Fiel a la tradición vaticana de apuntalar regímenes autoritarios y dictaroriales, Jorge Bergoglio -mejor conocido como Papa Francisco I- ha estado de visita en el gigante latinoamericano septentrional sacándose fotos con los representantes más icónicos del régimen y negándose a reunirse con los familiares de las víctimas de la violencia endémica de el anacrónico y letal gobierno de ultra derecha.
Insensible a las solicitudes por parte de las víctimas de la pederastia, de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de las madres de las víctimas de los feminicidios, Bergoglio sí que se sintió a gusto departiendo con militantes de alto rango del PRI y del PAN, responsables directos de la sangría que sufre el país desde hace 10 años -Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña-.
A continuación, les presentamos una radiografía de la situación en México publicada en Revolución Trespuntocero:
Integrantes del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos exigieron al gobierno detener la represión en contra de los movimientos. De manera particular pidieron a la sociedad sumarse a la defensa de las causas sociales y demandar la libertad inmediata de todos los luchadores encarcelados por defender a su pueblo, entre ellos Nestora Salgado y José Manuel Mireles Valverde.
En conferencia, detallaron que a la fecha existen por lo menos 500 presos políticos encerrados en caréceles de mediana y máxima seguridad, bajo diversos cargos fabricados. Además que las violaciones a los derechos humanos son una constante en cada uno de los casos de líderes sociales aprehendidos.
En este sentido, criticaron la posición asumida hace unos días por el gobierno y algunos políticos mexicanos quienes dieron muestras de solidaridad con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, considerado por algunos como preso político en Venezuela. Lamentaron que la clase política se indigne por casos que suceden en otros países, pero no se pronuncia por los cientos de presos políticos en México.
“Lo que queremos decir es que hay cientos de hombres y mujeres en este país que están en las cárceles por su lucha, y por ello se nos hace sin razón que el gobierno se esté posicionando, declarando por los DDHH en Venezuela, por el preso Leopoldo López, mientras en México no se voltea a ver a las cárceles del país, las cuales están repletas de hombres y mujeres luchadores sociales que han sido detenidos, que son presos por ser una oposición política, ya sea a la reformas estructurales, a los megaproyectos, a despojos, a la precariedad laboral, a la seguridad”, señalaron.
Los integrantes del Comité -entre ellos familiares de los presos políticos- exigieron la puesta en libertad de los luchadores encarcelados. Expusieron que los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla son algunos donde se presentan el mayor número de casos, sin embargo, enfatizaron, el fenómeno no se limita a estas tres entidades. Recordaron que la cifra de 500 presos políticos podría aumentar considerablemente, si se toma en cuenta que muchos casos no son del dominio público.
En la conferencia participaron los familiares de policías comunitarios de Guerrero encarcelados, representantes de la Unión de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre de Puebla, entre otros.
“El llamado a la unidad”
Giovanni Torres Salgado, sobrino de Nestora Salgado e integrante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, expresó su repudio ante las violaciones a los derechos humanos de los que ha sido víctima “la comandanta” durante su encarcelamiento.
Durante su participación en el acto, exigió al gobierno hacer caso de la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) quien pidió al gobierno liberar a Nestora Salgado. Cabe recordar que esta instancia emitió una resolución en donde afirma que la aprehensión de Salgado García es ilegal.
“Estamos aquí para seguir demandando las injusticias que llevaron a nuestros compañeros a prisión, como es el caso de la compañera Nestora. Pero realmente estamos exigiendo que el gobierno de México cumpla la recomendación que apenas hizo la ONU en donde se reconoce que Nestora es una presa político, como nuestros demás compañeros de la CRAC. Exigimos que la libere y repare el daño, porque no hay pruebas de lo que la acusan”, señaló.
Giovanni Salgado recordó que desde su aprehensión el pasado 21 de agosto de 2013, han existido irregularidades dentro del proceso penal en contra de Nestora. Señaló que a la fecha ninguna de las supuestas víctimas de “la comandanta” se ha presentado a ratificar la denuncia.
“Nestora sigue haciendo el llamado a la unidad. Ella dice que la lucha no es sólo por Nestora, sino por su red de compañeras de la Crac, de Samuel, Gonzales y de todos los demás presos de la CRAC“
Por su parte, Gonzalo Molina Gonzales, policía comunitario del municipio de Tixtla, Guerrero, preso político desde 2013, participó en la conferencia vía telefónica. Durante su intervención acusó al Poder Judicial de ser cómplice del Ejecutivo al mantener en la cárcel a cientos de presos políticos.
“A pesar de demostrar que nuestro trabajo (de policía comunitario) es totalmente legal, amparado en el artículo 2 de la Constitución, de la Ley 701 y del convenio 169 de la OIT, el gobierno a través del Poder Judicial se aferra a tenernos en la cárcel, sólo para proteger a autoridades estatales, municipales y hasta federales, que están coludidas con la delincuencia organizada. Nosotros fuimos los primeros en denunciar la relación que había entre el gobierno y la delincuencia, declaración que se comprobó con los hechos de Iguala”, dijo.
Molina Gonzales aseguró que las corporaciones encargadas de la seguridad en Guerrero no protegen al pueblo. Enfatizó que instituciones como la Policía Federal y el Ejército defienden a la delincuencia.
“En Guerrero, los cuerpos policiacos, incluidos el Ejército, no están para proteger al pueblo, sino para proteger a la delincuencia. Van a los pueblos y comunidades para causar terror y miedo, para que nuestro pueblo no se organice, para someterlo e imponer reformas estructurales, que sólo benefician a los empresarios (…) hago un llamado a las organizaciones sociales, al pueblo de México para que se movilicen y no permitan más injusticias en contra de nuestro pueblo.
“A los organismos internacionales las llamo para que se pronuncien y hagan lo que les corresponde para evitar más violaciones a los DDHH (…) que se sepa que en México se violan los DDHH, se desaparece, se asesina y se encarcela a todo aquel que lucha por mejores condiciones de vida”, sentenció.
“El gobierno de Moreno Valle es represor”
A las exigencias de libertad a presos políticos se sumaron las de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre del estado de Puebla. Esta organización ha enfrentado una embestida por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, llevando a la cárcel a más de cinco integrantes de este frente de lucha, entre ellos, Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”, asesor general de la organización. Los integrantes de este frente denunciaron que el gobierno de la entidad no ha cumplido con lo pactado con la UPVA 28 de octubre, entre ello, desistir de la acción penal en contra de Rita Amador, una de las dirigentes del movimiento.
“El 19 de enero, Diodoro Carrasco, secretario de Gobierno, y Víctor Carranca, Fiscal del Estado, en representación del gobernador, se comprometieron a cancelar el proceso penal No. 452/ 2015 que radica en el juzgado tercero penal, que tiene sometida a la compañera Rita Amador, dirigente de la UPVA y a los compañeros María Gálvez, Sergio López, Silverio Montes, integrantes de la comisión negociadora.
“También se comprometió a cancelar las 127 averiguaciones previas que dice el fiscal, están integrando. Además que prometieron presentar por medio de la Fiscalía General, planteamientos de solución para liberar a Rubén Sarabia Sánchez ‘Simitrio’, Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Luis Fernando Alonso Rodríguez, y Xihuel Sarabia Reyna. A la fecha ni uno sólo de los compromisos ha sido cumplido”, demandaron.
En este sentido denunciaron la actitud del gobierno morenovallista al no permitir brindar atención médica a los presos políticos de la UPVA, a pesar que se encuentran en condiciones delicadas de salud. Detallaron que los detenidos se encuentran en riesgo de tener daño permanente debido a la negativa.
“El gobierno ha negado proporcionarle la atención médica que requieren, de modo que además de buscar destruir a la UPVA 28 de octubre, el gobierno también trata de destruir a Simitrio y su familia (Rita amador-su esposa-, Tonatiuh y Xihuel, sus hijos). Trata de eliminarlos al no entregar la atención médica ni permitiendo que nosotros se la proporcionemos. Demandamos que Moreno Valle cese la represión, se desista de destruir a la UPVA 28 de octubre, que no nos despoje del mercado Hidalgo y de ningún otro espacio de trabajo; que cancele el proceso penal contra Rita y libere a los presos políticos.”
“Estamos ante gobiernos antidemocráticos”
El señor Adán Mejía, padre del activista encarcelado, Adán Mejía López, denunció el carácter antidemocrático de los gobiernos estatales y federal. Recordó que su hijo fue detenido por su actividad como dirigente de la Unión de Artesanos y Comerciantes en Lucha (UACOL) de Oaxaca.
Cabe recordar que Adán Mejía López participó activamente en el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes tuvieron en 2006 y 2007 su etapa más intensa de lucha.
“Adán está siendo acusado, así como Nestora, y Simitrio, todos están siendo acusados arbitrariamente. El 27 de enero, Adán, mi hijo, cumplió un año preso. Los 365 días que han pasado han sido violados sus derechos sistemáticamente. Adán no ha cometido ningún delito, así como todos los compas encerrados por estar de lado del pueblo.
“Hay miles de detenidos, presos políticos en cárceles de máxima seguridad. Esto es muy grave, porque EPN cuando sale al extranjero dice barbaridad y media, y mentiras y media, dice que en México se vivió la democracia cuando la realidad es otra”, dijo.
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