sábado, 4 de agosto de 2018

Canibalismo Contra Grande-Marlaska

En sus tiempos como inquisidor Fernando Grande Marlaska propició y ocultó casos de tortura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo así lo hizo saber.

Pues bien, ahora que el gobierno de la CAV insiste en crear los mecanismos para defender los derechos de las víctimas de los abusos policíacos resulta que desde el ámbito de las propias instituciones armada pero también desde el lucrativo ámbito de las "asociaciones de víctimas" han decidido lanzar amenazas en contra del ahora Ministro del Interior.

Lean lo que El Mundo ha publicado al respecto:


El Gobierno vasco contraataca y recuerda los ocho casos de torturas no investigados por los jueces

Josean Izarra

La plataforma de sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y de colectivos de víctimas que se oponen a la ley vasca de abusos policiales pretende advertir por medio de una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que puede cometer un acto ilegal si da su visto bueno a que el Consejo de Ministros que se celebrará mañana acuerde retirar el recurso contra esta norma que analiza el Tribunal Constitucional. Los representantes de los agentes policiales y de las víctimas registrarán hoy al menos una carta remitida al titular del Interior y juez en la que insisten en la necesidad de que sea el Tribunal Constitucional quien dirima si la comisión de valoración prevista en esta norma tiene capacidad para determinar si se han producido torturas cuando así lo asegure cualquier ciudadano vasco sin necesidad de acreditarlo con una sentencia judicial ni con informes policiales.

Tanto la plataforma constituida por sindicatos policiales y víctimas como Ciudadanos movieron ayer ficha en vísperas de que el Consejo de Ministros ratifique su decisión de retirar el recurso contra la ley vasca de abusos policiales que fue presentada en mayo de 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Representantes de los funcionarios policiales y víctimas ultimaban ayer una dura advertencia dirigida, al menos, al ministro Grande-Marlaska por la presunta ilegalidad del acto administrativo que supondrá retirar el recurso después de la negociación mantenida con el Gobierno vasco. La plataforma sostiene que frente al necesario dictamen técnico del Constitucional se ha alcanzado un acuerdo político con el que se vulneran derechos fundamentales como el de presunción de inocencia y el derecho al honor de aquellos agentes a quienes se les haga responsables de torturas sin posibilidad de defenderse.

Los gobiernos de Madrid y Vitoria aseguran, sin embargo, que los "retoques", como los definió el consejero Josu Erkoreka, limitan la actividad de la comisión de valoración y el alcance de la ley al ámbito de las ayudas sociales y al reconocimiento de las víctimas de abusos policiales entre 1979 y 1999.

Pero, además de la advertencia de policías y víctimas, tampoco Ciudadanos ve claro la legalidad de la decisión de retirar el recurso ante el Constitucional. El secretario general del partido naranja, Miguel Gutiérrez, registró ayer una solicitud en el Congreso por el que reclama al Gobierno español "los informes, dictámenes u otra documentación" que se hayan utilizado por la Comisión Bilateral Técnica de Cooperación entre el Estado y el País Vasco que avalen el acuerdo alcanzado entre la ministra Meritxell Batet y el consejero Josu Erkoreka. Cs, contrario a esta decisión, denuncia el objetivo de "reescribir la realidad al margen de la Justicia" que persigue la norma vasca.






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