstat de Anjel Rekalde:
Genocidio en Euskal Herria
Angel Rekalde
…Genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación, excepto cuando se realiza mediante el asesinato en masa de todos los miembros de una nación. Su objetivo es más bien expresar un plan coordinado compuesto por diferentes acciones destinadas a destruir los fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales con el objetivo de aniquilar estos grupos. Los objetivos de dicho plan serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, el lenguaje, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica de grupos nacionales, y la destrucción de la seguridad personal, la libertad, la salud, la dignidad e incluso la vida de las personas pertenecientes a estos grupos. <Raphael Lemkin>
El hecho de que el concepto de genocidio no fuera acuñado por Lemkin hasta 1944, cuando escribió “El poder del Eje en la Europa ocupada”, no quiere decir que antes de esa fecha los genocidios no ocurrieran. Lo que hizo Lemkin fue sistematizar y dar un discurso coherente a un conjunto de hechos y actividades que son tan antiguos como la Humanidad.
En efecto, el ser humano, al sedentarizarse, se ha distribuido desde siempre en territorios en los que determinados grupos han ejercido un control sobre las personas y los excedentes producidos por su colectividad. El genocidio aparece en el contexto del dominio de unas sociedades sobre otras con el objetivo de apropiarse de dichos excedentes, para lo que uno de los medios consiste en su ocupación y asimilación. Lemkin integró en su concepto un conjunto de aspectos, hasta entonces dispersos o parciales, que han dado forma a lo que hoy conocemos como genocidio.
Posteriormente se intentó trasladar dicho concepto, con mayor o menor acierto y rigor, a la legislación internacional en 1948. Aquí intervinieron los factores geoestratégicos relacionados con la presencia de la URSS y la consecuente dificultad de incluir los crímenes del régimen de Stalin bajo este concepto (dicho en román paladino, que Stalin no aceptó aspectos del concepto que podían presentarle como genocida; y presionó para que desaparecieran de la definición). Por ello se aplicó sobre todo a los crímenes y persecuciones efectuadas bajo el régimen nacionalsocialista alemán.
La circunstancia de tener una fecha de origen impone, en términos jurídicos, la no retroactividad de su aplicación en juicios y penas al delito, aunque se constate fehacientemente su realidad. Tal sería el caso de genocidios ocurridos (y documentados) durante el siglo XX, como el armenio.
Un componente importante del genocidio es la memoria del grupo humano que lo ha sufrido. Cuanto más atrás queden determinados hechos en el tiempo su memoria quedará más difuminada, más todavía cuando una de las medidas clásicas de los grupos que practican el genocidio es precisamente el borrado y sustitución de la memoria de quien lo sufre.
Lemkin distinguió ocho técnicas o estrategias para destruir un grupo humano, ocho diferentes fórmulas que se despliegan de forma coordinada, que no tienen por qué aparecer todas simultáneamente, aunque casi siempre se manifiestan varias al unísono, pero que a lo largo del tiempo llegan a aparecer todas. Son: genocidio físico, biológico, religioso, social, moral, político, económico y cultural.
Esta reflexión viene al hilo del último trabajo publicado por Xabier Irujo Amezaga, “Genocidio en Euskal Herria. 1936-1945”, que publica Nabarralde. En sus primeras páginas Irujo explica con claridad el concepto que Raphael Lemkin teorizó (a partir del Holocausto) en su obra de referencia. De inmediato encuentra paralelismos en nuestro caso, y se centra en la etapa que va desde el comienzo de la guerra de 1936, al sur de los Pirineos, para continuar hasta 1945, en la parte norte, cuando termina la segunda Guerra Mundial. Abarca, por consiguiente, el conjunto de la nación vasca.
Afirma Irujo en la página 308: “No se dirime si un hecho histórico es o no genocidio por el nivel de represión o de mortalidad, sino por los objetivos que persiguen tales acciones violentas, por la lógica que subyace a las mismas. Una campaña de atrocidades será considerada genocidio si el objetivo que persigue es la destrucción de un grupo humano que se pretende asimilar…”. “Una atrocidad singular (por ejemplo un bombardeo de terror o una masacre) no constituye per se una campaña de genocidio…”. “Si bien… se puede dar el caso de que un gobierno sea considerado genocida sin haber cometido atrocidades… por lo general las campañas de genocidio se cobran gran número de víctimas mortales”.
El genocidio no se produce, así, por un punto desmesurado de violencia, sino que se manifiesta como un proceso de largo alcance en el que las diversas estrategias coexisten o se siguen unas a otras. Describe de este modo la planificación intencionada de unas acciones orientadas a la desestructuración social de un colectivo, de tal modo que amenacen su supervivencia.
Nuestro caso navarro se puede considerar como un proceso de genocidio de largo alcance. Aunque la conquista de Castilla sobre territorio vasco se inicia en el siglo XI con las ocupaciones y entregas de los dominios dependientes de la familia Haro, Bizkaia nuclear y La Rioja, se puede observar un evidente caso de genocidio económico en la inmediata conquista de 1200, cuando Castilla invade los territorios occidentales y arrebata a Navarra su salida al mar. Suprimir por completo el acceso de un Estado al mar limita sus recursos y actividades (comercio, pesca, acceso a las vías marítimas de todo tipo…) de un modo tan drástico que amenaza su futuro y viabilidad.
La desestructuración social y política derivada de la conquista de 1200, por otra parte, provocó la división del Estado navarro en dos partes, vasca y navarra, que han llegado hasta nuestros días, en una suerte de esquizofrenia colectiva. Por añadidura, una de ellas ha sido históricamente utilizada por los ocupantes como punta de lanza contra la otra que permanecía independiente, y a la postre se ha convertido en una organización política subordinada en eso que se ha conocido como “Provincias Vascongadas”. Es otra fórmula evidente de desestructuración social.
En estos largos procesos históricos de genocidio hay etapas valle y fases de pico. La conquista de 1512 (y la guerra y posterior consolidación del dominio de Castilla –ya España- hasta 1534) fue, tal vez, el pico más importante de este proceso. Este período tuvo episodios tan duros como la construcción de la Ciudadela de Pamplona en los años 1572-73. Fue realizada a base del trabajo forzado por los propios habitantes de la población local, que debían aportar además materiales y medios de transporte. La Ciudadela de Pamplona es una estructura militar construida no contra posibles enemigos “externos” sino contra la propia ciudad de Iruñea. Como decía el ingeniero Antonelli, responsable de su diseño: Construya la fortaleza, se defenderá del exterior y sujetará a los navarros. Muchos sufrieron y murieron en su obra.
Son conocidos los gravísimos trasvases de población que cita Irujo en su trabajo. Con motivo de la “Revolución de 1793. En 1794 más de 4.000 civiles (sobre la escasa población de Laburdi, unos 30.000 habitantes) fueron deportados a Las Landas; murieron más de 1.600 personas. Modelo de genocidio físico, biológico, social y lo que queramos añadir.
Irujo cita a Henningsen en su libro “Campaña de doce meses en Navarra y las Provincias Vascongadas con el General Zumalacárregui” (1838) en el que –Henningsen- entendió que se trataba de una campaña de desnacionalización similar a la ocurrida en la Vendée entre 1793 y 1796. Irujo detalla el extermino de la población masculina, la movilización de las familias, la quema de cosechas y la destrucción de todos los asentamientos humanos…
La supresión del sistema foral que siguió a la revolución de 1793 para Baja Navarra, Laburdi y Zuberoa y a las guerras carlistas en 1841 para la Alta Navarra y en 1876 para las Provincias Vascongadas supuso un modelo de genocidio social, político y económico. Fue otro ‘pico’ en el proceso. El llamado Sistema Foral Vasco-Navarro era un residuo de la soberanía plena de la que había gozado, como Estado soberano, el reino de Navarra. Las conquistas y ocupaciones se saldaron con armisticios en los que los derrotados salían siempre como perdedores.
Otra fórmula de genocidio utilizada, que podemos reconocer, es la de tipo lingüístico-cultural en la interminable persecución de la lengua vasca. La prohibición de editar libros en este idioma y su no reconocimiento como lengua vehicular en la educación o en la administración política o de justicia constituye una etapa de larga duración y que hoy, por desgracia, perdura con mayor o menor intensidad en todo nuestro país.
El libro de Irujo se centra principalmente en el pico extremo de 1936-1945, por lo que no vale la pena insistir aquí en él. Hay que leer el libro.
Sin embargo es interesante recordar episodios de genocidio cultural, relacionados con destrucción premeditada de patrimonio con la consiguiente voluntad de borrado de la memoria histórica y su sustitución por la de la nación dominante. Ahí está el vaciado de la Plaza del Castillo de Pamplona, con la excusa de construir un parking de automóviles.
También el Palacio de los reyes de Navarra, obra iniciada bajo el reinado de Sancho VI ‘el Sabio’, ha sido vaciado de contenido y significado, de modo que ha perdido su sentido original como sede de la soberanía histórica del Estado. Este ataque continuo a la memoria del país lo encontramos en muchas de las actuaciones de las administraciones públicas (destrucción de cuevas, yacimientos arqueológicos, en la manipulación del callejero de nuestras ciudades, lleno de referentes oficiales, regios, extranjeros, ajenos, en la desaparición de la toponimia, etc., etc., etc.), sin que exista una conciencia de su relevancia por parte de la propia población.
En resumen, un trabajo didáctico y ameno. De lectura imprescindible.
*Luis Mª Martínez Garate, Angel Rekalde
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