viernes, 4 de octubre de 2013

Solidarios de Herrira Libres

De librito el tema de la redada en contra de los solidarios de Herrira.

Primero se escenifica la acción vejatoria por medio de una denigrante razzia y después se procede a liberar a los detenidos no sin antes colocarles su correspondiente Espada de Damocles en la forma de multas y amenazas.

Aquí lo que nos reporta Gara:


El juez Eloy Velasco decretó ayer libertad con cargos para 14 de los 18 detenidos en la macrorredada contra Herrira. Para los otros cuatro, prisión eludible bajo fianza de 20.000 euros, por lo que todos ellos estarán hoy de regreso en Euskal Herria. El auto emitido por el magistrado sigue las tesis de la «sucesión» marcadas por la Guardia Civil. Con la suspensión de actividades, el Estado trata de echar el freno a las dinámicas desarrolladas a favor de los derechos de los presos.

Alberto Pradilla y Arantxa Manterola

El juez Eloy Velasco decretó ayer la libertad de 14 de los 18 detenidos en la operación contra Herrira y prisión eludible bajo fianza para los otros cuatros. Sin embargo, mantiene las acusaciones de «integración en organización terrorista», «enaltecimiento» y «financiación» contra todos ellos. Además, impone, tal y como ya se advertía en los autos con los que justificaba la redada, la suspensión de actividades del colectivo de defensa de los derechos humanos por un período de dos años, la clausura de las sedes de Hernani, Gasteiz y Bilbo y el cierre de diferentes páginas web. De este modo, Madrid trata de frenar las crecientes dinámicas de reivindicación de los derechos humanos de los presos, castigando a una organización que en su corta andadura ha sido capaz de sumar adhesiones multitudinarias y plurales. Un veto que se amplía a los 18 arrestados durante el operativo, a quienes, además de imponer comparecencias quincenales ante el juzgado y la imposibilidad de salir del Estado, se prohíbe expresamente lo que el magistrado denomina «labor de control de los presos» o «actos de enaltecimiento». Dos definiciones con las que la Guardia Civil y, posteriormente, el auto de Velasco, tratan de criminalizar el trabajo público de Herrira. Todo ello, en un contexto en el que el colectivo ya había avanzado un acelerón en sus iniciativas buscando nuevos consensos y actos multitudinarios en próximos meses.

Después de tomar declaración a los 18 detenidos, que fueron asistidos por sus abogados de confianza y negaron las acusaciones aparecidas en la causa, Velasco emitió ayer dos resoluciones. Una para Jon Garai, Nagore García, Jesus Mari Aldunberri y Manu Ugartemendia, a quienes envió a prisión, aunque eludible bajo fianza de 20.000 euros. La segunda, para los otros 14 (Sergio Labaien, Eneko Villegas, Roberto Noval, Oscar Sánchez, Beñat Zarrabeitia, Ekain Zubizarreta, Eneko Ibarguren, Amaia Esnal, Imanol Karrera, Fran Balda, Ane Zelaia, Gorka Gonzalez, Ibon Meñika y Joxe Antonio Fernandez), para quienes dictó libertad. En todos ellos, el juez asume la teoría de la «sucesión» de Gestoras pro Amnistia y Askatasuna impulsada por los informes de la Guardia Civil. Luego, en base a esta tesis, establece una acusación genérica que ni siquiera llega a individualizar salvo en el caso de los cuatro primeros arrestados, a quienes imputa la «integración» en «grado dirigente», aunque sin aportar más razonamientos.

Tesis de la Guardia Civil

«Fruto de las investigaciones desarrolladas, vigilancias y seguimientos policiales y estudio de documentación (pública y aparentemente a peones vinculados a ETA) y aunque Herrira aparente ser una organización nueva y sin dependencias, la sucesión de actividades de la organización terrorista Gestoras pro Amnistia/Askatasuna resulta pública y evidente». Así comienza el juez la argumentación para enviar a prisión a los cuatro activistas vascos. Una frase que evidencia que Velasco acepta sin fisuras las líneas maestras desarrolladas en los informes de la Guardia Civil. Al igual que ocurría con la instrucción, basada en informes policiales, el magistrado parte de esta tesis para levantar todo su razonamiento. La supuesta celebración de 112 «ongi etorris» es, a juicio del togado, la primera prueba de cargo contra Herrira, llegando a afirmar que el colectivo es el que se encarga de «plafinicar, convocar y dar el soporte organizativo necesario a la celebración integral y homogénea de actos de enaltecimiento y ensalzamiento de los presos de ETA y su ideario». Posteriormente, el escrito judicial realiza un análisis sobre la organización interna de Herrira, tratando de presentar similitudes con los grupos ilegalizados en base a seguimientos policiales y a comparecencias públicas, tal y como admite reiteradamente en el texto.

La argumentación de Velasco supone, pese a decretar la libertad de 14 de los arrestados, mantener las tesis que criminalizan la labor de Herrira. De este modo, lo que introduce el juez es la caracterización delictiva de unas iniciativas públicas que, hasta el momento, se habían desarrollado incluso con el aval expreso de la Audiencia Nacional, como es el caso de la multitudinaria marcha celebrada el pasado 12 de enero en Bilbo.

«Acusaciones muy graves»

«Las acusaciones siguen siendo muy graves» recordaba, a media tarde, la abogada Onintza Ostolaza. Tampoco se pueden pasar por alto las diferencias de esta operación respecto a otras desarrolladas por la Guardia Civil. Se agotaron las 72 horas pero fueron en régimen comunicado. Esto permitió que los arrestados contasen con la asistencia de sus abogados de confianza. Tal y como ya se había avanzado, el trato fue «correcto». No obstante, detenidos como Eneko Ibarguren relataron haber permanecido con la luz encendida los tres días de detención. Además, los agentes (quienes se dirigían a ellos siempre encapuchados), les obligaron a permanecer durante largo rato esposados.

Tampoco se pueden pasar por alto las connotaciones políticas del operativo. Especialmente, la suspensión por dos años (un período que se aplica siempre en procedimientos de este tipo). Una medida que llega en un momento en el que el colectivo había demostrado su capacidad para aglutinar voluntades, lo que quedó en evidencia con la gran respuesta ciudadana contra los arrestos. Frenar esta labor parece ser el verdadero objetivo de la macrorredada.

«Levanta la cabeza», como maniobra de propaganda

Tras la irrupción de la Guardia Civil en la sede de Herrira de Hernani el pasado lunes quedó en evidencia que uno de los propósitos de la macrorredada era el propagandístico. Especialmente, tras comprobar cómo solo dos de los diez detenidos en aquel edificio salían por la puerta delantera, donde había un amplio espacio desde el que las cámaras podían tomar imágenes, mientras que el resto era trasladado a los furgones por la puerta trasera. Los dos arrestados, Jon Garai y Nagore García, habían aparecido en muchas ruedas de prensa ofrecidas por Herrira. Ayer, varios de los detenidos se refirieron al interés de los agentes por publicitar este arresto, con frases como «levanta la cabeza» para que los fotógrafos pudiesen tomar una instantánea que ilustró muchas de las informaciones acerca de la operación policial. También, a las menciones a frenar el paso, con el objetivo de que la imagen pudiese ser captada. No obstante, tras la imagen del lunes, ayer fue el turno de otra bien distinta. La de los arrestados saliendo de la Audiencia Nacional entre aplausos de familiares y amigos. Una imagen, la de la adhesión popular, que ha marcado la semana desde que el instituto armado desarrolló la operación.

Herrira interpela a París desde Baiona

Unas horas antes de que se conociera la puesta en libertad con cargos de sus compañeros, miembros de Herrira comparecieron en Baiona para denunciar con contundencia la operación jurídico-policial.

«Estamos indignados por esta operación, que es un ataque directo a las libertades fundamentales de expresión y asociación. Desde su creación, Herrira ha tenido un funcionamiento público, totalmente transparente, y su filosofía ha sido la de buscar el diálogo con todos los agentes de la sociedad vasca. Nuestro objetivo es claro: la defensa de los derechos de presos y refugiados políticos vascos. Es por ello que no damos ningún crédito a las mentiras y acusaciones lanzadas contra nuestros compañeros», subrayaron Emilie Martin y Garbiñe Eraso.

Basándose en «experiencias pasadas», comentaron que están preparándose «para cualquier eventualidad». «Aunque somos una asociación totalmente legal, es muy posible que la operación tenga repercusiones también en Ipar Euskal Herria», añadieron.

Criticaron a la diputada vasca del PS Colette Capdevielle por sus declaraciones evasivas al hilo de las detenciones, ya que se negó a «comentar las decisiones judiciales en base al principio de separación de poderes, especialmente cuando conciernen a España». Asimismo, arremetieron contra la ministra de Justicia, Christiane Taubira, «reunida el mismo lunes con su homólogo español para reforzar la `lucha antiterrorista'» e interpelaron directamente al Gobierno de París: «¿Cuándo dará el Estado francés un paso a favor del proceso de resolución en lugar de [darlo] en contra?».

Hicieron también un llamamiento a los agentes políticos y sociales de Ipar Euskal Herria a emular a quienes, el miércoles, manifestaron su compromiso públicamente en Bilbo y a participar en la manifestación del sábado en esa ciudad.

Etxerat, la indignación como fuerza

Decenas y decenas de allegados de presos se dieron cita ayer ante la sede de Herrira en Hernani, que fue asaltada el lunes por la Guardia Civil. «Estamos indignados, pero de esa indignación vamos a hacer fuerza, aliento y dignidad», explicaron los portavoces de Etxerat. Todavía no se conocía el destino que seguirían los 18 detenidos tras pasar ante el juez, pero el fondo de su mensaje no perdió validez, al indicar que, en estos momentos, el Gobierno español quiere «desautorizar la defensa de los derechos de presas y exiliados».

Animaron a acudir a la manifestación de mañana en Bilbo, así como a participar en los actos organizados para hoy con la caracterización de Ikerialdia.

En cuanto a las movilizaciones que se llevaron a cabo ayer, se reunieron 82 personas en Burlata; 90 en Txantrea; 26 en Arrosadia; 54 en Iturrama; 40 en Berriozar; alrededor de 500 en Arrasate; 140 en Eibar; Lazkao 80; 25 en Loiola; 45 en Zaldibia; 22 en Munitibar; y en Zornotza hicieron una caravana con 30 automóviles.






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