AI Grotescamente Goebbeliana

Ya lo habíamos denunciado en su momento pero en Cubainformación también han hecho notar como Amnistía Internacional se ha negado a concederle la designación de preso político (presos de conciencia más bien) a los ocho consellers y a los dos activistas catalanes mandados a los calabozos del régimen acusados de sedición.

Y es que, nos dicen, los actos que han llevado a cabo podrían ser constitutivos de delito ante la ley española. Correcto, tal como los actos de Nelson Mandela lo fueron ante la ley sudafricana y los de  Aung San Suu Kyi para el gobierno de Myanmar.

Ojalá y los de Amnistía Internacional tuvieran a bien decirnos que gobierno en el mundo a encarcelado a un preso político acusándolo de algo que no sea un delito tipificado en su propia ley.

Claro, no olvidemos que ya antes desde su capítulo español los de Amnistía Internacional ya habían dicho que exigían la libertad inmediata para absolutamente todos los presos políticos en el mundo... menos los vascos... porque antes tenían que pedir perdón, delatar a sus compañeros, contribuir a las investigaciones policiacas en su contra y arrepentirse de sus actos.

Pero bueno, para qué seguir, aquí les dejamos con esta denuncia:

Catalunya y Cuba: un barco a la deriva llamado Amnistía Internacional

José Manzaneda

Hace unos días, todos los grandes medios españoles hablaban de Amnistía Internacional (AI). ¿Mencionarían alguno de sus informes sobre torturas en España, tradicionalmente censurados? Evidentemente no. Eran unas declaraciones... sobre Catalunya: “Sobre el encarcelamiento de los ex consejeros y de los líderes de las entidades independentistas (catalanas) se ha pronunciado Amnistía Internacional. La organización defensora de los DDHH (Amnistía Internacional): dice que no se les puede considerar presos políticos, porque están acusados por actuaciones que pueden constituir un delito”, oíamos en Televisión Española.

Curioso: AI no considera “presos políticos” a quienes, en Catalunya, han sido encarcelados por una acción política pacífica, porque esta –asegura- “puede ser delito”. Pero sí a quienes en Cuba violan leyes análogas a las existentes en todos los países. El Código Penal español, por ejemplo, castigaría a algunos de los llamados “disidentes” cubanos a un mínimo de cuatro años de cárcel por mantener “relaciones de inteligencia o (…) de cualquier género con gobiernos extranjeros” para “perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales”, según se lee en su artículo 592.

Recordemos que los “grupos disidentes” cubanos son apadrinados por el Gobierno de EEUU, de quien reciben entre 20 y 30 millones de dólares cada año. Algunos, como las Damas de Blanco, Cubalex o la llamada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, aportan la información con la que, después, AI elabora sus informes sobre la Isla. Por ello defiende con vehemencia que la potencia que bloquea a Cuba pueda financiar a quienes, dentro de la Isla, sirven a sus intereses políticos: “Los defensores y defensoras de derechos humanos que reciben financiación extranjera, especialmente estadounidense, son estigmatizados”, nos dice AI en tono de denuncia, y añade que “las limitaciones a la financiación extranjera (en Cuba) son contrarias al derecho de asociación”.

Todo esto lo leemos en el último informe de esta organización, titulado “Cuba es una prisión mental” y que, al contrario que sus escritos sobre EEUU o España, sí ha sido  noticia internacional.

Un informe contaminado de raíz. Su fuente principal es el testimonio de un grupo de migrantes cubanos en México, a quienes sorprendió, en enero pasado, la derogación por Barack Obama de la política de asilo automático a cubanos y cubanas, y que ahora necesitan construir un “expediente político” para ser aceptados en EEUU. Y para ello mienten sin el menor pudor.

El informe nos dice que muchas de estas personas “habían solicitado asilo en México”. Pero calla que, en abril, el Gobierno de dicho país negó asilo “debido a que  –palabras del texto oficial- no enfrentan persecución de ningún tipo”.

AI se suma a la tradicional politización de la emigración económica cubana que realiza el Gobierno de EEUU, con argumentos subjetivos e indemostrables: nos dice que estos migrantes “se sentían `agobiados y asfixiados´” en Cuba, porque allí “las limitaciones (…) de derechos humanos son tan asfixiantes” que “les hacen ver la salida del país como única opción”. “Decenas de miles de cubanos y cubanas siguen abandonando el país”, añade, como si los movimientos migratorios en la región fueran algo exclusivo de Cuba. Y repite argumentos que parecen sacados de una nota del Departamento de Estado: la emigración cubana se debe –leemos- a factores como “la cambiante diplomacia internacional cubana” o “la férrea red de control de la libertad de expresión”.

AI acusa al Gobierno cubano, además, de criminalizar la emigración económica. “Los cubanos que tratan de abandonar el país son estigmatizados (…) por el Estado –que los califica de “desertores”, traidores” y “contrarrevolucionarios-“, leemos. Una muestra de cómo esta organización está completamente fuera de tiempo. Hoy la emigración cubana en todo el mundo realiza encuentros en los que participa activamente el Gobierno cubano, el último de los cuales se celebró, precisamente, en Washington.

El informe señala que la “mitad de las personas entrevistadas (…) habían sido detenidas (…) al menos en una ocasión en Cuba”, aunque “muchas no habían criticado nunca el sistema”. Nada que impida a AI encontrar una raíz política a su encarcelamiento: “la fuerte intrusión que sentían de la ley penal en sus vidas cotidianas (…) limitaba estrictamente sus derechos”, leemos. Así, alguien que abrió un negocio de comida denunciaba la “represión” del gobierno porque había recibido varias inspecciones “muy seguido” o porque su establecimiento había sido multado.

Leemos, además, que en Cuba se “subordina en la práctica a la ideología de Estado el derecho universal a la libertad de expresión”. ¿Y en España, Colombia o en cualquier estado capitalista? ¿Información y opiniones en los grandes medios, propiedad de una ínfima minoría con capital, no son subordinadas a la ideología imperante? ¿Cuándo leeremos un informe de AI sobre la férrea censura, el despido de periodistas, la represión sindical o el boicot a artistas e intelectuales en los medios públicos y privados de dichos países?

El texto asegura, asimismo, que en Cuba se produce discriminación laboral por opinión política. Pero ¿cuántas personas, en los países capitalistas, deben ocultar sus ideas de izquierda para acceder a un empleo? ¿Y cuántas son despedidas por reclamar sus derechos?

El informe llega en ocasiones a lo grotesco. Un entrevistado que aseguraba que “en Cuba todo el mundo tiene miedo” donde se siente “el hombre más libre del mundo” es en México, un país con 20 mil asesinatos al año, cuarto del mundo en nivel de impunidad y donde un 64% dice tener miedo a ser torturado si es detenido.

Así es como Amnistía Internacional, en su vergonzosa deriva, se convierte en instrumento funcional para medios y gobiernos occidentales: para los de España en su política de represión en Catalunya, y para los de EEUU en su obsesiva injerencia y agresión contra Cuba.

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Catalunya y Cuba: un barco a la deriva llamado Amnistía Internacional

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