Lawfare Contra el Procés

Nos han compartido el enlace a este texto que analiza la persecución política al procés, mismo que ha sido publicado por El Nacional y que está acompañado de este comentario:

Son presos políticos de un estado que reprime la disidencia independentista. Lo malo es que hay parte de la izquierda que compra este discurso de los malos indepes, a fuerza de creer a sectores judiciales y policiales puestos donde están por la derecha más coherentemente extrema.

Adelante con la lectura:

Seamos coherentes y decentes

La malversación fue utilizada estratégicamente para aniquilar a los 'enemigos' imponiéndoles duras penas de prisión y tratar de enlodar sus respectivas reputaciones

Gonzalo Boye

Cuando en noviembre de 2017 se cursó la primera orden europea de detención y entrega (OEDE) en contra de los exiliados, el primer problema que se nos planteó fue el de la inclusión en el formulario de la OEDE de una cruz en la casilla correspondiente a “corrupción” que es uno de los 32 delitos del catálogo que permite la entrega automática del reclamado sin necesidad de comprobar la concurrencia de la doble incriminación, es decir, sin necesidad de analizar si los hechos eran también constitutivos de delito en Bélgica.

Fueron intensas semanas en las cuales fue necesario traducir muchos informes, certificaciones, datos, comparecencias parlamentarias y cuanto documento caía en nuestras manos para demostrar dos cosas: a) que no estábamos ante una conducta corrupta, y b) que no había existido malversación.

Mientras nosotros hacíamos todo ese trabajo, muchos se dedicaron a hablar de la rebelión o de la sedición, pero a nosotros no nos preocupaba, porque eran delitos inverosímiles. Nuestra preocupación era la casilla de corrupción y sobre ese eje, junto con la defensa de estar ante una persecución política, hicimos girar toda nuestra defensa que, finalmente, terminó siendo tan sólida que llevó al juez Llarena a retirar la OEDE el 5 de diciembre de 2017. Fue su primera gran derrota o, dicho de otra forma, el primer gran éxito del exilio, por ende, del independentismo.

Esa casilla, la de corrupción, nos ha perseguido durante los tres años de batallas legales en Europa y siempre ha sido un tema sobre el cual hemos debido centrar muchos de los esfuerzos defensivos desplegados en la defensa del exilio, por ende, del independentismo.

Hemos tenido que esperar hasta enero pasado, concretamente hasta el 7 de enero, para que la Cámara de Apelaciones de Bruselas zanjase el tema definitivamente estableciendo que los hechos descritos en la OEDE de Lluís Puig, y en la sentencia del procés que le acompaña, no eran constitutivos de ningún delito de corrupción. Para la justicia belga, la primera que llega hasta sentencia firme sobre este tema, los hechos no forman parte de ningún delito de corrupción.

Antes, durante y después del juicio del procés también ha existido un gran trabajo jurídico, una fuerte lucha política y un amplio consenso sobre algo que es esencial dejar muy claro: no ha existido ni un delito de rebelión, ni uno de sedición ni, tampoco, ninguno de malversación o corrupción.

Los hechos sobre los que se ha construido la acusación y la sentencia condenatoria se basan, en gran medida, en informes de la Guardia Civil que van encaminados a la criminalización de la actividad política de los líderes del independentismo catalán.

Todos hemos visto como se presentaban informes abyectos, con errores en operaciones matemáticas sencillas y con interpretaciones delirantes sobre cómo se habían o no administrado los fondos públicos por parte del independentismo gobernante.

A fecha actual a nadie sensato, a nadie objetivo, a nadie decente y mucho menos a ningún auténtico independentista le cabe duda alguna de que no existió esa malversación por la que están cumpliendo condena Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Forn y Rull.

Estoy seguro de que nadie osaría tratarles ni de malversadores ni de corruptos, como nadie osaría decir algo así de los exiliados.

La rebelión, luego sedición, ha sido usada como instrumento estratégico para una serie de finalidades políticas, entre ellas conseguir las suspensiones previstas en el artículo 384 bis del Código Penal. La malversación fue utilizada estratégicamente para aniquilar a los enemigos imponiéndoles duras penas de prisión y tratar de enlodar sus respectivas reputaciones.

Hace ya mucho tiempo que nadie se cree lo de la rebelión, tampoco lo de la sedición y, por tanto y tal cual anuncié hace más de dos años, el nuevo delito estrella de la lucha contra el independentismo sería la malversación y, a partir de diversos casos, como por ejemplo la llamada operación Volhov, lo será el de blanqueo de capitales.

Baste pensar en el ingente número de procedimientos pendientes de enjuiciamiento (juzgado de instrucción 13 de Barcelona, juzgado de instrucción 1 de Barcelona, entre otros) para comprender que el proceso de criminalización del independentismo ha centrado sus esfuerzos, ahora, en enlodar a los independentistas y a quienes les apoyan, ayudan o incluso defienden.

Con dicha finalidad, qué mejor que presentarles no ya como rebeldes o sediciosos sino como corruptos, como blanqueadores… En definitiva, como auténticos delincuentes.

Dicho todo esto, y a la vista de los ardores electorales, que siempre son malos consejeros, no deja de sorprenderme que una parte del independentismo se vuelque en no ya comprar el relato de los represores, que están en su derecho, sino en usarlo de forma poco ética, poco coherente y, sobre todo, de manera intrínsecamente perversa e irresponsable.

Si los informes de la Guardia Civil no son válidos para probar la alegada malversación en la causa del procés, y no lo son porque no se ajustan a la verdad y tienen una clara intencionalidad política, tampoco lo son para acreditar la malversación en el procedimiento del juzgado de instrucción 13 o la malversación y blanqueo de capitales de la causa del instrucción 1 (Volhov).

Por tanto, lo que cuesta entender, al menos desde la coherencia y la ética, es que, sin embargo, los informes de la Guardia Civil respecto de Laura Borràs sí sean válidos para acreditar una inexistente malversación.

Por razones obvias, formo parte de su defensa, conozco los hechos, tengo los datos y estoy convencido de que Laura Borràs no malversó y que esos informes de la Guardia Civil, que se contradicen con los emitidos en su día por Mossos, no son más que ardientes elucubraciones cuya única base probatoria no es otra que el ardor patrio que tanto daño le está haciendo a la verdad.

Laura Borràs, al igual que Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Forn, Rull, Cuixart, Sànchez y tantos otros investigados o procesados, no somos más que víctimas de lo que se llama lawfare y no hay nada más peligroso que dejarse colonizar el imaginario y comprar el relato represor. Además, no hay nada más sucio que usar ese relato como arma electoral sin siquiera medir las consecuencias que ello tendrá, en el futuro cercano, para el conjunto de los represaliados.

Como los discursos y las palabras de hoy podrán ser las sentencias de mañana, seamos coherentes y decentes.

 

 

 

 

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