Ministerio de Justicia Machirulo

Cada vez que toquemos el tema de La Quinta del Prenda, pandilla de delincuentes sexuales también conocida como La Manada, no debemos olvidarnos ni por un momento que uno de ellos es un Guardia Civil y otro es un integrante del Ejército, ambas instituciones armadas al servicio de un régimen que poco tiene de democrático y mucho de autoritario.

Les presentamos esta nota publicada por Naiz con respecto a las protestas que se han organizado por parte de grupos que están en contra del manejo que se le está dando al caso:

Denuncian frente al Ministerio de Justicia los «abusos patriarcales» en el caso de la violación grupal

Colectivos feministas se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, para denunciar los «abusos patriarclaes» que se están produciendo en el juicio por la violación grupal de los sanfermines del año pasado.

Durante la concentración, se han coreado lemas como «¡Jueces machistas, fuera del juzgado!», «Yo sí te creo», «No estás sola compañera, aquí está tu manada» o «Queremos a la manada enjaulada», entre otros, y han alzado pancartas con lemas como «Tus fantasías de violación incluyen un juicio», «La manada somos nosotras» o «Con el maltrato no hay trato».

La concentración ha comenzado poco antes de las 18.00, vigilada en todo momento por un amplio dispositivo policial. El número de personas frente al Ministerio ha obligado a cortar al tráfico la calle San Bernardo, así como algunas de las calles aledañas.

El origen de la protesta tiene que ver con las decisiones que ha adoptado el tribunal que enjuicia el caso y que ha aceptado como prueba el informe elaborado por un detective privado para la defensa sobre la vida de víctima, de 20 años de edad, a lo largo de los últimos meses.

El juicio contra los cinco acusados de violar en grupo a una mujer en la madrugada del 7 de julio de 2016 se está desarrollando estos días en el Palacio de Justicia de Iruñea.

Los acusados se enfrentan a penas de 22 años y 10 meses de prisión por parte de la Fiscalía y mayores penas tanto por la demandante como por el Gobierno de Nafarroa y el Ayuntamiento de Iruñea por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y otro por robo con intimidación.

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