Coronavirus y Sector Salud Vasco

El panorama generado por la pandemia del SARS CoV-2 sigue siendo sumamente complicado pues la expansión a nivel mundial de este virus ha puesto en evidencia las contradicciones del sistema capitalista.

Euskal Herria no escapa a este escenario y las condiciones que enfrentan los profesionales de la salud es cada vez más catastrófico. Las movilizaciones no se han hecho esperar.

Gara trae a nosotros un recuento de lo que está sucediendo en el ámbito de la salud pública:

Huelga en Osakidetza; en precario en Osasunbidea

Ya no reciben aplausos cada día, a las ocho desde los balcones, pero continúan en primera línea en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, tanto en los centros sanitarios como en las residencias de mayores. Pero, a tenor de los mensajes que lanzan sus representantes sindicales, las trabajadoras y trabajadores sociosanitarios de Hego Euskal Herria no ven mejoras en sus condiciones laborales. Para lograrlas mantienen los paros y las movilizaciones.

Una jornada como la de ayer refleja claramente que las condiciones laborales del personal sociosanitario no mejoran en base a ovaciones populares ni a reconocimientos institucionales en momentos tan acuciantes como el del primer impacto de la pandemia de covid-19.

La situación sanitaria no ha vuelto a la normalidad, ni mucho menos, en nuestro país, en paralelo a lo que sucede en otros ámbitos profesionales y en el conjunto de la sociedad. Pero era de esperar que en los sistemas públicos de salud y de atención a personas mayores se hubieran puesto en marcha actuaciones que superasen las carencias que la propia pandemia ha puesto en evidencia.

No ha sucedido así en Osakidetza si nos atenemos a la decisión que adoptaron ayer Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK, que retomarán las movilizaciones ante la «nula voluntad» del Departamento de Salud del Gobierno de Lakua para poner soluciones a la «grave» situación que se vive en este servicio. Señalaron que los responsables políticos no les dejan «más camino que el de la movilización» después de que en la reunión de la mesa sectorial no se abordase «ninguna» de sus reivindicaciones y constataran que «los contenidos planteados van claramente encaminados a seguir exprimiendo a la plantilla y recortando sus derechos».

Han convocado una nueva jornada de huelga el 28 de enero en los tres territorios, que se suma a las ya promovidas –junto al SME, SAE y Utese– el 29 de octubre en Araba, el 5 de noviembre en Gipuzkoa y el 12 del mismo mes en Bizkaia. La dinámica de movilizaciones comenzará el 16 de diciembre y se prolongará el resto de miércoles de este mes y los jueves de enero.

Manifiesto en Nafarroa

No es mucho mejor el panorama de Osasunbidea descrito por LAB, Satse, SAE, UGT, Afapna, ELA y CCOO durante la concentración que se llevó a cabo ayer ante el Complejo Hospitalario de Nafarroa, donde dieron a conocer un manifiesto en defensa de la sanidad pública.

Denunciaron la precariedad y vulneración de derechos de los trabajadores del servicio público que, aseguran, se está produciendo desde el inicio de la pandemia. Es más, instaron a que esta situación de emergencia no se utilice «como excusa para desregular, empeorar y precarizar» las condiciones laborales, flexibilizaciones de jornadas, turnos o cambios de ámbito, algo que, según explicaron «se ha convertido en costumbre».

Como ejemplo, citaron la denegación de vacaciones a muchos trabajadores tras la llegada de la segunda ola, lo que les hace sospechar que podría suceder los mismo en navidad.

Entre otros puntos, piden al Gobierno navarro que la partida presupuestaria en Sanidad se equipare a la media de la UE, que ronda el 10% del PIB, y que al menos un 25% de ella se destine a Atención Primaria.

Residencias de Gipuzkoa

Mientras, en Gipuzkoa ayer volvieron a la huelga las trabajadoras de residencias, convocadas por ELA y LAB, que subrayaron que tuvo un amplio eco «pese a los servicios mínimos del 100% establecidos por el Gobierno Vasco». Además, se hicieron concentraciones en una veintena de localidades.

Reclamaron a la Diputación y a los ayuntamientos «que se impliquen» para superar un conflicto laboral que se prolonga desde hace más de dos años.

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