Euskal Herria con las 17

La Euskal Herria solidaria vuelve a pronunciarse y esta vez lo hace en favor de las 17 mujeres que El Salvador está castigando por ejercer sus derechos reproductivos.

Aquí la información por conducto de El Diario:

"Gallardón nos quiere en la cárcel, como las que abortan en El Salvador"

La Plataforma Feminista de Euskal Herria reparte flores y se suma a la campaña internacional en favor del indulto para 17 mujeres encarceladas por abortar en El Salvador.

Aitor Guenaga

Una flor puede significar muchas cosas. Pero 17 flores juntas en estos momentos miran directamente a El Salvador, donde 17 mujeres están en la cárcel con penas de entre 30 y 40 años por haber abortado. La campaña de solidaridad por el indulto de estas 17 mujeres encarceladas ha cruzado el 'charco' y ayer la Plataforma Feminista de Euskal Herria repartió flores en diversos municipios vascos.

Muchas de ellas abortaron no de manera voluntaria, sino por problemas obstétricos y pasaron del hospital a la cárcel. Son mujeres pobres, que no disponen de información, ni de la cobertura social necesaria para afrontar una situación de embarazo no deseado o con complicaciones durante la gestación, explican mujeres de la plataforma convocante.

En Bilbao, las feministas repartieron frente al teatro Arriaga flores, panfletos y animaron a todas las personas que se acercaron al lugar de la concentración a enviar fotos con su nombre o a subir un vídeo con el nombre y el lema de la campaña: "Soy Amalia, una flor por las 17". La dirección para remitir las fotos o los vídeos de esta campaña "Por el indulto por las 17, una flor para que su vida no se marchite" es unaflorporlas17@gmail.com.

Anabel Sanz, feminista y miembro de la plataforma convocante, aprovechó la campaña de solidaridad para recordar que las presiones de los sectores más ultras y de la iglesia católica en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y de su derecho a decidir cabalgan a ambos lados del Atlántico. "La ley salvadoreña es una desfachatez tan grande como la que nos quiere poner aquí Gallardón y el PP. Esta ofensiva internacional contra los derechos sexuales y reproductivos es muy fuerte. En muchos países del sur la situación es terrible y aquí los sectores más ultras de la iglesia y del PP nos quiere lleva a una situación de ese tipo. Gallardón va a sacar la ley, va a tirar para adelante y nos vemos en una situación terrible, no sé si vamos a tener que pedir también el indulto para las mujeres y seguro que habrá médicos que acabarán encarcelados" augura.

"Está claro que Gallardón que nos quiere como a las mujeres que abortan en El Salvador. Y por eso somos el altavoz de estas 17 mujeres salvadoreñas. Es una solidadaridad de ida y vuelta. Su situación tiene mucho que ver, no con lo que tenemos aquí, pero sí hacia donde nos quieren llevar los sectores más ultras. Queremos unir las dos situaciones y que vean que si siguen para adelante estas ideas del nacionalcatolicismo vamos a acabar así", denuncia Anabel Sanz.

Legislación restrictiva

Los movimientos institucionales para sacar de prisión a estas 17 mujeres comenzaron en el Legislativo salvadoreño. El pasado 1 de abril la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y varias organizaciones feministas solicitaron el indulto para estas mujeres ante el Parlamento salvadoreño. Paralelamente, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador anunció pocos días después que se encargará de "verificar" los casos estas 17 mujeres encarcelas por acusaciones de aborto, según anunció su máximo responsable, David Morales.

El Salvador aprobó en 1997 una de las legislaciones más restrictivas del mundo en relación con el aborto y con los derechos reproductivos de las mujeres al reformar su Código Penal. La nueva legislación fijaba penas de entre 30 y 40 años para este tipo de delitos. Poco después, se constitucionalizó la responsabilidad del Estado con la persona humana "desde el instante de la concepción". Esto tiene una implicación directa con los médicos y personal sanitario público del país, que se ve obligado a denunciar a las mujeres que muchas veces llegan desangrándose tras habérseles practicado un aborto en condiciones lamentables y muy peligrosas para la salud.

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