El Zaldibargate

Este reportaje de Gara sumariza todo lo que ha ido suscitándose desde que se diera a conocer "la caída de un árbol sobre la AP-8" y lo que es ya a una semana un auténtco desastre para dos familias en particular y para la sociedad vasca en general. 

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Zaldibar, un desastre con dos personas desaparecidas una semana después

Una semana después del derrumbe en el vertedero de Zaldibar, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, que trabajaban en la escombrera, siguen desaparecidos. La búsqueda se ha reanudado hoy tras días en los que las familias se han sentido las grandes olvidadas en medio de un desastre con una crónica anunciada a la vista de las irregularidades y la falta de control que se han ido denunciando día a día. La preocupación sigue en la calle en Zaldibar y más allá, aunque las críticas se tilden de «carroñerismo».

Nerea Goti

Se cumple una semana desde que se produjera el derrumbe en el vertedero de Zaldibar, en el que dos de sus trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, que resultaron sepultados, siguen desaparecidos y su rescate detenido una y otra vez a lo largo de los últimos días. Esta misma mañana, la Mesa técnica y de coordinación puesta en marcha el lunes por las instituciones ha anunciado que se reanuda la búsqueda, porque «es una prioridad fundamental».

Aquella gran masa de inertes que inundó la AP-8 pasadas las 16.00 horas del jueves provocando el corte de la autopista se subsanó en unas horas para devolver el tráfico a la normalidad. Mientras, Ertzaintza, técnicos de emergencias y bomberos activaban las labores de rescate hasta la aparición de grandes cantidades de amianto, algo que desconocían los equipos desplazados al terreno. De hecho, sindicatos de la Ertzaintza denunciaron que se estuvo trabajando en el terreno sin ninguna protección.

El propio viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, confirmó que técnicos de Osalan habían detectado la presencia del mineral cancerígeno. Según constató NAIZ, la autorización ambiental que Lakua concedió a la empresa, Verter Recycling en 2016, era para «residuos no peligrosos». Aquella autorización señalaba también que la actividad no representaba «impacto sobre el suelo».

La sorpresa llega cuando fuentes de Medio Ambiente de Lakua revelan el mismo viernes que sabían que allí había amianto, que no entraba en la categoría de «residuo peligroso» y que el permiso para amianto se dio en 2007. NAIZ reveló otro dato que pone en tela de juicio la gestión de emergencia de las primeras horas: Verter Recycling figura en en el registro de empresas de riesgos de amianto, del Departamento de Justicia, desde el año 2017.

Con esos datos sobre la mesa, las críticas por la falta de prevención explotaron allí donde la ciudadanía expresa sus inquietudes, como son las redes sociales. Hubo preocupación por la falta de cautela de al Administración nada más abrirse el tráfico cerca de una ladera que se reconocía aún inestable, pero también por la falta de humanidad, ante la urgencia de localizar a dos personas que permanecían desaparecidas en medio de una evidente falta de control sobre la actividad que se desarrollaba en el vertedero.

La preocupación ciudadana vuelve a dispararse las primeras horas del sábado al desatarse un incendio en la escombrera, lo que suponía en la práctica la puesta en marcha de una especie incineradora de residuos peligrosos al aire libre, como denunciaron usuarios de redes, en medio de la creciente preocupación por su repercusión en la salud en municipios colindantes como Eibar o Ermua, que se ha traducido en protestas vecinales en las calles.

Salvo PNV y PSE, todo el mundo necesita explicaciones

La búsqueda de los trabajadores desaparecidos que se había retomado con las primera luces del día vuelve a detenerse ante el riesgo de nuevos deslizamientos por la lluvia. Mientras, salvo las dos formaciones que ostentan el Gobierno de Lakua, PNV y PSE, toda la oposición, sindicatos, colectivos ecologistas, ciudadanía y otros agentes reclaman explicaciones mirando al Ejecutivo de Urkullu ante el cúmulo de anomalías e irregularidades que rodean la actividad y la gestión de un derrumbe que empieza ser catalogado como «desastre ecológico».

Se supo que la existencia de irregularidades era algo objetivo y conocido por el Gobierno de Lakua, tras descubrir «incumplimientos» ante los que habían llegado a valorar la apertura de un expediente sancionador a la empresa propietaria en julio de 2019, cosa que finalmente no ha hecho hasta hoy.

Reveló este amago de expediente que no llegó a firmarse la propia viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, en su visita el sábado a la zona del derrumbamiento.

Moreno se defendió asegurando que no se les habían comunicado problemas de estabilidad de la ladera. El mismo día EH Bildu hizo público un informe de noviembre de 2019 del Servicio de Inspección Ambiental, en el que quedó reflejado que Lakua había constatado desde junio que el grado de cumplimiento de la autorización ambiental del vertedero era «bajo» y sus «incumplimientos significativos o severos».

Después de cuatro días de silencio por parte de los máximos responsables del Ejecutivo, el enfado y la inquietud en las redes ante noticias como la posible presencia también de lindano en Zaldibar, desmentida por Lakua, sigue avivándose, al punto de que el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, se ve obligado a borrar un tuit de su cuenta sobre un momento de disfrute de ocio personal.

Entre la indignación en las redes, alusión también al consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, por su ámbito de responsabilidad en esta crisis y por su relación personal con la zona, al ser natural de Eibar, municipio del que fue alcalde durante quince años.

El dolor, la rabia y la impotencia de las familias

En medio de la tragedia, el testimonio de familiares de Alberto Sololuze, uno de los operarios desaparecidos, puso el foco sobre el factor humano en una entrevista concedida a GARA, en la que denuncian el «dolor» y la «impotencia» que representa para los allegados la falta de información y la ausencia de una búsqueda efectiva de los cuerpos, puso el foco sobre la cuestión humana que rodea el desastre.

«Enfado, rabia e impotencia», cuentan, después de días olvidados, en los que relatan que son ellos los que han estado llamado por teléfono para intentar saber lo que ocurría. Hubo una primera reunión días después del derrumbe, y cuentan que fue más para justificar por qué estaban deteniendo la búsqueda y para escenificar algún movimiento que para constatar una activación real del rescate.

Los allegados relataron que el trato por parte de la empresa tampoco ha sido muy humano. Tras doce años en el puesto de trabajo, «siempre con el mismo jefe, ese jefe no ha dicho nada aún, ni siquiera ha aparecido», contaron en primera persona las víctimas directas de la tragedia.

A lo largo de los últimos días la búsqueda se ha activado y detenido en varias ocasiones, alegando la inestabilidad del terreno, pero seguramente lo que ha llamado la atención en las últimas horas es la propia respuesta del Ejecutivo con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, después de comparecer ante los medios para anunciar elecciones el 5 de abril y mostrarse molesto porque se le interpelara por su ausencia en Zaldibar.

La visita de Urkullu después de alegar que no había razón para estar

El lehendakari dijo entonces que durante seis días no había visitado Zaldibar porque lo allí ocurrido era una cuestión de los técnicos y «no se trata de estar allí por estar». Expuso también que el lehendakari no acude a los lugares en los que se producen accidentes laborales y agregó que el vertedero lo gestiona una empresa privada, así que consideró que las críticas a su falta de empatía con esta tragedia eran «campañas de Twitter».

No fue hasta ayer, miércoles, cuando Iñigo Urkullu rectificó sus consideraciones 24 horas antes y decidió presentarse en Zaldibar, aunque sin notificación previa a los medios.

De momento, un juzgado de Durango ha abierto de oficio la vía penal por el derrumbe, familiares, ertzainas y bomberos ha mostrado públicamente su indignación por cómo se está gestionando todo lo que rodea el desastre en Zaldibar, la oposición pide la comparecencia de Arriola para que dé explicaciones y no ha pasado desapercibida la relación entre el adelanto electoral y petición de responsabilidades. Tal y como denunció el parlamentario soberanista Mikel Otero, Arriola pidió motu propio una comparecencia, sabiendo que Urkullu iba a anunciar en solo unas horas elecciones y con ello la disolución del parlamento, los juristas le notificaron que podía hacerlo el mismo día del registro pero declinó la oferta porque era «demasiado deprisa».

Mencionar Zaldibar ha derivado en estas últimas horas en acusaciones de «carroñerismo» por parte del PNV y hasta intentos de ligar con ETA una campaña lanzada en las redes sociales para colocar carteles y bolsas de basura en los batzokis.

El Gobierno de Urkullu ofrecerá explicaciones el martes en al Diputación Permanente del Parlamento de Gasteiz, que sustituye al pleno en periodos inhábiles. La comparecencia llega «tarde y presionado por la oposición», según ha denunciado EH Bildiu, que ve «el mismo patrón» que con las OPEs de Osakidetza, intentando minimizar la cuestión de inicio.

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