Por correo electrónico nos han hecho llegar este artículo que deja en claro a que extremos está dispuesta a llegar Madrid en su anacrónica política colonialista en contra del proceso de autodeterminación en Catalunya.
En pleno siglo XXI se habla de sedición.
Aquí la información de El Periódico:
La fiscalía tilda de sedición los actos que ejecuten la independencia de CatalunyaPide a la policía, incluidos los Mossos, que le informen de estas actividadesMargarita BatallasLa fiscalía de la Audiencia Nacionalha tildado de sedición cualquier acto de encaminado a "cambiar ilegalmente la organización del Estado" y a separar "una parte del mismo quebrantando el principio de unidad de la nación española". Así consta en un escrito firmado por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, en el que ordena a todos los cuerpos policiales incluidos los Mossos d`Esquadra que le remitan un atestado "urgente" cuando tengan conocimiento de estas actividades. La orden se limita a los funcionarios y autoridades que no tienen fuero, ya que los que gozan de este privilegio solo pueden ser perseguidos por el Tribunal Superior de Catalunya o el Tribunal Supremo.En su escrito, el fiscal explica que la declaración de independencia pasará a ser ilegal desde el momento en que el Tribunal Constitucional la deje sin efecto por suponer "un grave quebrantamiento de la Constitución". El alto tribunal tiene previsto reunirse el mismo día o al día siguiente de la presentación del recurso del Gobierno contra la declaración del Parlament para suspender la misma tal y como le exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional.A partir de este momento, según el fiscal, "la adopción de nuevos acuerdos o toma de decisiones" que hagan caso omiso al Tribunal Constitucional y la realización de actos de ejecución "de este mandato ilegal" podría constituir los delitos de sedición, prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones o uso indebido de fondos públicos.Formas de sediciónLa fiscalía explica que dentro de los delitos contra la forma de Gobierno se encuadran la sedición o rebeldía que no precisan el uso de la violencia sino que se cometen cuando buscan "romper la organización territorial del Estado y separar del mismo una parte de su territorio quebrantando el principio de unidad de la nación española".Asimismo, la sedición también se comete, a juicio de la fiscalía de la Audiencia Nacional, si se "impide la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones". Por ello, el fiscal también reclama que se investigue a aquellos que "conspiren, provoquen o propongan" actos para cometer estos delitos.El delito de rebelión está castigado con 25 a 30 años de prisión y el de sedición con 10 a 15 años de cárcel. Aunque existe una forma agravada si estos delitos se han cometido usando violencia o armas.La orden ha sido dirigida a la Delegada del Gobierno en Catalunya, al comisario general de Información, a la Guardia Civil, al jefe superior de policía de Catalunya, al director general de la policía de la Generalitat y al comisario de los Mossos D`Esquadra. Y es que el fiscal sostiene que todos los cuerpos policiales tienen que cumplir los mandatos de los jueces ante la posible comision de delitos.Los atestados que se redacten por estos hechos deberán ser remitidos al juez de guardia de la Audiencia Nacional y a la fiscalía y deberán incluir un relato de hechos y de las personas investigadas.La previsiónPor su parte, el Tribunal Constitucional se prepara para recibir el recurso que va a presentar el Gobierno contra la declaración de independencia. Fuentes judiciales han explicado que la suspensión de esta declaración es segura. Y que será notificada en persona a la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, para que la acate.En el caso de que la incumpla, el Gobierno puede pedir a este tribunal que aplique la reciente reforma de este tribunal y los jueces acuerden la suspensión de Forcadell mientras la fiscalía se querella contra ella por un delito de desobediencia.Mientras el alto tribunal comenzará a tramitar el recurso de amparo. Fuentes jurídicas descartan que se dicte sentencia antes de las próximas elecciones generales.
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