Los estados autoritarios terminan por mostrarse tal cual son y el régimen borbónico franquista lo ha hecho en el contexto de la pandemia del SARS CoV-2. Sus autoridades virreinales en la ZEN no han dudado en seguir la pauta a paso de ganso.
Los detalles nos los proporciona este reportaje de Gara:
La norma del PP, que en junio cumplió cinco años en pleno auge, ha sobrevivido a varias tentativas para lograr su derogación: 45.000 multas amparadas en la Ley Mordaza en Hego Euskal Herria durante el estado de alarma, 1,2 millones en el Estado español.
Ibai AzparrenLa Ley de Seguridad Ciudadana, denominada Ley Mordaza, ha sido más utilizada que nunca durante el estado de alarma. La norma que nació en el Ministerio de Jorge Fernández Díaz y entró en vigor el 1 de julio de 2015 ha sido el pilar de las administraciones para imponer en casi 100 días de estado de alarma alrededor de 1,2 millones de multas en el Estado español, un 42% más que en los tres primeros tres años y medio. En la CAV, se han aplicado un total de 30.000 sanciones, mientras que en Nafarroa han sido cerca de 15.000.
Durante aquellos meses, saltarse el confinamiento ha comportado propuestas de sanción que puede conllevar multas desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio, según una guía distribuida por el Ministerio del Interior. Sin embargo, dos informes de la Abogacía del Estado dictaminan que para multar con la denominada Ley Mordaza no basta con el mero incumplimiento por parte de los ciudadanos de las restricciones de movilidad y plantean serias dudas sobre que se considere desobediencia a la autoridad el simple hecho de no respetar el confinamiento.
A los informes de la Abogacía del Estado le sigue la resolución del Ararteko de Nafarroa, tras una queja interpuesta por los colectivos Papeles y Derechos Denontzat, Iruñea Ciudad de Acogida, Karabana Mugak Zabalduz, Salhaketa y SOS Racismo, por la «indebida aplicación» del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, que hace alusión a la desobediencia. Según señala el Defensor del Pueblo en su resolución, «lo que singulariza a esta infracción de la desobediencia es la concurrencia de estas tres notas: individualización del mandato imperativo, conminación expresa al destinatario a su cumplimiento y oposición clara del interesado ante ese mandato que se le ha individualizado».
La queja se presentó en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora por parte del Ayuntamiento de Iruñea, corporación a la que el Ararteko ha recomendado que «no sancione a los ciudadanos por el tipo de desobediencia a la autoridad» en los casos en los que se produzca un «mero incumplimiento de la limitación de circulación sin que exista desobediencia» hacia la Policía Municipal de la capital vasca. No obstante, ya se han iniciado expedientes sancionadores por parte del Consistorio iruindarra, del Gobierno de Nafarroa y de la Delegación del Gobierno español.
Según la respuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Ejecutivo navarro, Javier Remírez, a una pregunta escrita de Bakartxo Ruiz, portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Nafarroa, del total de las 15.000 denuncias se han registrado 3.582 por parte de la Policía Foral. La Policía Municipal de Iruñea ha derivado la propuesta de sanción a 2.513 personas por diferentes incumplimientos de la normativa y el resto han sido interpuestas entre la Policía española, la Guardia Civil y los policías locales. Además, 90 personas han sido detenidas durante el estado de alarma. En la CAV, en cambio, han sido la Ertzaintza y los cuerpos municipales los encargados de controlar las infracciones. Se han impuesto 30.000 denuncias y detenido a 464 personas. Las multas no pasan de 600 euros, y solo 1.700 personas han procedido al pago por ahora.
Precisamente, en Nafarroa, la Delegación del Gobierno español sufre un gran atasco por la avalancha de sanciones y la Dirección General de Interior del Ejecutivo navarro ha iniciado solamente 959 expedientes sancionadores ya que, una vez arrancado el procedimiento, se abre la posibilidad de efectuar el pago o presentar alegaciones. Además, teniendo en cuenta que las resoluciones de inicio no comenzaron a notificarse hasta el 4 de junio, Remírez constata que solo pueden considerarse legalmente finalizados 85 expedientes por pronto pago y en 50 se han presentado alegaciones.
Falsas promesas y apoyo al 36.6
La Ley Mordaza ha sido la norma en la que se ha apoyado el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska para denunciar al infractor durante el estado de alarma, dado que no se creó ninguna norma ad hoc. El anuncio de su aplicación llegaba un mes después de que el propio Marlaska fijara como prioridad derogar la ley, pues se trababa de una norma «fallida» y «fruto del rodillo» del PP. Sin embargo, durante la la Comisión de Interior en el Congreso del pasado 23 de abril, el titular de Interior matizó que será derogada aunque habrá artículos que perdurarán, como el 36.6 actual.
El pacto para un Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos recogía asimismo sustituir esta Ley de Seguridad Ciudadana por una nueva norma. El PSOE se encontraba entre los partidos que recurrieron en 2015 una docena de artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. El Tribunal Constitucional aplazó nuevamente sin fecha la sentencia que responde a esos recursos. Así, la ley ha sobrevivido a tres gobiernos a pesar de que han sido numerosos los intentos de suprimir sus aspectos mas lesivos en el Congreso español. A día de hoy sigue intacta.
Pero no hace falta señalar a Madrid para encontrar una defensa de posiciones contrapuestas entre partidos y gobiernos. Sin tener en cuenta las sanciones puestas durante el estado de alarma, la Ertzaintza aplicó sin ambages, entre 2015 y 2018, un total de 17.820 multas amparadas en la ley Mordaza al tiempo que, en 2017, el PNV presentaba en el Congreso una iniciativa legislativa en la que se reclamaba modificar distintos aspectos de la denostada ley. Un año antes, la formación apoyaba en el Parlamento de Gasteiz una Proposición No de Ley en la que se solicitaba al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que no aplicase la Ley Mordaza en la CAV.
El 11 de abril de 2016, el Parlamento de Nafarroa rechazaba la Ley Mordaza con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra. Más de cuatro años después, en concreto el pasado 20 de julio, EH Bildu presentó una propuesta de resolución para que la Cámara solicitase al Gobierno de Nafarroa que tome en consideración el contenido de la Resolución del Ararteko, actuando en consecuencia en la tramitación de los expedientes incoados durante el estado de alarma. La declaración fue apoyada por Geroa Bai y Podemos; IE se abstuvo y PSN y Navarra Suma votaron en contra.
Los colectivos navarros que trabajan por los derechos y libertades señalan que durante el estado de alarma no han dejado de sucederse identificaciones por perfil étnico y muchas de ellas han acabado en multa. Un informe de Amnistía Internacional ha documentado durante el estado de alarma 61 casos de personas que han sufrido violaciones y abusos contra los derechos humanos en el Estado español, aplicando la Ley Mordaza con un enfoque principalmente coercitivo y sin criterios claros de actuación, especialmente en el trato con personas vulnerables.
Tras la resolución del Ararteko, estos colectivos solicitan al Ayuntamiento de Iruñea y el Gobierno de Nafarroa que la acepten, no incoen nuevos expedientes, anulen los ya incoados, devuelvan las multas abonadas en el periodo de pronto pago y realicen una disculpa pública. Los representantes de SOS Racismo, por otro lado, animan a todas las personas afectadas por estos expedientes sancionadores a que presenten una queja ante el Defensor del Pueblo y recurran las multas amparadas en una ley que desde hace cinco años ha restringido de forma ilegítima derechos humanos como los de libertad de expresión, reunión, manifestación y acceso a la información.
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