Y resulta que sí, que a pesar de lo que en su momento dijo la directora del Reclusorio Femenil Norte Martha Robles, la represaliada política vasca Asun Gorrotxategi sí sigue en prisión. Ya que estamos en eso insistir que en que son precisamente acciones como las de Martha Robles y el juez Jacinto Ramos la que califica a detenidos como Aun Gorrotxategi como presos políticos. Aquí el seguimiento al caso por parte de La Jornada:
Ganan vascos detenidos batalla jurídica al evitar, de momento, ser extraditados
El magistrado confirma que María Asunción Gorrochategui aún se encuentra recluida
Alfredo Méndez Ortíz
El juez cuarto de distrito B de amparo en materia penal, Jacinto Ramos, otorgó ayer una suspensión definitiva a los seis vascos presos en el Reclusorio Norte con fines de extradición a España y, aunque el recurso jurídico no les permitirá salir de prisión, sí les garantizará no ser enviados a ese país ni cambiados de cárcel hasta que concluya el juicio de garantías contra su detención que solicitaron el pasado 19 de marzo.
Además, el juzgador confirmó que María Asunción Gorrochategui, única mujer del grupo de vascos, se encuentra presa en el Reclusorio Femenil Norte desde junio de 2003, y en ningún momento salió libre bajo las reservas de ley, como informó en días pasados Martha Robles García, directora de ese penal.
Sin embargo, la suspensión definitiva que obtuvieron Félix Salustiano García, Ricardo Ernesto Sáenz García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralde, Juan Carlos Artola y Asunción Gorrochategui no significa que hayan obtenido un amparo, ya que antes deberá desarrollarse el juicio correspondiente en sus tiempos jurídicos naturales, por lo que el amparo podría tardar en definirse (en favor o en contra de los vascos) por lo menos dos meses.
Ayer el juez Ramos publicó en la lista de acuerdos del juzgado que encabeza la resolución correspondiente al "incidente de suspensión" del juicio de amparo 618/2004. El acuerdo refiere que "se concede la suspensión definitiva a los quejosos (los seis vascos), y continúa el juicio de garantías en sus términos".
En tanto, fuentes del juzgado cuarto de distrito de amparo precisaron a este diario que el impartidor de justicia ya corroboró, mediante las pruebas oculares efectuadas hace más de una semana en el Reclusorio Femenil Norte, que Asunción Gorrochategui sí se encuentra adentro del penal, en espera de que se resuelva el procedimiento de extradición a que está sujeta desde hace más de ocho meses.
Sin embargo, las mismas fuentes no tenían conocimiento respecto a si el juzgador tomará alguna medida de apremio (como pudiera ser un apercibimiento o multa) contra Martha Robles García, por haber proporcionado un informe falso sobre la situación jurídica de Gorrochategui.
Pendientes jurídicos
La defensa legal de los seis vascos, encabezada por la abogada Bárbara Zamora, aún deberá presentar los alegatos y pruebas necesarias durante el juicio de amparo que solicitó para sus clientes contra la orden de detención formal con fines de extradición que los mantiene presos.
Aunque ayer estaba prevista la audiencia constitucional relativa al juicio mencionado, la diligencia tuvo que diferirse -en el transcurso de esta semana se dará a conocer la nueva fecha- debido a que la litigante solicitó en días pasados que la demanda de amparo sea turnada al juzgado quinto de distrito.
La petición obedece a que en ese órgano jurisdiccional ya se tiene conocimiento previo sobre el asunto de los vascos. El juez que lo encabeza concedió en diciembre pasado un amparo a los quejosos, aunque sólo "para efectos" de que el juzgado segundo de distrito -encargado del procedimiento de extradición- corrigiera los errores que cometió cuando por primera ocasión (en abril de 2003) ordenó la detención de los reclamados por el gobierno de España.
Como se recordará, la abogada del grupo ha sostenido en reiteradas ocasiones que durante y después de la detención de los vascos fueron violadas sus garantías constitucionales.
Los seis vascos fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación en junio de 2003, debido a que España los reclama por su presunta participación en una célula que operaba desde México para financiar a la organización separatista ETA.
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