Desde Naiz traemos a ustedes esta nota en la que se reflejan las opiniones vertidas por Arnaldo Otegi tras darse a conocer el fallo del Tribunal Supremo con respecto al caso Bateragune:
Arnaldo Otegi ha defendido que el «caso Bateragune» fue una operación de Estado cuyo objetivo era que la izquierda abertzale no cambiara de estrategia. El coordinador general de EH Bildu, al salir a valorar la nulidad de la sentencia, se ha acordado de las personas que están en el exilio o en prisión por pruebas construidas o inculpaciones bajo tortura. Los cinco condenados por el caso reclamarán indemnización tras haber cumplido penas de cárcel de entre 6 y 6,5.
«La operación que nos llevó a la cárcel fue una operación de Estado, urdida por las cloacas y los aparatos del Estado», ha afirmado el coordinador general de EH Bildu. Otegi ha denunciado que el objetivo de esa operación era truncar e impedir el cambio de estrategia dentro de la izquierda abertzale y dividirla. «Si hubiera habido una escisión, mejor», ha remarcado. Y, en definitiva, ha calificado la operación como intento de «desvertebrar el proyecto independentista y hacerlo desaparecer».
En una comparecencia junto al resto de los condenados por el «caso Bateragune» (Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez), Otegi ha hecho un breve balance de estos diez años. Ha sostenido que la izquierda abertzale pasó de estar ilegalizada a ser la primera fuerza municipalista en Hego Euskal Herria y mostrar un crecimiento en los siete herrialdes.
Su análisis final es que, pese a todo lo que han sufrido, mereció la pena y están muy orgullosos de lo que hicieron. «Hemos pagado ese precio, pero había que pagarlo», ha sostenido. «Diez años después, los que impulsaron la operación de Estado están más débiles y nosotros más fuertes».
Otegi, asimismo, ha emplazado al Estado y «a todos los que insisten en la autocrítica» a que se la apliquen ellos también. Les ha instado a reconocer el empleo sistemático de la tortura, a aceptar el derecho a decidir, a que defiendan la «unidad de España» sin violencia y democráticamente, y a que dejen de construir pruebas contra sus rivales políticos. Además, se ha preguntado cuántas personas se encuentran presas o exiliadas por inculpaciones extraídas bajo tortura o con pruebas construidas.
El coordinador general de EH Bildu ha quitado hierro al hecho de que no le dejaran presentarse a las últimas elecciones en la CAV bromeando con que cuesta mucho escribir un folio. Pues esa es, poco más o menos, la extensión de la sentencia del Supremo que no hace sino acatar una sentencia anterior adoptada por Estrasburgo en noviembre de 2018 y que le resulta vinculante.
Los pormenores jurídicos los ha detallado el abogado Iñigo Iruin, que ha constatado que se trata de una sentencia muy sencilla en tanto que se trata del acatamiento de una decisión de un tribunal superior, que dictaminó que no se habían cumplido con los requisitos de imparcialidad. Iruin ha añadido que la batalla judicial no ha terminado y que pronto se iniciará una reclamación por daños y perjuicios por los años de cárcel y el recorte de derechos sufridos por «los cinco de Bateragune». La ley fija de plazo un año para la presentación de dicha reclamación, que irá ya por la vía civil, dado que la sentencia del Tribuna Supremo ya reconoce que fueron condenados por un «error».
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