Les presentamos este interesante texto publicado en Deia:
Ramón Zallo | Catedrático de la UPV/EHU
El Sumario 35/02, llamado de las Herriko Tabernak, que se juzga en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional iniciará su vista oral mañana, 17 de octubre.
Se enjuicia a un grupo de cuarenta personas entre quienes se encuentran buena parte de quienes fueron dirigentes abertzales así como a responsables -taskeros- de las Herriko Tabernak, proveedores y gestoría. Solo faltan en el banquillo los clientes y txikiteros, pero debía ser mucho lío hacerlo. Se piden penas de prisión de entre 8 y 12 años.
Sin embargo, también se sustancia el estado de salud del sistema judicial mismo. Dejando aparte las jurisdicciones penal, civil y contenciosa para temas comunes, que operan con profesionalidad, se ha llegado a un descrédito social de esa parte del Sistema Judicial que, en base a su designación orgánica por cuotas partidistas, se funcionaliza respecto a las estrategias políticas en una doble vía de politización de la justicia y de judicialización de la política.
No olvidemos que una democracia de baja calidad por fuerza genera un sistema judicial problemático con la separación de poderes. Así nos encontramos con un Tribunal Constitucional que ya cercenó el Estatut catalán y tiene como presidente a un militante durmiente del PP; o una Audiencia Nacional como tribunal extraordinario que, salvo excepciones, aún sigue la doctrina Garzón; o tribunales que permiten que Galindo, reo de graves asesinatos, salga de la cárcel a los cuatro años, los mismos que lleva Otegi por opinar; o que la Fiscalía del Estado haya animado procesos que casi siempre quedan en nada, pero el mal ya se hizo con la instrucción.
Desde el punto de vista procesal, se trata de un caso penal soportado solo en sospechas, especulaciones e hipótesis ajenas a hechos que correspondan a tipos penales precisos, más allá de la conjetural "pertenencia o colaboración con banda armada", sin un solo hecho que lo acredite, sin pruebas y con relatos intencionados. Seguramente, los cursos de formación de los agentes de la Guardia Civil incluyan las series de televisión -¡qué daño está haciendo la tele!- y en el futuro podrían llegar a ser expertos guionistas en competencia con mis alumnas y alumnos.Una Justicia politizada, en lugar de demostrar un delito y penarlo, construye al delincuente, con base en un caladero social y político, en este caso la izquierda abertzale oficial para, a partir de ahí, pensar qué delito se le imputa.
Los razonamientos invertidos suelen dibujar un mundo al revés: llevan a la extrapolación ridícula, como acusar de formar parte de la financiación de ETA actividades ruinosas como editar un diario en euskera o servir txikitos en tabernas; implantan de hecho la Ley del Talión -a pesar de que se adopten formas de procedimientos tasados- que vulnera derechos fundamentales; y propenden a los macrosumarios, con acusaciones difusas de un Derecho Penal expansivo contra la parte abertzale de la sociedad civil, mediante red pelágica que no individualiza sino que todo lo atrapa, y que lleva a que se dilucide en tribunales lo que no se ha querido resolver en lo político. Es decir, se pone a la Justicia en situación de desacreditarse para salvar la inutilidad de unos partidos que no quieren canalizar democráticamente los problemas colectivos de fondo. Este sumario responde a una estrategia política de la que se hace formar parte a los tribunales.
En ese marco no creo ser un malpensado si el sumario 35/02 tiene, al menos, dos lecturas políticas añadidas:
En primer lugar, busca poner a la defensiva y absorta a la izquierda abertzale en la cuestión de presos y exiliados y continuar deslegitimándola para que no se abra el melón del cambio del marco jurídico-político, dificultando tanto la coincidencia del ejemplar caso catalán con el caso vasco en relación al modelo de Estado como, en el interior de Euskal Herria, la apertura del camino de los diálogos por el derecho a decidir. Con la operación contra Herrira, en cambio, cabe pensar que también es un aviso de ilegalización para el caso de ruidosas acogidas a excarcelados por la inminente derogación de la doctrina Parot.
En segundo lugar, pretende entretener y despistar a la opinión pública española, hoy preocupada por otras cosas, mostrando firmeza de Estado y reconstruyendo el imaginario del nacionalismo español más autoritario. Luego así salen fachas de debajo de la alfombra de la historia.
Pero, además, ese proceso interpela a la gestión del tiempo en los tribunales.
Es importante la idea del tiempo en tres sentidos: por el tiempo transcurrido cuando se inició el sumario (11 años); por la situación jurídica de los encausados en la época; y por la extemporánea presencia de un proceso en un tiempo político radicalmente distinto al de inicios de la década pasada.
En el primer sentido, ni qué decir tiene que son 11 años de indefensión, señalamiento, congelación de cuentas, limitación de movimientos, fianzas millonarias… Ya es una pena adelantada sobre un juicio no realizado y que podría terminar en absolución, en una situación completamente ajena a cualquier idea de justicia, y que está basada en un Derecho Penal del Enemigo, o sea en una causa general contra el pluralismo, en este caso contra toda una corriente social tenida por enemiga por el Estado. O sea, no es un proceso en el que se sustancien bienes jurídicos, sino en el que se saldan cuentas políticas.
En el segundo sentido, es importante también la cuestión del tiempo porque, en aquella época, aún eran legales las estructuras de las que se habla. Ello implica que la atribución de delito por pertenecer a ellas vulnera el principio de irretroactividad. Y más, cuando unos meses después -27/3/2003- se ilegalizaron los partidos políticos de la izquierda abertzale mayoritaria por aplicación de la entonces reciente Ley Orgánica de Partidos Políticos y no trajo consigo actuaciones penales contra sus miembros.
En el tercer sentido, hay un desfase radical entre las épocas políticas de la instrucción y del juicio. Hay que recordar que se empezó a incoar en 2002, en un tiempo político negro que era otro tiempo social: la economía de las burbujas múltiples iba viento en popa; gobernaba el Aznar más duro; ETA mataba a cinco personas aquel año; el Estado no estaba en crisis; se abrieron procesos de ilegalización de todas las estructuras de la izquierda abertzale histórica; unos meses después, en febrero de 2003, se cerraba Egunkaria y ocho años después, en la sentencia, el Juez Bermúdez criticaba duramente una instrucción sustentada solo en informes policiales carentes de imparcialidad y objetividad.
¡Ah! Y oficiaba de juez estrella Baltasar Garzón, fabricante de la teoría de "todo es ETA", el elixir que pacificaría Euskal Herria y que Mayor Oreja utilizó para criminalizar a todos los nacionalismos como actores, inductores, colaboradores, cómplices o, simplemente, culpables de silencio; o sea, por no pensar como el PP, y que llevó incluso a Ibarretxe y López a los juzgados.
En el principio, el verbo se hizo Garzón, quien, mientras fue útil, encandiló a los aparatos de Estado con su silogismo de parvulario que venía a decir que "si ETA es de izquierda abertzale; toda la izquierda abertzale es ETA; y toda actividad abertzale es actividad al servicio de ETA".
El hallazgo del juez (progresista en otras áreas) sirvió para cargar la munición involucionista del Estado mientras el insigne hoy exmagistrado miraba para otro lado, sin investigar, cuando las cuerdas de detenidos que denunciaban torturas pasaban por su despacho.
A Garzón le pasa como a las personas mayores. Quiere recuperar la memoria lejana del franquismo -¡bienvenida sea!- y sin embargo es amnésico respecto al tiempo más reciente en el que fue nefasto protagonista. ¡Un lavado de cara en el túnel del tiempo!
Pero hoy estamos en 2013. En otro tiempo radicalmente distinto. Sortu está legalizada; Bildu es segunda fuerza del Parlamento Vasco; la propia izquierda aberzale es la que ha forzado el cese definitivo de la lucha armada de ETA, poniéndole a las puertas de su disolución; la economía esta en crisis total; hay crisis de régimen en varios planos como son la institución monárquica, el desafío catalán al estado centralista y el desapego ciudadano respecto a los partidos mayoritarios y a un Estado del Medioestar que camina hacia el Estado del Malestar; y es notorio el descrédito de las élites financieras y políticas.
En Euskal Herria hay un deseo social casi unánime de pasar página, eso sí, como decía el escritor Sánchez Ostiz, después de haberla escrito y de mirarnos en el espejo, porque ya ha habido demasiadas amnesias.
Aquí chocan el formalista "imperio de la ley" de un aparato de Estado encastillado y soberbio, y el imperio del sentido de la convivencia y del servicio a la ciudadanía de un Estado de Derecho normal.
Para facilitar el tránsito de una sociedad con violencias a otra sin ellas, se requiere una "justicia transicional" tanto en el campo judicial como fuera. Buscaría casar objetivos distintos, como son la seguridad jurídica y un nuevo tiempo político en convivencia, sin que deban maniatarle normas interpretables, destinadas -por aberrantes- a ser cambiadas.
Podrían ser componentes de la misma: la consolidación de una paz definitiva e integradora; promover los derechos humanos en todas las direcciones; la reforma institucional democrática de normas obsoletas y poderes mal utilizados; las reparaciones simbólicas y materiales a todas las víctimas; una comisión de la verdad…
Pero el 35/02 nos devuelve a la dura realidad. No se ha iniciado aún ese camino y en el que todavía transitamos pierden la Justicia, los enjuiciados y la ciudadanía.
Que sirvan la última ronda y nos vamos.
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