El 3 de marzo de 1976 el régimen español llevó a cabo una matanza de obreros vascos en la ciudad de Gasteiz.
En febrero de 2020, el gobierno "progresista" de la coalición PSOE-Podemos-IU le ha otorgado total inmunidad a uno de los principales responsables de ese acto de terrorismo de estado.
O sea, todo atado y bien atado para la monarquía borbónico bananera.
Lean por favor lo que nos informa El Salto:
El Ministerio de Justicia bloquea que la juez argentina que instruye la causa contra los crímenes del franquismo tome declaración al exministro de Interior desde la embajada argentina en Madrid.El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a que la juez María Servini tome declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior en el primer gobierno posterior a la muerte del dictador Francisco Franco, en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo.La declaración, programada para el 20 de marzo en la embajada argentina en Madrid, ha sido de nuevo aplazada, según adelantó ayer Público, después de que el Ministerio de Justicia —desde el 13 de enero en manos de Juan Carlos Campo—, rechazara la solicitud formal para la toma de declaración, argumentando que esta se debía haber realizado a través de un exhorto internacional.Martín Villa es una de las 22 personas imputadas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En su caso, la querella investiga su papel, como ministro de Interior, en la masacre de Vitoria, en la la policía mató a cinco personas durante una jornada de huelga.Desde que en 2010 comenzó la instrucción de la causa, el Gobierno, con PP o con PSOE, ha obstaculizado la investigación. A la primera comunicación de la magistrada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en octubre de 2010 preguntando si se estaban investigando en España los crímenes del franquismo, la Fiscalía General del Estado, con Cándido Conde-Pumpido —actualmente magistrado del Tribunal Constitucional— a la cabeza, respondió ocho meses después con un documento sin firma en el que aseguraba que se habían tramitado varios casos. Tres años antes, la Audiencia Nacional había acordado la incompetencia de Baltasar Garzón para instruir la causa que había abierto en 2006 por crímenes del franquismo.En octubre de 2014, Servini emitía una orden de detención contra 20 personas imputadas en la causa, entre ellos José Utrera Molina —fallecido en 2017, ex suegro de Alberto Ruiz Gallardón— o el expolicía Benjamín Solsona. La solicitud de extradición fue rechazada por un acuerdo del Consejo de Ministros del 13 de marzo de 2015, con el PP.Un año después, Servini volvía a intentar tomar declaración a Martín Villa, además de a Billy el Niño y al exministro Utrera Molina. Para retrasar la declaración de la juez, el Ministerio de Justicia le reclamó el listado de preguntas que iba a hacer a los imputados y pocos meses después la Fiscalía General del Estado, ahora con Consuelo Madrigal, ordenaba a las fiscalías provinciales que suspendieran las declaraciones de las acusaciones que se habían programado en varios juzgados en torno a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, una circular que a día de hoy no ha sido anulada.En octubre de 2018, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechazaba una nueva petición para tomar declaración a Martín Villa, esta vez en España, aduciendo que los delitos que habría cometido estarían prescritos. Fue el propio Martín Villa el que, ante esto, pidió declarar ante la juez en Madrid o en Buenos Aires. La juez programó la declaración en la capital argentina para el 9 de septiembre de 2019, aplazándola después a diciembre y nuevamente a marzo, por videoconferencia, desde la embajada argentina en Madrid.“Es una injerencia inaceptable del Gobierno español”, afirman desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).
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